Tras la caótica sesión del jueves pasado y una lesión aún abierta que se generó el propio oficialismo, la titular de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvo una cumbre con los jefes de bloque dialoguistas esta tarde con el objetivo de salvar la ley que “blinda” la propiedad privada, una norma que aliados le desplumaron a la porteña en comisiones. Con la promesa de cambios extra, se intentará llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta el jueves de la semana próxima, junto a un puñado de pliegos judiciales e iniciativas -las últimas, sin conflicto- dictaminadas durante la jornada de hoy.
Lo acordado deberá validarse en una futura reunión de Labor Parlamentaria, donde se definen los temarios de sesiones junto a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. En la cumbre de esta tarde estuvieron, además de Bullrich, los presidentes de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Vischi (Corrientes); del PRO, Martín Goerling (Misiones); de Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes), y silvestres provinciales como Flavia Royón (Salta) y el misionero renovador Carlos Arce (Misiones).
¿Qué ocurrió en el plenario de mayo pasado, cuando se dictaminó? Fueron varios los batazos. Los más conocidos apuntaron a la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que significó una dura derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el guiño a gobernadores para que definan -por su cuenta- el límite de venta de tierras a extranjeros, ahora observado; y la amortiguación del texto inicial de la Casa Rosada a la hora de desalojos exprés.
Durante el plenario de comisiones, Bullrich remarcó que, en el capítulo de expropiaciones, se incorporó un límite máximo sobre lucro cesante del 30 % -antes no había un porcentaje determinado-, excepto que el involucrado demuestre lo contrario. También se revisó la tasa de interés, que será IPC más la del Banco Nación a 30 días y, por último, la fecha para establecer el valor de un bien será la anterior a cualquier acto o hecho vinculado a la expropiación.
En cuanto a desalojos, se respetará la diferenciación de sujetos locatarios de usurpadores. Según explicó la porteña, “se ratificará que las condiciones ante una eventual falta de pago seguirán como las determinadas por las partes -si es habitacional- y, ante una intimación, el locador deberá hacerlo con un plazo de diez días”.
Sobre tierras rurales, la jefa oficialista confirmó el mayor poder a mandatarios provinciales, salvo la prohibición a favor de Estados extranjeros. Sin embargo, en zonas de frontera, habrá una intervención del distrito con autorización previa de Nación. Y, para el caso de la ley de fuego empujada por Máximo Kirchner en la gestión de su “compañero” Alberto Fernández, se dinamita el plazo de “60 años de prohibición de uso o cambio de dominio ante un incendio de bosques nativo o implantado”.
El ítem de zonas de frontera es el que generó ruido en algunas bancadas. No es fácil de resolver, aunque tampoco imposible. La pregunta a saldar es: ¿cómo se toman a potencias que tienen el control sobre empresas importantes y que podrían realizar grandes inversiones? Después de la cumbre entre oficialistas y aliados, se inició un ida y vuelta para rearmar el artículo conflictivo, sobre todo, para sellar los votos necesarios e ir en calma al recinto.
Además, y mientras Bullrich no logra destrabar otros proyectos clave para la Casa Rosada, se deslizó que la semana próxima habría reuniones informativas sobre las leyes de etiquetado frontal y de sociedades. Es decir, trámite lento.
Convenios internacionales
Las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Justicia y Asuntos Penales, que comandan los libertarios Francisco Paoltroni (Formosa) y Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), respectivamente, avanzaron esta tarde con dos tratados ya aprobados por Diputados, los cuales quedaron en fila para ser convertidos en ley.
El primero avala el convenio de extradición con la República de Chile, suscrito el 5 de diciembre de 2023. En tanto, el segundo está relacionado con la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales (“Tratado de Medellín”).
