El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, firmaron un convenio para que la provincia gestione más de 165 kilómetros de las rutas nacionales 40, 231 y 242, y para avanzar en la finalización de la Circunvalación de Villa La Angostura. Mientras tanto, un conflicto mapuche sigue abierto y complica el inicio de las obras.
En un segundo acuerdo, ambas partes se comprometieron a gestionar lo necesario para terminar las tareas pendientes de la avenida sobre la Ruta 40. El compromiso se instrumentará mediante convenios tripartitos entre Vialidad Nacional, la Provincia y la empresa contratista, que fijarán las condiciones de la cesión de la posición contractual a Neuquén, el régimen de financiamiento y las responsabilidades de cada parte.
Según el intendente Javier Murer, la obra registra cerca de un 82% de avance, aunque restan trabajos para completar y habilitar la nueva traza. La construcción está parada desde 2023. El proyecto, de 6,1 kilómetros, busca desviar el tránsito pesado del casco urbano, mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en una localidad turística con fuerte tránsito de cargas hacia el paso Cardenal Samoré.
El conflicto territorial que frenó la obra
El traspaso no resuelve el principal motivo de la paralización. En 2015, familias que dijeron pertenecer a la comunidad Paichil Antriao se instalaron en un sector de la traza y lo plantearon como un acto de recuperación territorial. En 2017, Vialidad Nacional demandó su desalojo en el Juzgado Federal de Zapala. Cuando los trabajos comenzaron, en marzo de 2017, en la zona residían siete familias.
La comunidad reclamó que Vialidad cumpla con la consulta previa que prevé la normativa vigente. Su werken, Lorenzo Loncón, cuestionó además que el Estado no haya concluido el relevamiento territorial indígena. En enero de 2023, la comunidad bloqueó la salida de máquinas para exigir al INAI que completara ese relevamiento.
En diciembre de 2025, el Juzgado Federal de Zapala dio por cerrada la etapa de prueba, tras una inspección ocular de Gendarmería en la zona de El Álamo, y quedó en condiciones de dictar sentencia. La inspección constató más de veinte viviendas en el sector. La comunidad rechazó el desalojo y sostuvo que las familias ocupan un territorio ancestral con posesión efectiva y derechos amparados por la Constitución y los tratados internacionales. A la fecha, el fallo no fue dictado.
Fuentes del caso confirmaron que hay un posible entendimiento para relocalizar a diecisiete familias que residen en la traza.
Vecinos de la localidad aseguran que las familias se instalaron cuando se enteraron de que pasaría la ruta, para generar un conflicto y ser resarcidas. El proyecto para la ejecución de la obra comenzó a fines de 2008 y el Ministerio de Planificación la licitó en 2012. Sin embargo, la idea inicial de su concreción data de 1978.
La comunidad sostuvo que Vialidad no cumplió con la consulta previa obligatoria y un amparo presentado ante la Justicia Federal ordenó frenar el desalojo.
La disputa con la comunidad mapuche tuvo además episodios de violencia. En octubre de 2022, dos encapuchados armados amenazaron al sereno del obrador de la UTE Codi-Conevial e incendiaron cuatro máquinas viales a la altura del segundo puente de la traza. En el lugar se hallaron folletos con el logo de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que se adjudicó el ataque.
Las interrupciones fueron reiteradas y paralizaron la obra durante varios años.
Otros conflictos de la comunidad en Villa La Angostura
La misma comunidad mantiene otros conflictos territoriales en la misma localidad cordillerana, algunos con privados y otros con el Estado, como la usurpación del camping El Correntoso –propiedad del municipio local– que aún no fue resuelto.
Otro de los conflictos lo mantiene con el ex jugador de la NBA Manu Ginóbili, quien en 2004 adquirió una fracción para la construcción de un complejo turístico en el cerro Belvedere. En octubre de 2025, la justicia civil de Villa La Angostura reconoció como titular registral de un lote de 13 hectáreas sobre el cerro Belvedere y ordenó a la comunidad restituirlo. La comunidad cuestionó la sentencia y sostiene que se trata de territorio ancestral, aunque el caso por ahora tampoco tuvo resolución definitiva.
