La Justicia investiga la conexión entre el ex legislador y funcionario municipal de Córdoba, Guillermo Kraisman, que fue detenido cuando intentaba retirar un millón de pesos con un DNI que pertenecía a otra persona y la Legislatura provincial, puesto que el documento pertenece a una empleada del cuerpo parlamentario. De esta manera, la principal hipótesis es que el hombre realizaba una maniobra similar a la “Chocolate” Rigau en la Provincia de Buenos Aires.
El hecho sucedió en una sucursal bancaria ubicada sobre la Avenida 24 de Septiembre, en el barrio General Paz. Allí, Kraisman, junto a una mujer identificada como Luciana Castro, de 46 años, intentaron retirar un millón de pesos con una tarjeta que le pertenecía a otra persona. Los empleados bancarios detectaron lo que sucedía y de inmediato alertaron al personal policial.
Según el sitio El Doce TV, Kraisman y Castro fueron imputados por tentativa de estafa. Ambos fueron detenidos en el lugar por orden del fiscal Andrés Godoy, por no poder justificar la situación, y permanecen a disposición de la Justicia.
La investigación continúa su curso y, así, las autoridades lograron esclarecer algunas cuestiones en relación con el caso, ya que el principal objetivo del fiscal Godoy se centró en establecer a quién pertenencia el DNI con el que Kraisman quiso retirar el dinero.
En línea con la información a la que pudo acceder Arriba Córdoba, el documento corresponde a Virginia Martínez, una empleada de la Legislatura de Córdoba, que fue designada hace poco más de un mes.
Incluso, el dinero que había en su cuenta fue depositado un día antes de la maniobra realizada por Kraisman, por lo que se presume que ambos quisieron retirar el sueldo que le correspondería a Martínez.
En este contexto, la principal hipótesis que se maneja es que Kraisman utilizaba a la empleada de la Legislatura para percibir parte de su salario, es decir, que operaba de una forma similar a la de “Chocolate” Rigau en La Plata, tal como informó el medio La Voz del Interior. De igual forma, la causa se encuentra bajo secreto de sumario.
En relación con el caso, se conoció que Castro, la otra mujer involucrada, trabajaba como empleada estatal y se desempeñaba como coordinadora de un polideportivo social en la Capital cordobesa. Tras iniciarse la causa, fue desafectada de su cargo. Fuentes municipales señalaron que Castro no fue contratada directamente por el Municipio, sino que llegó como parte de un “paquete de personal” transferido por la Provincia.
Guillermo Kraisman cuenta con un historial de denuncias y antecedentes penales que se remontan a sus primeros años en la administración pública. Uno de los episodios más notorios ocurrió en septiembre de 2024, cuando cámaras de seguridad lo captaron robando fiambres en un supermercado. Este hecho, que generó amplia repercusión, derivó en su destitución como director de Promoción de Clubes Sociales y Deportivos de la Municipalidad de Córdoba.
Sus antecedentes legales se remontan a 2003, cuando asumió como concejal de Unión por Córdoba mientras ya enfrentaba denuncias por presunto fraude en un centro vecinal. Entre otros cargos, se le acusó de apropiarse de elementos como un freezer y de robo de energía eléctrica en su domicilio.
En otro incidente, Kraisman fue denunciado por sustraer energía eléctrica del Club Avellaneda de Córdoba, lo que lo obligó a compensar tanto a los afectados como a la compañía de electricidad perjudicada. Como parte de la resolución del caso, tuvo que cumplir tareas comunitarias durante un período prolongado.
En 2019, su historial sumó una nueva acusación por intento de soborno, presentada por un árbitro de la Liga Cordobesa de Fútbol. Estas denuncias y controversias han acompañado su trayectoria política y administrativa, consolidando una imagen pública marcada por el delito.
