El diputado bonaerense Manuel Passaglia presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes circulen en motos con caños de escape adulterados, libres o no homologados. La iniciativa —que apunta a combatir una de las principales fuentes de ruidos molestos en la provincia— propone, en los casos más graves, la compactación de los vehículos en infracción, además del decomiso y destrucción inmediata de los escapes ilegales.
El proyecto surge como respuesta a un reclamo creciente de los vecinos: la proliferación de escapes libres y modificados, que generan contaminación sonora en centros urbanos y afectan la calidad de vida, el descanso y la salud pública.
“Este proyecto tiene un objetivo muy claro: combatir los ruidos molestos que hoy son uno de los principales reclamos de los vecinos. No estamos hablando de algo menor. El ruido constante de escapes libres afecta el descanso, altera la salud y rompe la convivencia diaria”, señaló el ex intendente de San Nicolás de los Arroyos entre los fundamentos de la iniciativa.
La propuesta incluye la prohibición no solo de la circulación de vehículos con escapes antirreglamentarios, sino también de toda la cadena de fabricación, comercialización, distribución, instalación y colocación de estos dispositivos, según se desprende de los artículos 4 y 5 del texto presentado. Se crea también un registro provincial de comercios y talleres habilitados para escapes de competición, con el objetivo de trazar y fiscalizar el destino de estos componentes.
El proyecto establece que ante la constatación de una infracción, la autoridad de aplicación podrá disponer el secuestro preventivo del vehículo y del escape ilegal, así como la retención de la licencia de conducir. Si la gravedad de la conducta lo amerita —por ejemplo, cuando se circule con escapes adulterados en zonas densamente pobladas, cercanías a escuelas, hospitales o eventos públicos— el juez administrativo podrá ordenar la compactación del vehículo, incluso sin necesidad de reincidencia previa.
“No solo sancionar, sino eliminar el problema. El escape ilegal se decomisa y se destruye. Y en los casos que el juez lo considere, también puede disponerse la compactación de la moto”, remarcó Passaglia.
La iniciativa establece multas que van de 300 a 1.000 unidades fijas para los usuarios y de 1.500 a 5.000 unidades fijas para quienes fabriquen, vendan o instalen escapes no homologados. Al día de hoy, cada Unidad Fija en la provincia equivale a $1.896.
También contempla la inhabilitación para conducir de 3 meses a 1 año y, para los comercios infractores, la clausura preventiva, temporaria o definitiva en caso de reincidencia grave.
El proyecto incorpora garantías de debido proceso: todo infractor tendrá derecho a un descargo, resolución fundada y revisión administrativa y judicial. Además, invita a los municipios bonaerenses a adherir y dictar normas complementarias dentro de sus competencias.
Passaglia argumentó que el actual esquema de multas es insuficiente para desalentar conductas deliberadas que buscan generar ruido y molestar. “Durante mucho tiempo se intentó resolver esto con multas, pero la realidad es que no funcionó. Hay conductas que son deliberadas, que buscan generar ruido y molestar. Frente a eso, el Estado tiene que dar una respuesta más firme”, afirmó el legislador.
En un video publicado en sus redes sociales, Passaglia enfatizó: “Vamos a presentar un proyecto para que, en toda la provincia de Buenos Aires, al que se tomó el trabajo de gastarse 150 mil pesos en ponerlo en su moto y salir a la madrugada a hacer ruido mientras vos y tu familia están durmiendo, cuando lo agarren, le compacten la moto, como estamos haciendo acá”. El mensaje está acompañado por imágenes de una máquina pasando por encima de varios vehículos.
Entre los criterios para la compactación se destacan la gravedad de la alteración, el nivel de emisión sonora, la intencionalidad, la afectación a la convivencia urbana y la ubicación del hecho.
La compactación se plantea como sanción accesoria, no indemnizable, fundada en el uso del vehículo como instrumento de la infracción.
El texto legal fundamenta la medida en la protección de la salud pública y el ambiente, la preservación de la tranquilidad y la convivencia urbana, y el fortalecimiento de la fiscalización estatal. “El ruido excesivo constituye una forma de contaminación ambiental que el Estado tiene el deber de prevenir y controlar”, se señala en los fundamentos del proyecto.
La propuesta será debatida en comisiones y, de avanzar, modificará el actual esquema normativo provincial, que se limita a la imposición de multas y no contempla la compactación de vehículos como sanción. La expectativa es que la medida logre un cambio de conducta en los usuarios y un mayor control sobre el mercado de escapes ilegales, contribuyendo a una mejor calidad de vida en las ciudades bonaerenses.
