“Este 22 realizaremos cortes en rutas, puentes y accesos de todo el país rechazando la política criminal de este Gobierno nacional que le quita el salario del Programa Volver al Trabajo a los trabajadores más humildes. Más 930.000 personas se quedan sin su salario y eso es muy grave. Esa plata que le sacan a los humildes es plata que va a dejar de girar en los circuitos comerciales de cercanía. Por ende, no solo es un golpe al bolsillo de los trabajadores, sino que es un golpe terrible para las economías locales como verdulerías, kioscos de barrio, almacenes”. La que anuncia el plan de lucha que comenzará este miércoles es Johana Duarte, secretaria gremial de Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la agrupación gremial que concentra a casi dos millones de personas que forman parte de la mano de obra informal que se dedican a changas, trabajos domésticos, acompañamiento de personas mayores, agricultores, cartoneros, entre otras actividades.
Los puntos elegidos para las protestas y los horarios se decidirán la noche anterior y no serán anunciados para evitar que la Policía se anticipe y despliegue un cerco perimetral o les impida llegar a los lugares que en otras oportunidades fueron, por ejemplo, los puentes Saavedra, Pueyrredón, General Paz y Juan Manuel de Rosas; Panamericana y Ruta 197, la Autopista Buenos Aires-La Plata, entre otros puntos de ingresos a la Ciudad de Buenos Aires.
La medida forma parte de un extenso cronograma que desembocará en una “Marcha Federal” que finalizará frente a la Casa Rosada y un paro general, instancia que la CGT aún no anunció oficialmente.
Estas acciones estarán precedidas -junto a sectores sindicales- con la peregrinación del 7 de agosto, en celebración del día del patrono del trabajo que partirá desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, tal como sucede desde la primera marcha histórica de “Los Cayetanos”, que tuvo lugar ese mismo día, pero de 2016.
La movilización fue catalogada como “histórica”. Fue en reclamo durante el gobierno de Mauricio Macri. En esa oportunidad, casi medio millón de personas marcharon de 16 kilómetros en reclamo de “paz, pan tierra techo y trabajo”. Una consigna que tres años después, y a fuerza de protestas, se materializó en la Ley de “Emergencia Alimentaria”.
Los dirigentes de los movimientos sociales nucleados en la UTEP, que tiene como secretario general Alejandro Gramajo, aspiran a que mañana las concentraciones en los puntos de bloqueo sean numerosas. El objetivo es doble: evitar la acción directa de las fuerzas de seguridad que intentarán desalojarlos y, en segundo lugar y quizás hasta más importante, demostrarle al gobierno de Javier Milei que aún conservan poder de convocatoria y ascendencia entre los sectores que representan.
Uno de los logros que La Libertad Avanza se ufana de haber conseguido es el de haber inactivado las marchas y piquetes semanales sobre la Avenida 9 de Julio, en el centro porteño, el Obelisco y zonas aledañas.
El protocolo antipiquetes implementado desde el Ministerio de Seguridad, en época de Patricia Bullrich, y que Alejandra Monteoliva hace cumplir a rajatablas tuvo mucho que ver con el desaliento de los cortes de calles. Hasta los jubilados son obligados a abandonar la calzada cada miércoles de protesta frente al Congreso de la Nación.
La decisión del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, de suprimir programas como el Potenciar Trabajo -sobre el cual tenían injerencia los dirigentes sociales- y transformarlos en otros, como el Volver a Trabajar, que acaba de eliminar; y quitarle el manejo de la ayuda alimentaria estatal que realizaban los movimientos populares como el Evita, Barrios de Pie, el Polo Obrero y entre otros, el Frente Popular Darío Santillán, tuvieron impacto sobre la concurrencia a las marchas y convocatorias.
Desde los espacios que integran la UTEP, devalúan esa visión con otras observaciones: “La gente ya no aguanta la represión policial y muchos no tienen ni para el pasaje”.
Los funcionarios de la ministra anticiparon que si los piqueteros cortan accesos de injerencia federal “van a ser desalojados”. Y recuerdan: “Como siempre se va a cumplir con el protocolo antipiquetes”.
En diálogo con este medio, Duarte insistió en que dejar casi a un millón de personas sin la percepción de los $78.000 mensual del programa Volver a Trabajar “es un llamado de atención urgente también a gobernadores e intendentes que si no denuncian este ajuste la crisis les va a explotar a ellos también en cada territorio donde no van a poder hacer frente al impacto que se genera al quitar este circulante de dinero en las economías regionales”. Por esa razón, opinó: “Si no hay salario para los más humildes no van a haber paz social para ningún gobierno”.
El Gobierno ya anunció su decisión de no dar marcha atrás con la medida, que fue avalada por la Cámara Federal de San Martín, que hace dos semanas, revocó la medida cautelar dictada en primera instancia y que obligaba al Ministerio de Capital Humano, a mantener el programa “Volver al Trabajo”, lo que habilitó el cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto. El fallo le permite al Gobierno nacional materializar lo que ya anunció Sandra Pettovello: reemplazar ese sistema de asistencia por un sistema de vouchers de capacitación laboral.
Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, también opinó sobre la determinación de la Casa Rosada: “El Gobierno sigue avanzando alevosamente, pisoteando la vida de jubilados, personas con discapacidad, estudiantes, trabajadores”. Además, consideró: “El modelo político de La Libertad Avanza muestra su cara más cruda. Mientras los funcionarios se enriquecen, Milei celebra un equilibrio fiscal ficticio y una inflación apaciguada por el derrumbe del consumo de las mayorías y las importaciones indiscriminadas”.
Las protestas del miércoles 22 están precedidas por la “Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: ‘De Francisco a León XIV en tiempos de polarización’”, que se realizó el sábado en las instalaciones del Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole, en el municipio de Almirante Brown.
De la jornada de reflexión y diálogo sobre “los desafíos y oportunidades que plantean las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial, poniendo en el centro la dignidad humana, la inclusión y la búsqueda del bien común”, participaron las Pastorales Sociales de los 12 obispados de la zona Metropolitana de Buenos Aires; Mariano Cascallares , vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; Monseñor Jorge Lugones, Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora y Monseñor Carlos José Tissera, obispo de la Diócesis de Quilmes y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Entre otros, también estuvieron presentes, la vicegobernadora Verónica Magario y el jefe de Gabinete Carlos Bianco.
Al finalizar la jornada, la Region Buenos Aires de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer un “mensaje final” de dos carilla en la que sostiene: “Nuestra región metropolitana y nuestra Patria se encuentra afectada por un profundo proceso de polarización que no nos permite construir una identidad común, donde se priorizan intereses sectoriales: esto ha generado una sociedad fragmentada y dividida, existiendo una marcada disociación entre lo que discute la ‘clase dirigente’ y las necesidades de nuestro pueblo, agobiado por una situación cada vez más alarmante de falta de trabajo (o trabajo precario), pobreza y exclusión”.
