El femicidio de Agostina Vega generó conmoción en todo el país. Dentro de la Municipalidad de Córdoba, también provocó revuelos: Claudio Barrelier, el principal sospechoso del crimen de la adolescente de 14 años, trabajaba en el área de tránsito. Su incorporación al organismo había sido gestionada por el hasta hace horas concejal Ricardo Moreno, quien además lo había defendido en 2025 en una causa por privación ilegítima de la libertad.
Por estas circunstancias, Daniel Passerini, el intendente de la ciudad de Córdoba, reconoció los errores cometidos en la administración para que Barrelier llegue al puesto.
“Lo primero que hay que admitir y reconocer es que el sistema de controles falló, la Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable, me tengo que hacer cargo y tomar decisiones”, afirmó durante una entrevista con El Doce TV.
“No puedo ponerme a opinar o tapar algo que ocurrió y que es muy grave. He tomado decisiones que tienen que ver con lo político y con lo institucional. He pedido la renuncia de funcionarios y estoy haciendo un montón de medidas”, agregó en sintonía con la autocrítica de su administración.
Luego, planteó: “Desde que ocurrió esta tragedia que nos tiene muy mal, tristes y angustiados, muchas de las cosas colaterales tienen que ver con la Municipalidad. Ya recibí más de 200 mensajes de que tengo tipos en tal área que están con una condena y están trabajando. Ante todas las denuncias, lo que hago es pedir los datos”.
A raíz de esto, una de las medidas que tomó Passerini en los últimos días tras el femicidio de Agostina Vega fue una modificación en el control de antecedentes penales y la realización de un narcotest a la totalidad del personal municipal.
El proyecto de ordenanza que se presentará en la próxima sesión del Concejo Deliberante busca extender las verificaciones, que hasta el momento solo alcanzaban a los funcionarios de la administración, a nuevos ámbitos.
Según confirmó en la misma entrevista con El Doce TV, los empleados del municipio cordobés, hasta ahora, deben presentar un carnet de antecedentes penales cada 4 años. Pero, cuando el nuevo proyecto se comience a aplicar, deberán presentarlo cada 6 meses. Además, se suma la realización del narcotest. “No es discriminatorio, en caso de que un funcionario tenga problemas de consumo, se le ofrecerán las posibilidades de tratamiento”, detalló.
En cuanto al concejal Moreno, el municipio también tomó cartas en el asunto. Su banca ya había tenido un origen peculiar: tres personas que lo precedían en la lista electoral pidieron licencia tras un llamado del intendente Passerini, quien las incorporó como funcionarias de su gobierno.
Moreno no solo había gestionado el empleo de Barrelier en la Municipalidad, sino que, según trascendió, personas de su círculo familiar y profesional mantenían vínculos con la defensa del acusado. Ante ese panorama, Passerini le demandó la renuncia al concejal. Moreno la rechazó.
Frente a esa negativa, el Partido Justicialista (PJ) cordobés debió apelar a una maniobra alternativa para sacarlo de su banca. Raúl La Cava, quien había pedido licencia al cuerpo legislativo para asumir como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Departamento Ejecutivo Municipal, remitió una carta al viceintendente Javier Pretto en la que anunció su regreso al Concejo.
Con ese movimiento, Moreno perdió de forma automática su lugar en la legislatura, al que había accedido precisamente por la ausencia de La Cava y de las otras dos personas que también solicitaron licencia tras ser convocadas por el intendente como funcionarios.
La carta de La Cava anunció que retomaría sus funciones legislativas el jueves 4 de junio, fecha en la que también presentaría su renuncia al cargo ejecutivo.
