En medio de los cruces por el fallo judicial que suspendió el Régimen Penal Juvenil** en la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, cuestionó al mandatario bonaerense Axel Kicillof por no aplicar la nueva legislación que baja la edad de imputabilidad.
A través de un mensaje que publicó en sus redes sociales, Macri afirmó: “La edad no puede ser una excusa para matar, robar o destruir una familia. Pero Kicillof y el garantismo parecen pensar distinto”. Cada vez que sale una ley a favor de la gente honesta, aparecen jueces dispuestos a defender a los delincuentes y garantizarles impunidad».
Y agregó: “Nosotros siempre vamos a estar del mismo lado: el de la gente de bien”. En la Ciudad el Régimen Penal Juvenil tiene plena vigencia».
El mensaje del mandatario porteño llegó en medio de los contrapuntos por la suspensión de la medida en el territorio bonaerense después de que la jueza Marta Elba Pascual hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo que presentó la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio “de los adolescentes que se encuentran privados de su libertad”.
La resolución fue firmada por Pascual en su carácter de titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento judicial. La magistrada dispuso una pausa de 60 días en la aplicación de la Ley N° 27.801. Según argumentó, el eje de la medida radica en la falta de recursos, infraestructura, lugares de alojamiento y personal especializado que exigiría incorporar a adolescentes de esa franja etaria al sistema penal bonaerense.
En sus primeras declaraciones públicas tras la firma del fallo, Pascual sostuvo que no está en desacuerdo con la reducción de la edad de imputabilidad, pero advirtió sobre las consecuencias de aplicarla sin las condiciones mínimas. “Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, afirmó en diálogo con Now 97.9.
La medida cautelar también convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10.00 en la sala de juicios orales del Tribunal, con el objetivo de que los responsables de las principales áreas del Ejecutivo provincial informen qué medidas tomaron para la implementación de la ley y cuáles están previstas.
En ese marco, La Libertad Avanza (LLA) anunció que impulsará un pedido de juicio político contra la magistrada. El presidente de LLA bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja, calificó el fallo como una resolución “antidemocrática” y afirmó que la jueza “piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”, según sus declaraciones recogidas por Infobae. De formalizarse, el pedido de jury deberá presentarse ante la Secretaría de Enjuiciamiento, organismo competente para recibir denuncias contra magistrados y funcionarios del Ministerio Público.
El presidente del bloque de senadores bonaerenses de LLA, Carlos Curestis, sostuvo que la cautelar garantiza “la impunidad de los delincuentes”. El titular de la bancada libertaria en Diputados, Juan Osaba, calificó la medida como un “fallo político” y afirmó que deja sin respuesta a las víctimas de delitos cometidos por menores de edad.
Las críticas desde el gobierno nacional también fueron directas. La senadora Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la reforma, atribuyó la suspensión a una “Justicia provincial garantista” y acusó a Kicillof de ponerse “del lado de los delincuentes”, en publicaciones en sus redes sociales. Ante esas declaraciones, Pascual respondió: “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquilamente”.
