El conflicto entre el Gobierno nacional y la Universidad de Buenos Aires por el financiamiento de los hospitales universitarios escaló en las últimas horas con acusaciones cruzadas, advertencias sobre el impacto sanitario y una disputa técnica de fondo que expone diferencias sobre cómo deben asignarse los recursos del Presupuesto 2026.
Según pudo saber Infobae, el eje de la controversia gira en torno a la partida “Hospitales Universitarios”, incluida en la planilla anexa al artículo 12 de la ley de Presupuesto, por un monto total de $79.763.113.948. Mientras la UBA reclama la transferencia de $75.371.896.068 —equivalente al 94,5% de ese fondo—, el Gobierno sostiene que esos recursos no pertenecen a una sola institución y deben distribuirse bajo criterios objetivos entre todas las universidades nacionales que cuentan con hospitales.
“El Estado Nacional está al día con todas las transferencias que corresponden de acuerdo al presupuesto”, afirmó a Infobae el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien rechazó de plano la acusación de desfinanciamiento.
“Las autoridades de la UBA le están exigiendo al Estado Nacional el 94% de todo ese monto para la UBA. O sea que dejan alrededor de $4.000 millones para los tres hospitales de Córdoba, el hospital universitario de Chaco, los de Cuyo y el de La Plata”, explicó el funcionario. Y agregó: “Es un criterio de ´siempre primero la UBA´. Nosotros dijimos: eso no, esto tiene que estar de acuerdo a criterios objetivos”.
El planteo oficial se apoya en una distinción técnica clave dentro del presupuesto universitario. Por un lado, están los fondos que integran la planilla obligatoria —que se transfieren automáticamente a cada universidad— y, por otro, aquellos que están fuera de esa asignación, como la partida de hospitales universitarios, cuya distribución debe definirse.
En ese esquema, fuentes oficiales detallaron que mensualmente la UBA recibe $4.882.724.440 para gastos de funcionamiento, monto que incluye partidas para salud ($150.388.873), educación ($4.674.185.203) y ciencia y tecnología ($58.150.364). Esos fondos, remarcan en el Ejecutivo, se giran con regularidad.
El conflicto, por lo tanto, no se centra en esas transferencias, sino en la asignación adicional de la partida específica para hospitales.
La posición de la UBA quedó formalizada en una carta enviada el 30 de abril a la Secretaría de Educación. Allí, la universidad advirtió que “no ha recibido en absoluto los fondos destinados a la función salud” en lo que va de 2026 y sostuvo que la situación “pone en riesgo la vida de los pacientes”.
El documento señala que la falta de recursos podría afectar la cobertura sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, donde los hospitales universitarios atienden a un volumen significativo de pacientes. También advierte que el incumplimiento “representa una violación de normas constitucionales y legales” y anticipa la posibilidad de iniciar acciones judiciales.
La respuesta del Gobierno fue inmediata. En una nota oficial dirigida al Consejo Interuniversitario Nacional, la Subsecretaría de Políticas Universitarias afirmó que “el Poder Ejecutivo Nacional sí cumple la ley y exigirá su cumplimiento a las universidades”, y rechazó que exista incumplimiento presupuestario.
El Ministerio de Capital Humano profundizó esa línea en un comunicado en el que calificó como “falsas” las acusaciones de la UBA. Según el texto, el Gobierno “transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados”, incluyendo la función salud tanto para gastos de personal como de funcionamiento.
Además, el Ejecutivo cuestionó el alcance del reclamo universitario y advirtió que acceder al pedido implicaría desfinanciar al resto del sistema. “De acceder a ese pedido, restarían apenas $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país”, señaló el comunicado.
En ese marco, el Gobierno endureció su postura y acusó a la universidad de intentar apropiarse de recursos comunes. “Es inadmisible que una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución”, sostuvo.
Las declaraciones de Álvarez agregaron un componente político e institucional al conflicto. El funcionario cuestionó la capacidad de gestión de la UBA y planteó la posibilidad de que ceda la administración financiera de sus hospitales.
“Si la Universidad de Buenos Aires es incapaz de administrar correctamente los hospitales que tiene a cargo, debería pensar tal vez en ceder la administración financiera al Ministerio de Salud”, afirmó.
Según explicó, la propuesta no implica intervenir la autonomía académica, sino establecer un esquema de control sobre la gestión económica. “No estoy diciendo que transfieran la administración académica, solamente un administrador que esté a cargo de verificar las compras, las ventas y la administración”, señaló.
Como antecedente, mencionó el modelo del hospital universitario de Resistencia, en Chaco, que funciona con una administración tripartita entre el municipio, la provincia y la universidad.
El planteo introduce una dimensión más profunda en la discusión, al poner en debate el alcance de la autonomía universitaria. En su respuesta formal, el Gobierno ya había señalado que las universidades tienen la potestad de fijar su régimen salarial y administrar sus recursos, en base a la legislación vigente.
“La Constitución Nacional ha consagrado la autonomía y autarquía financiera de las universidades”, señala el documento oficial, que agrega que esa autonomía implica también asumir responsabilidades de gestión.
“Por un lado proclaman la autonomía, pero por otro no quieren asumir las responsabilidades de la misma”, cuestionó el texto.
En paralelo, el Gobierno vinculó el conflicto con la discusión legislativa sobre el financiamiento universitario. Según explicó Álvarez, el proyecto impulsado por el Ejecutivo —aún no tratado en el Congreso— incluye un artículo específico para reforzar los fondos destinados a hospitales universitarios.
“Somos conscientes de que falta y por eso lo pusimos en el proyecto de ley”, indicó el funcionario. Y contrastó esa iniciativa con la ley aprobada por la oposición, que —según sostuvo— “no tiene fondos para salud”.
“Si realmente el objetivo es que haya más partidas para los hospitales universitarios, hay que votar ese proyecto, no hacer una conferencia de prensa sembrando el terror a la población”, afirmó.
El cruce expone no solo una disputa presupuestaria, sino también una estrategia política en torno al conflicto universitario, que en los últimos meses se convirtió en uno de los principales frentes de tensión entre el Gobierno y el sistema académico.
Mientras la UBA advierte sobre el impacto sanitario inmediato y analiza la vía judicial, el Ejecutivo busca reencuadrar la discusión en términos de legalidad, eficiencia en la gestión y distribución federal de los recursos.
El resultado de esa disputa aún es incierto. Pero lo que ya quedó claro es que el conflicto por los hospitales universitarios dejó de ser un tema técnico para convertirse en una nueva tensión política de alto voltaje.
