Las querellas que representan a las 143 víctimas por el fentanilo contaminado —90 fallecidos y otras 44 con secuelas— le reclaman a la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que se expida sobre los primeros procesamientos que el juez Ernesto Kreplak dictó hace casi un año contra los 13 responsables de los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo SA, a cargo de la elaboración y distribución del potente anestésico adulterado con al menos dos bacterias multirresistentes. En ese momento, el magistrado los procesó por 20 muertes, pero después lo amplió a 90. En términos jurídicos, los camaristas Alberto Vallefín, Roberto Agustín Lemos Arias y Emilio Santiago Faggi tiene bajo revisión el expediente desde octubre de 2025, fecha en que llegó la apelación interpuesta por el propietario de las empresas farmacéuticas Ariel García Furfaro.
Entre las 47 querellas figura el Hospital Italiano de La Plata, el nosocomio donde se detectaron los primeros casos de contaminación en abril de 2025. Una de las abogadas que representa a las víctimas, la abogada querellante Adriana Francese, lleva la voz de 20 familias, entre ellas la de su sobrino nieto, Renato Nicolini, de 18 años, fallecido en ese hospital. “La actuación de la Justicia en esta causa ha sido, a mi entender, excepcional”, sostuvo Francese en diálogo con Infobae sobre el trabajo del juez federal Ernesto Kreplak y de la fiscal María Laura Roteta, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata. La letrada remarcó que en un período breve se produjo “una enorme cantidad de prueba, se realizaron peritajes y se avanzó sobre responsabilidades individuales en distintos niveles, desde la fabricación del medicamento hasta los organismos de control estatal”. Y agregó: “Existe hoy una necesidad muy concreta: que la Cámara Federal se expida sobre los procesamientos que se encuentran sometidos a su revisión”, afirmó.
Equilibrada en su tono, Francese destacó que cada vez que la Sala III debió intervenir en decisiones relevantes adoptadas durante la instrucción, acompañó el criterio del juez: confirmó las negativas a excarcelaciones y prisiones domiciliarias, los rechazos a planteos de nulidad y la decisión frente a la recusación de Kreplak promovida por las defensas.
El origen del reclamo judicial
El 25 de septiembre de 2025, Kreplak procesó a 13 directivos y responsables de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo SA por adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte. En esa resolución, de 401 fojas, se les imputó la muerte de al menos 20 pacientes y se dispuso un embargo de un billón de pesos contra Ariel García Furfaro, propietario de ambas firmas. García Furfaro y otros tres imputados, su hermano Diego, el director técnico José Antonio Maiorano y Javier Tchukran quedaron con prisión preventiva; su madre, Nilda Furfaro, y la directora técnica de Ramallo, Carolina Ansaldi, bajo arresto domiciliario. Hace un mes, y por problemas de salud, ese mismo beneficio lo obtuvo Tchukran.
El 7 de octubre de 2025, la defensa de García Furfaro apeló ese procesamiento. Reclamó la nulidad de la declaración indagatoria y cuestionó que la acusación no hubiera determinado con precisión el aporte causal individual de cada imputado.
El expediente llegó a la Cámara Federal de La Plata el 25 de octubre de ese año, cuando los camaristas Alberto Vallefín, Roberto Agustín Lemos Arias y Emilio Santiago Faggi quedaron a cargo de resolver sobre el fondo de los recursos. Desde entonces, no se pronunciaron.
La ampliación elevó la cifra de víctimas a 90 fallecidos
La investigación continuó mientras la apelación permanecía sin resolver. El 13 de mayo de 2026, Kreplak amplió el procesamiento a partir de nuevos peritajes del Cuerpo Médico Forense y de los resultados genéticos aportados por la ANLIS-Malbrán, que permitieron confirmar 70 nuevos casos de fallecidos vinculados al brote de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii halladas en las ampollas de fentanilo HLB.
García Furfaro apeló también esa ampliación el 2 de junio de 2026 y pidió a la Cámara que revoque la medida y disponga la falta de mérito, con el cese de su prisión preventiva. Sus abogados, Gastón Marano y Mario Laporta, sostuvieron que la investigación no logró determinar cómo ingresaron las bacterias a las ampollas. Un hecho que parece abstracto ya que está probado para la Justicia que las ampollas de vidrio son inviolables por lo que la contaminación bacteriana sucedió en la planta elaboradora.
