A la espera de los debates sobre Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el oficialismo senatorial, que comanda Patricia Bullrich, pidió que se llame a Labor Parlamentaria y la reunión ya fue convocada para las 14 de mañana, con el fin de consensuar una sesión para siguiente jornada, de haber acuerdo entre los bloques. En la bandeja de temas aparecen los nuevos cortes en biocombustibles, más transferencias de competencias penales de Nación a la Ciudad y la ley “Hojarasca”, sobre la que los aliados aún dudan.
“Biocombustibles, sí; lo de justicia, también. Hojarasca, no lo sé. Lo tenemos que ver”, respondieron a Infobae desde una bancada que suele acompañar al Gobierno. “Recién mañana vamos a definir bien”, manifestaron anoche a este medio desde otra. La iniciativa en cuestión es del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y ya fue aprobada por Diputados y dictaminada en la Cámara alta, aunque la fileteada ley de propiedad privada dejó menor margen para acompañar ideas que partan desde dicha cartera.
En mayo pasado, el texto que elimina 58 normas, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales” obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones. “Hojarasca” se agrupa en seis categorías: leyes superadas por normativas posteriores; obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo; que afectan libertades individuales; que generan burocracia innecesaria; que refieren a organismos ya disueltos; y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.
Lo que sí tiene aval de cara a una potencial sesión el jueves son dos acuerdos: uno es el “Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, mientras que el segundo trate el giro en materia criminal y correccional relacionado con menores de edad. Fueron despachados sin problema la semana pasada por un plenario de comisiones.
El plato fuerte para la oposición kirchnerista ocurrirá desde las 10.30 de mañana, cuando en las comisiones de Economía Nacional e Inversión; y de Presupuesto y Hacienda se presenten el titular y vice del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning, respectivamente, para exponer sobre la iniciativa que reforma la Carta Orgánica, tema ya votado por la Cámara baja.
La ley apunta a garantizar la independencia de la entidad a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de las distintas administraciones centrales. Tampoco podrá comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.
El texto impulsado por la Casa Rosada da marcha atrás con la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el cristinismo, en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Si el Gobierno lograra la sanción en la Cámara alta, el único fin será preservar el valor de la moneda.
Por otro lado, se prohíbe la transferencia al Tesoro de ganancias contables o por diferencia de cambio. Los resultados del BCRA deberán destinarse de forma prioritaria a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública. Además, dispone la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles y se actualizan las reglas relativas a la administración y resguardo de las reservas internacionales.
Entre las modificaciones también se destaca un cambio en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una “causal grave” y la aprobación con mayoría de dos tercios en el Senado y Diputados.
Inocencia Fiscal II
La iniciativa amplía el régimen vigente, a partir de la eliminación de los topes de ingresos -$1.000 millones- y patrimonio -$10.000 millones- que, hasta ahora, limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. A través de esto, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida.
Uno de los puntos centrales es precisar bajo qué condiciones ARCA puede impugnar una declaración simplificada. En ese sentido, se establece que el organismo sólo podrá formular observaciones cuando detecte una diferencia de al menos el 15% sobre el “impuesto determinado” y no sobre el saldo final a pagar, como ocurría antes.
En tanto, en otro sector del articulado se introduce una regla de razonabilidad: no habrá discrepancia significativa si el monto nominal de la diferencia es igual o inferior al 5% del umbral del Régimen Penal Tributario, equivalente a $5.000.000. También se habilita una ventana de subsanación de 15 días hábiles para que el contribuyente rectifique e ingrese el saldo adeudado sin que se configure la causal de impugnación.
La ley estipula que la carga probatoria recae de forma exclusiva sobre ARCA, que sólo podrá fundar sus impugnaciones en datos declarados, registros sistémicos o información aportada por terceros. Al mismo tiempo, amplía el bloqueo al uso de presunciones: junto con la inoponibilidad del incremento patrimonial no justificado, se veda hasta el 31 de diciembre de 2027 la presunción por depósitos bancarios. Las demás requerirán respaldo probatorio externo y no podrán sustentar ajustes de forma aislada, lo que reduce la discrecionalidad del organismo recaudador frente a los contribuyentes adheridos.
Además, la reforma incorpora un alivio directo para las pequeñas y medianas empresas. Las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.
Durante el debate en comisión, La Libertad Avanza acordó con sus aliados excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios del régimen. Los representantes de los tres poderes del Estado que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco años podrán usar el sistema simplificado sólo para presentar su declaración jurada y pagar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a ninguna otra protección tributaria.
Por último, en cuanto a los dólares no declarados, el proyecto no establece una amnistía general, sino que modifica el marco bajo el cual ARCA podrá investigar el patrimonio, con el objetivo de incentivar la incorporación de esos activos al circuito formal.
