El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, se reunieron este viernes con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en Ushuaia, al comienzo de su visita a la Base Naval Integrada. El encuentro, al que también asistió la vicegobernadora Mónica Urquiza, reunió por primera vez en un mismo escenario a funcionarios del gobierno nacional y a las dos máximas autoridades provinciales en torno a un proyecto de infraestructura estratégica que lleva más de cuatro décadas de impulso desde la provincia.
El dato cobra peso si se considera que la relación entre la administración del presidente Javier Milei y la gestión de Melella no ha sido particularmente fluida a lo largo de estos casi tres años. Sin embargo, la Base Naval Integrada operó como punto de convergencia: tanto el gobierno nacional como el provincial la sostienen como una necesidad para el posicionamiento de Argentina en el Atlántico Sur. Esa coincidencia quedó expresada sin ambigüedades en las palabras del propio gobernador.
“Argentina tiene que asumir un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y sostener decisiones concretas para defender nuestra soberanía”, escribió Melella en su cuenta de X tras recibir a la comitiva. En el mismo mensaje, el mandatario fueguino subrayó que Tierra del Fuego ocupa “un lugar geopolítico único” por su proximidad a Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur.
Además, destacó que la base es “una necesidad que Tierra del Fuego viene impulsando desde hace más de 40 años, junto al desarrollo del Polo Logístico Antártico”.
La presencia de Urquiza en el encuentro añade otra dimensión al cuadro. La vicegobernadora integró en junio pasado la delegación argentina en la sesión anual del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24), instancia en la que el país obtuvo un respaldo amplio de la comunidad internacional en la Causa Malvinas. Su participación en la reunión con Quirno y Presti traza una continuidad entre la acción diplomática multilateral y el desarrollo de capacidades en el territorio más austral del país.
La visita se enmarca en un proceso de reactivación del proyecto luego de que las obras, iniciadas en 2022, fueran pausadas durante el primer año de la administración libertaria. La semana previa al viaje, el Poder Ejecutivo reasignó USD 142 millones al proyecto mediante una modificación publicada en el Boletín Oficial. Esa partida, sin embargo, representa cerca del 30% del costo total estimado, que oscila entre USD 400 y USD 500 millones. El financiamiento restante deberá definirse, en parte, en el Presupuesto 2027, cuya presentación estaba prevista para los días siguientes a la visita. Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que la base figure entre los proyectos priorizados en ese instrumento, junto a la Base Conjunta Antártica Petrel.
La agenda del día incluyó una orientación sobre la estrategia argentina en el Atlántico Sur, Malvinas y la proyección hacia la Antártida, seguida de una recorrida por el predio donde se construirá la infraestructura. Responsables técnicos expusieron sobre el estado del proyecto, sus componentes principales y los desafíos para su ejecución. La comitiva que llegó a Ushuaia en un Embraer RJ de la Fuerza Aérea incluyó al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante Marcelo Dalle Nogare; al jefe del Estado Mayor General de la Armada, el almirante Juan Carlos Romay; y a los legisladores nacionales de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego: los diputados Miguel Rodríguez y Santiago Pauli, y los senadores Agustín Coto y Belén Monte de Oca.
El carácter del proyecto fue precisado por el vocero presidencial Adrián Ravier antes del viaje: “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”.
La confluencia entre defensa y diplomacia que busca transmitir la visita se apoya también en una serie de medidas adoptadas en los días previos: el gobierno anunció sanciones contra otras 15 empresas internacionales acusadas de operar sin autorización en las islas, sumadas a las notificaciones emitidas durante el fin de semana anterior contra 45 personas humanas y jurídicas.
En ese frente judicial, Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentaron una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas a actividades extractivas en el archipiélago: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. La acción alcanza a directores, gerentes, administradores y representantes de esas firmas que hubieran intervenido en los hechos investigados. La posición oficial quedó plasmada en un comunicado: “La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”.
En paralelo, el Ejecutivo avanza con un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que será presentado en la Cámara de Diputados en los próximos días. La iniciativa propone endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 para empresas y proveedores que operen sin autorización argentina en Malvinas, incorporar la posibilidad de juicio en ausencia y crear un Consejo de Seguridad Nacional que integre a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, con herramientas económicas y diplomáticas especiales para responder ante amenazas de actores estatales o no estatales. La presentación de ese proyecto en el Congreso estaba prevista para la semana posterior a la visita a Ushuaia.