Kreplak procesó a las exfuncionarias de ANMAT e INAME
El 1 de septiembre de 2026, Kreplak amplió el círculo de responsables al procesar sin prisión preventiva a Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y a Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). El juez las consideró partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales por haber omitido adoptar medidas preventivas y correctivas pese a conocer las deficiencias críticas de las plantas de Ramallo. Les impuso un embargo de 500.000 millones de pesos a cada una y la inhibición general de sus bienes. Con esa resolución, la causa suma 15 procesados.
El pedido a la Cámara de la querella
En diálogo con este medio, la querellante Francese repasó los puntos centrales de su reclamo y del de las familias que representa.
—¿Por qué cree que la Cámara aún no se expidió sobre los procesamientos? ¿Esto no ralentiza el proceso?
—No me corresponde atribuir las razones por las cuales la Cámara todavía no se ha expedido ni, por supuesto, anticipar cuál será su decisión. Estamos ante una causa extraordinariamente extensa y compleja, con una enorme cantidad de prueba, numerosas víctimas, múltiples imputados y planteos de las distintas defensas que necesariamente deben ser analizados. También me parece importante aclarar algo: hasta el momento, cada vez que la Sala III de la Cámara Federal de La Plata debió intervenir en decisiones relevantes adoptadas durante la instrucción, ha acompañado el criterio del juez Kreplak. Existe hoy una necesidad muy concreta: que la Cámara Federal se expida sobre los procesamientos que se encuentran sometidos a su revisión.
—Usted habla todos los días con las familias y está en permanente contacto ¿Cuál es hoy su sentimiento?
—En este punto, no puedo hablar solamente como abogada de las familias que represento. También soy familiar: soy la tía abuela de Renato. Hay un enorme agradecimiento hacia el trabajo que vienen realizando el juez Ernesto Kreplak, la fiscal María Laura Roteta y todo el equipo que lleva adelante esta investigación. Pero junto con ese agradecimiento hoy también hay ansiedad y necesidad de respuestas. Y lo comprendo porque también lo vivo. Frente a ese avance, es comprensible que a las familias les resulte más difícil entender los tiempos posteriores. No conocen —ni tienen porque conocer— la dinámica interna de una Cámara. Lo que saben es que existe una investigación realizada, procesamientos dictados y recurridos y que llevan muchos meses esperando una definición.
—En este punto es cuando la opinión pública, y no hablar de las víctimas, habla sobre la eficiencia de la Justicia.
—No creo que corresponda hablar de una Justicia que no funciona, porque sería profundamente injusto frente al enorme trabajo que se ha realizado en esta causa. Sí creo que hoy podemos decir que las familias necesitan una respuesta de la Cámara.
Sobre este punto Francese es muy cuidadosa: “No pedimos una resolución apresurada. Esperamos una resolución fundada, jurídicamente sólida y dentro de un plazo razonable, que permita que esta causa continúe avanzando hacia la determinación definitiva de las responsabilidades”.
—Usted habla todos los días con ellos y está en permanente contacto. ¿Cuál es hoy el sentimiento de los familiares?
—En este punto no puedo hablar solamente como abogada de las familias que represento. También soy familiar: soy la tía de Renato. Por eso conozco ese sentimiento desde los dos lugares. Para nosotros, como abogados, puede tratarse de procesamientos, recursos, pericias o revisiones de Cámara. Para una familia, detrás de cada una de esas actuaciones está el nombre y la historia de una persona que ya no está. Por eso existe hoy una expectativa muy grande respecto de la decisión de la Cámara. No desde el desconocimiento del trabajo que debe realizar ni desde una crítica a la Justicia, sino desde la necesidad humana de que la causa continúe avanzando y podamos acercarnos a una respuesta definitiva.
—¿Estas muertes, esta tragedia, según lo que surge del expediente, se podría haber evitado?
—Lo que surge hasta el momento de la investigación es particularmente doloroso porque existen elementos que indican que no estamos frente a un hecho absolutamente imprevisible o inevitable. La investigación ha reconstruido graves deficiencias en la fabricación, en los controles y en los mecanismos que debían garantizar que un medicamento destinado a pacientes fuera seguro. Por eso considero que esta causa tiene una trascendencia que excede incluso las responsabilidades penales individuales. También debe permitir conocer qué falló y por qué falló, para que una tragedia de estas características no vuelva a suceder.
