El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, presentó formalmente este miércoles la reforma del régimen de Inocencia Fiscal que el oficialismo impulsará en el Congreso a partir de agosto con el objetivo de formalizar parte de los USD 170.000 millones de los argentinos que permanecen fuera del circuito legal. Desde la oposición comenzaron a analizar el primer borrador del proyecto y denunciaron que busca premiar a los evasores. Sin embargo, la principal crítica es que los funcionarios públicos puedan adherir al régimen, especialmente tras el escandaloso episodio de Manuel Adorni.
Si bien el Gobierno aprobó la versión vigente del régimen de Inocencia Fiscal apenas en diciembre pasado, ahora buscará hacerle modificaciones porque no cumplió con las expectativas. Expertos tributaristas y asociaciones de contadores señalaron que la ley original expone a los contribuyentes ante un eventual cambio de gestión en 2027. Por eso, el equipo económico trabajó en una serie de modificaciones que apuntan a ampliar el universo de beneficiarios y, al mismo tiempo, otorgar mayores garantías a quienes decidan regularizar su situación patrimonial.
Según Caputo, “el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada”. “Lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión y la contracara es el ahorro que está, pero abajo de los colchones. Lo que nosotros necesitamos es que se vuelque al mercado financiero”, explicó el ministro de Economía. No obstante, Caputo no hizo ninguna mención a las tensiones que puede haber por las adhesiones de funcionarios al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) como el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas.
Entre otros puntos, el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal eliminará los topes de ingresos y patrimonio que en la versión anterior se habían fijado en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente permitiendo así la inclusión de un universo más amplio de personas físicas y jurídicas. Otro aspecto clave es la definición de “discrepancia significativa”, un punto central en la interpretación del alcance del blanqueo y sus efectos tributarios.
La posibilidad de que los funcionarios, sus familiares directos u otras personas políticamente expuestas puedan adherir al Régimen Simplificado de Ganancias en el marco del régimen de Inocencia Fiscal se convirtió en el principal blanco de las críticas de la oposición.
“La nueva ley de “Inocencia fiscal” beneficia a funcionarios y políticos. Otra ley hecha a medida. No solo premian a los grandes evasores, ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública. Los que venían a convertir la moral en política de Estado son, en realidad, profundamente amorales”, planteó Agustín Rossi (Unión por la Patria) en sus redes sociales.
En la misma línea, el diputado Eduardo Valdés argumentó que “quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales, no a menos”. En ese sentido, presentó un proyecto de ley para excluir expresamente a los funcionarios públicos y a las personas políticamente expuestas del régimen de Inocencia Fiscal, al considerar que su aplicación a quienes ejercen funciones públicas resulta incompatible con los principios de transparencia, ética pública y prevención de la corrupción.
Valdés también recordó que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establecen que las Personas Políticamente Expuestas deben estar sometidas a controles reforzados por el mayor riesgo de corrupción asociado al ejercicio de funciones públicas.
Por otro lado, el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, también cuestionó la inclusión de funcionarios públicos. “La primera Inocencia Fiscal la metieron por la ventana en la madrugada del 18 de diciembre. En el recinto pedimos excluir a los funcionarios, pero no quisieron. ¿Qué pasó después? La usaron Adorni, Francos, Sturzenegger, Felipe Núñez y Espert. ¿Creen que el gobierno recapacitó? No. La “Inocencia Fiscal 2” sigue abierta para ellos. La doctrina Adorni sigue vigente: no declarar y evadir todo lo que se pueda”, dijo.
Su compañero de bloque, Esteba Paulón, también presentó un proyecto para excluir a los funcionarios de los beneficios del régimen. “La ley no puede ser un salvavidas para los poderosos”, sintetizó.
En diciembre, cuando se aprobó la primera versión de la Inocencia Fiscal, el oficialismo llegó a los 130 votos gracias al apoyo del PRO, la UCR, el MID, los peronistas tucumanos de Independencia, los salteños y misioneros de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los peronistas catamarqueños de Elijo Catamarca, un diputado de Por Santa Cruz. Un esquema de alianzas que ha logrado sostener a los largo del año en la mayoría de las votaciones importantes.
