A casi dos semanas de iniciar los tratamientos de proyectos legislativos de vital importancia, el Gobierno volvió a reactivar la distribución de los aportes discrecionales a las provincias, que se denominan formalmente como Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Se trata de fondos no automáticos (como sí lo es la Coparticipación) que son dispuestos por la Nación y que se distribuyen a solicitud de los gobiernos subnacionales según el caso.
Un informe de la consultora Politikon Chaco reveló que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) regresaron en septiembre después de más de un mes sin anoticiarse transferencias. En particular, el viernes 4 de septiembre se visibilizaron movimientos contables en los cuales el Gobierno nacional distribuyó $12.000 millones entre tres provincias, con lo que el total acumulado en el año por esta vía ascendió a $163.000 millones repartidos entre quince distritos del país.
Las tres provincias beneficiadas por el desembolso de la semana pasada fueron Jujuy y La Pampa, que percibieron $3.500 millones cada una, y Misiones, que recibió $5.000 millones. Se trata de la primera distribución de ATN desde julio, ya que en agosto no se registraron envíos de esta naturaleza.
Lo curioso es que solo la provincia del NOA es la única a la que se puede considerar aliada. Para el distrito gobernado por Carlos Sadir, el giro representa el cuarto ATN del año. La provincia ya había recibido $3.000 millones en febrero, $2.000 millones en marzo y $5.000 millones en julio. Con el aporte de septiembre, el acumulado anual de la provincia norteña en este concepto alcanza los $13.500 millones.
El caso de Misiones sobresale dentro del esquema de distribución: septiembre marca su quinto ATN en lo que va de 2026. A los $5.000 millones de este mes se suman los $5.000 millones de julio, los $5.500 millones de marzo y abril, y los $4.000 millones de febrero. En total, la provincia acumula $25.000 millones en el año, lo que la posiciona primera en el ranking nacional, por encima de Entre Ríos ($15.000 millones) y de Corrientes y Mendoza ($14.000 millones cada una).
La provincia misionera transita por un contexto particular. El gobernador Hugo Passalacqua realizó en los últimos meses diferentes movimientos independentistas de su otrora jefe político y terrateniente provincial, el legislador y exgobernador Carlos Rovira, quien es más tendiente a negociar con el oficialismo. El mandatario del Noreste Argentino ha mantenido encuentros formales con dirigentes del peronismo federal en el último tiempo, aunque no se ha cerrado del todo a colaborar con el oficialismo libertario, el cual pretende competir de manera directa en los comicios del año próximo, ya sea con el presidente del partido provincial, Adrián Núñez, o con el diputado nacional, Diego Hartfield.
El dato más singular del desembolso del viernes corresponde a La Pampa. El envío de septiembre no solo es el primero de la provincia en 2026, sino también el primero desde diciembre de 2023, es decir, anterior al cambio de administración nacional. La provincia pampeana había quedado al margen de estos aportes durante toda la gestión del presidente Javier Milei hasta esta semana. El dato no es menor, porque este distrito es uno de los cinco distritos más intransigentes respecto a la Casa Rosada junto a Buenos Aires, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego.
Desde la conducción pampeana explicaron a Infobae que la ayuda fue solicitada de manera directa por parte del gobernador Sergio Ziliotto en su anterior reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien es el responsable político de estas transferencias junto al Vicejefe de Gabinete, Gustavo Coria. Las erogaciones de la administración provincial serán contempladas para contingencias climáticas por sequía en departamentos del territorio provincial. Durante 2025 la emergencia agropecuaria afectó a 20 departamentos, situación que se mantiene en la actualidad en Curacó, Lihuel Calel, Limay Mahuida y Puelén.
El contexto apremia para el oficialismo. La oposición en la Cámara de Diputados buscará conseguir quórum para tratar de emplazar en comisiones los proyectos de alivio para morosidad y la extensión de la Emergencia por Discapacidad. La semana próxima se reactivará en el Senado la discusión por la Reforma Política y se presentará el proyecto de Presupuesto 2027.
En ese marco, la reforma de Milei para eliminar las PASO continúa trabada ya que el oficialismo no logra reunir los 37 votos necesarios para modificar reglas electorales. La Casa Rosada busca reactivar la negociación con gobernadores antes de fin de año, plazo que fijó la Justicia electoral para que los cambios puedan aplicarse en 2027. La Comisión de Asuntos Constitucionales retomará el debate el 15 de septiembre, aunque con un inicio gradual que incluirá especialistas y otros temas como financiamiento partidario.
La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y depende de acuerdos con la UCR, el Pro y bloques provinciales para alcanzar la mayoría requerida. La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, reconoció que todavía no existe consenso, aunque estimó que podría sumar algunos votos de fuerzas provinciales sin objeciones de fondo contra las primarias. Siguen existiendo obstáculos con los senadores radicales y macristas.
En paralelo, el jefe de Gabinete Diego Santilli mantiene reuniones con gobernadores patagónicos y del norte para destrabar la reforma, en pactos que incluyen consideraciones político-electorales más allá del reparto de fondos u obra pública. Para poder tener otro componente de negociación, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem definieron que el debate en el Senado avance en paralelo al tratamiento del presupuesto 2027 en Diputados. El objetivo del oficialismo es la eliminación definitiva de las PASO, no una suspensión transitoria; aunque esta última podría darse si no se consigue la meta primaria.
Entre los gobernadores, hay posiciones divididas. Raúl Jalil, Alberto Weretilneck y Gustavo Sáenz respaldan la eliminación de las primarias, mientras que Osvaldo Jaldo, Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Elías Suárez se oponen. Otros mandatarios, como Ignacio Torres y Maximiliano Pullaro, plantean matices: aceptan revisar el sistema pero cuestionan los cambios apresurados por la urgencia electoral, mientras Martín Llaryora se mantiene ambivalente.
