La designación de las comisiones en el Senado bonaerense actualizó otro capítulo de la interna dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires y puso a la oposición en pie de guerra para empujar su agenda legislativa. La vicegobernadora, Verónica Magario, oficializó la integración de todas las comisiones —con excepción de la de Reforma Política y Régimen Electoral, que sigue en discusión— por donde deben discutirse y acordarse los proyectos de ley a tratarse luego en el recinto. Con dos meses de delay, la Cámara alta provincial empieza a salir del letargo legislativo. La novedad es que en el decreto firmado por Magario aparecen quienes integrarán las comisiones y el orden de los nombres sugiere que serán los lugares que ocuparán, poniendo a la presidencia de cada comisión al tope de cada columna. Pero el kirchnerismo ya avisó que no es así y que discutirá ese ordenamiento.
Allí hay algunas particularidades. Si bien el peronismo tendrá mayoría en las principales comisiones como Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Legislación General, Presupuesto e Impuesto, los cortocircuitos asoman sobre quién presidirá estos ámbitos. Una discusión que se circunscribe a la interna del PJ. A saber: hasta el año pasado, el kirchnerismo presidía la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA). Era el senador camporista Emmanuel González Santalla quien llevaba las riendas de ACA. En el decreto oficializado por Magario, quien aparece al tope de los nombres para esa comisión es la senadora Malena Galmarini, que forma parte del Frente Renovador. Santalla sí está en la comisión, pero en el listado difundido por Magario figura en el tercer lugar. Desde el cristinismo se encargaron de remarcar que el decreto no establece cómo será la distribución de cargos dentro de cada comisión, sino que eso lo definirán los propios legisladores mediante el voto. En rigor, así se establece en el artículo 157 del reglamento interno.
Ahora, La Cámpora buscará sostener la presidencia de Asuntos Constitucionales. Algo que el sector del gobernador Axel Kicillof no aceptaba, aduciendo que el sector de Máximo Kirchner ya ostentaba el control del Ministerio de Justicia bajo la figura de Juan Martín Mena. De allí deben salir parte de los acuerdos para la designación de jueces y fiscales bonaerenses y, en el punto de mayor relevancia, también es uno de los filtros para cubrir las vacancias en la Corte de Justicia, si es que Kicillof decide adentrarse en esa negociación. Actualmente, como dio cuenta Infobae, la relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo no pasa su mejor momento.
El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) se quedaría con la presidencia de otra comisión importante, la de Legislación General. Es una de las paradas obligadas de cualquier expediente de peso que quiera discutirse en el recinto. Según la disposición del decreto firmado por Magario, quedaría para el senador Germán Lago, que responde directamente a la vicegobernadora y forma parte del esquema de Kicillof en el Senado. En el esquema difundido por la presidenta de la Cámara alta, La Cámpora quedaría con la presidencia de Presupuesto e Impuesto: el nombre es el de Santalla, desplazando al peronista Marcelo Feliú. Pero, en rigor, al kirchnerismo no le interesa demasiado esa botonera. La Cámpora va a presidir algunas comisiones desde donde impondrá su agenda. Ejemplo: De no haber modificaciones, la comisión de Derechos Humanos y Garantías estará conducida por Amira Curi, una legisladora que responde a Máximo Kirchner. Desplazó a la kicillofista Ayelén Durán. Desde allí también impulsarán pronunciamientos por la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner.
En Legislación General, la oposición buscará imponer parte de su agenda. La integran por la oposición Marcelo Leguizamón (Hechos-UCR Identidad), Guillermo Montenegro (PRO), Carlos Curestis (La Libertad Avanza), Gonzalo Cabezas (La Libertad Avanza) y Carlos Kikuchi (Unión y Libertad). Montenegro, por caso, intentará desde allí avanzar con la adecuación de la provincia de Buenos Aires al nuevo Régimen Penal Juvenil, votado en los primeros meses del año en el Congreso de la Nación.
Para ello, días atrás presentó un proyecto de ley en el que la modificación central es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, alineándose con la Ley Nacional 27.801, que entrará en vigencia en septiembre. Según se explica en el texto elevado por el intendente en uso de licencia de General Pueyrredón, el régimen será aplicable para adolescentes desde los catorce y hasta los dieciocho años, únicamente en relación con delitos tipificados en el Código Penal o leyes especiales. El texto enfatiza, sin embargo, que la finalidad es fomentar el sentido de responsabilidad legal, la educación y la resocialización de los y las jóvenes, evitando que la sanción se oriente exclusivamente a la punición. Entre los fundamentos se aclara que “la reforma propuesta no implica la derogación total de la Ley 13.634, sino su reconfiguración funcional mediante la sustitución e incorporación de artículos, respetando su estructura y numeración original”. Además, plantea que “esta técnica legislativa permite mantener la estabilidad normativa y facilitar la transición institucional, evitando vacíos legales o interpretaciones contradictorias”. Será uno de los temas que la oposición buscará poner sobre la mesa.
Otro tema en donde la oposición intentará hacer pie son los cambios en el sistema electoral. El peronismo, en sus distintas vertientes, también tiene interés allí. Por eso, la comisión que no se conformó es la de Reforma Política y Régimen Electoral.
La Libertad Avanza intentará primeramente quedarse con el control de esa comisión que, tradicionalmente, siempre fue para la oposición. Hasta el año pasado la presidía la radical Nerina Neumann. Hoy, con un unibloque, las chances de la legisladora de retener el control de dicha comisión son prácticamente nulas. Desde el bloque mileista remarcaron a este medio que lo decretado por Magario no alcanza a la comisión de Reforma Política y Régimen Electoral y que están en conversaciones para que la oposición siga al frente de ese ámbito. Tanto LLA como el PRO, la UCR y hasta el bloque Hechos buscarán presionar por la instauración de la Boleta Única de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires. Cobrará cierta relevancia el accionar de esa comisión para discutir el tema.
Pero para Kicillof también será un puerto donde amarrar parte de su estrategia electoral hacia las elecciones del año que viene. Desde la eventual discusión de un proyecto para modificar la ley de reelecciones indefinidas —como quieren algunos intendentes del peronismo, pero también del radicalismo— hasta el visto bueno o el rechazo del uso de la BUP para las elecciones del año que viene están en el radar de Reforma Política. “Seguimos negociando, nada está cerrado”, planteó un legislador opositor que forma parte de las conversaciones y se ilusiona con que esa comisión no quede para el peronismo; que además no tiene una posición homogénea en casi ninguna discusión. En la Cámara de Diputados bonaerense, las comisiones aún siguen sin oficializarse.
