El pleno del Senado volverá al recinto, desde las 15, para aprobar un acuerdo con dos holdouts por u$s 171 millones, el cual deberá ser girado rápido a Diputados para su sanción. Tendrá que obtener luz verde antes del plazo límite, que será a finales del corriente mes.
Además, la Cámara alta se dispondrá a convertir en ley la prórroga del programa nacional de entrega voluntaria de armas y darle continuidad, por cinco años, al camarista federal Carlos Mahiques. El magistrado es el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Para el inicio de la sesión se esperan varias cuestiones de privilegio desde el kirchnerismo, que tendrán como objetivo criticar diversas andanzas Gobierno libertario. Otro punto a saldar será la votación de un nuevo prosecretario de Coordinación Operativa, con guiño hacia PRO. Con ello, el pleno quedará con todas sus autoridades en total funcionamiento.
Fondos buitre
En concreto, el convenio estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de u$s 67, al primero; y u$s104, al segundo.
Lo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.
Otro ítem destacado en el documento que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei, Mahiques y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni– es que un avance derivará en la “finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país”. Es decir, los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.
Armas
El proyecto fue aprobado por Diputados en 2024 e introduce cambios en la regularización de armas de fuego agilizar procedimiento-, por un lado, y prorroga el sistema de entrega voluntaria -administraciones de distinto color político lo han hecho- hasta el 31 de diciembre de 2027.
Semanas atrás, cuando se dictaminó la iniciativa en un plenario de comisiones, expuso el director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan. “La burocracia y la ‘papelización’ del registro alejó y puso barreras para el legítimo usuario para la registración y la normalidad. Y, para nosotros, es una persona responsable y ajustada a derecho”, señaló.
Allan agregó: “Las órdenes que recibimos fueron muy claras. Los ejes de la gestión son digitalizar todo el RENAR y hacer que estar dentro de la ley sea fácil. Y eso hemos hecho y hoy lo vemos en las cifras”.
Según el funcionario, se aumentó en un 20% la cantidad de objetos registrados en dos años, que pasaron de 300.000 a 360.000, aunque se estima un total de 600.000 en manos de legítimos usuarios. “Las armas no desaparecen y el Estado necesita la información”, advirtió. Y añadió: “Queda mucho por hacer”.
Allan también hizo mención a mejores detecciones vía “patrones anti fraude”. En esa línea, confió: “Se le pagaba a personas para que compren armas, las registraran y, luego, pasaban a organizaciones criminales. Con la digitalización, detectamos rápido eso y rebotamos a la vieja usanza”.
Por otra parte, el director del RENAR dejó en claro que “la sola presentación -de la declaración- no es automáticamente una aprobación”, sino un primer paso donde luego se chequea “el origen, antecedentes y medidas cautelares sobre personas y objetos”.
