La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, avanza en una nueva reconfiguración profunda de la política social con un punto de inflexión claro: el cierre definitivo del programa “Volver al Trabajo”, heredero del programa creado por el kirchnerismo “Potenciar Trabajo”, que alcanzaba a cerca de 900 mil beneficiarios con una prestación de $78 mil. Ese esquema, que durante años funcionó como columna vertebral del sistema de asistencia directa, será reemplazado por un modelo que combina transferencia focalizada en la infancia, capacitación laboral mediante vouchers, una expansión del rol estatal en educación vulnerable y una nueva línea de intervención sobre consumos problemáticos. En la transición hay un dato clave: del casi millón de beneficiarios, solo 138 mil se inscribieron para recibir capacitación.
La decisión se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de Javier Milei, que busca desarmar los dispositivos de intermediación que caracterizaron a la política social en las últimas décadas y redirigir los recursos hacia segmentos considerados prioritarios. En ese rediseño, el Ministerio de Capital Humano se convirtió en una pieza central, con un enfoque que combina ajuste del gasto, focalización y rediseño institucional.
“La política social de este gobierno va hacia niños y adolescentes y capacitar a la gente que tiene dos piernas y dos brazos para ir a trabajar y busca reinsertarse en el mundo del trabajo”, aseguraron en diálogo con Infobae fuentes del Ministerio de Capital Humano. Es una idea que la propia Pettovello transmitió a sus funcionarios y lo plantea en las reuniones que se aceleraron en las últimas semanas, tras la decisión de dar de baja el plan que había quedado como sucesor del “Potenciar Trabajo”, una política de asistencia que diseñó el kirchnerismo y que terminó generando bolsones de corrupción y clientelismo.
El cierre del programa no es un movimiento aislado, sino el resultado de una evaluación crítica sobre su funcionamiento. En el Gobierno sostienen que el sistema carecía de trazabilidad, se administraba con escaso control y estaba atravesado por mecanismos informales de asignación. La imagen que circula en despachos oficiales es la de una base de datos masiva, con más de un millón de beneficiarios, gestionada sin mecanismos de auditoría robustos y con fuerte dependencia de estructuras territoriales.
El monto de la prestación, congelado en $78 mil durante dos años, terminó de reducir su impacto real como política social de asistencia efectiva. En la práctica, la mayoría de los beneficiarios ya complementaba esos ingresos con changas, empleo informal o actividades no registradas. Esa convivencia entre asistencia estatal y trabajo por fuera del sistema formal fue interpretada por el Ministerio como una distorsión estructural que impedía cualquier política de inserción laboral genuina.
Pero el dato que terminó de consolidar la decisión política es otro: el rendimiento del programa en términos de empleo. Según los relevamientos oficiales, por el “Potenciar Trabajo”, solo el 1% de la gente consiguió trabajo gracias a esto. “El resto lo que hacía era cortarle el pasto a los intendentes y esa era la contraprestación. Los usaban para ellos y para hacer cortes de calles y marchas. Era una herramienta para financiar organizaciones y líderes piqueteros para hacer política”, advierten en el Ministerio de Capital Humano.
Esa caracterización atraviesa toda la lectura oficial sobre el sistema anterior. En la Casa Rosada consideran que el programa terminó funcionando como un mecanismo de financiamiento indirecto de organizaciones sociales y estructuras piqueteras, que utilizaban la asignación de planes como herramienta de control territorial y movilización política.
En ese contexto, la transición hacia un nuevo esquema tuvo un momento clave: la apertura de un registro para que los beneficiarios optaran por ingresar a un sistema de capacitación laboral. El resultado fue contundente. De los cerca de 900 mil beneficiarios, apenas 138 mil se inscribieron para acceder a cursos y programas de formación. El dato es interpretado en el Ministerio como una señal de que la mayoría no tiene interés en ese tipo de trayectos o ya cuenta con algún tipo de ingreso por otras vías.
Esa cifra no sólo valida el diagnóstico oficial, sino que además reconfigura el uso del presupuesto. Los recursos que ya no se destinarán al pago masivo de transferencias serán redistribuidos entre programas de capacitación, infraestructura social y expansión del sistema educativo en zonas vulnerables.
El nuevo esquema de capacitación se apoyará en un sistema de vouchers, que los beneficiarios podrán utilizar en instituciones previamente validadas por el Estado. En una primera etapa, la oferta estará canalizada a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y otros dispositivos existentes, pero el objetivo es avanzar hacia una red más amplia, que articule con las demandas productivas de cada provincia.
El Ministerio está desarrollando un relevamiento federal para identificar cuáles son los perfiles laborales que requieren las economías regionales. La lógica es invertir la secuencia tradicional: en lugar de ofrecer cursos genéricos, diseñar la formación en función de las necesidades concretas del mercado laboral. Esa articulación entre oferta y demanda es uno de los ejes sobre los que se apoya la expectativa oficial de mejorar la empleabilidad.
En paralelo, se está desplegando una red de centros de familia y capacitación, que funcionarán como nodos territoriales de la nueva política social. Estos espacios integran formación laboral, acompañamiento familiar, actividades culturales, apoyo nutricional y contención en problemáticas específicas. El modelo combina financiamiento estatal con participación del sector privado, especialmente en infraestructura.
El primer centro de este tipo se instaló en el barrio de La Paternal, en la Ciudad de Buenos Aires, y funciona como experiencia piloto. En ese marco, hace dos semanas se inauguró el Centro de Formación Capital Humano, que sintetiza el modelo que el Gobierno busca escalar a nivel nacional. Se trata de la puesta en valor de un edificio abandonado —el ex Centro Garrigós— reconvertido en un espacio de capacitación técnica orientado a mejorar la empleabilidad en sectores estratégicos.
El proyecto se apoya en un esquema de articulación público-privada poco habitual en este tipo de políticas. Participan empresas y organizaciones como la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, presidida por Adelmo Gabbi, junto con firmas como Arcos Dorados, Cervecería y Maltería Quilmes, Edenor, MetroGAS y la Fundación YPF, además de entidades como la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y FECOBA. Esa red permite no sólo financiar infraestructura, sino también diseñar contenidos formativos alineados con las demandas reales del mercado.
El centro propone una oferta de capacitación orientada a fortalecer competencias técnicas y oficios, con un enfoque explícito en la inserción laboral inmediata. La lógica es construir trayectos formativos directamente vinculados con sectores productivos que requieren mano de obra calificada, evitando la desconexión histórica entre educación y empleo. En términos conceptuales, el programa se inscribe en una idea de autonomía individual, donde la política social no se limita a transferir ingresos, sino que busca generar capacidades.
Este modelo, que ya está operativo en La Paternal, es el que el Ministerio pretende replicar en otras provincias, en coordinación con gobernadores y actores locales. El próximo paso será su desembarco en Mar del Plata, en el Palacio Unzué, con un esquema similar de inversión mixta. La estrategia es construir una red federal de centros de formación que funcionen como soporte territorial del sistema de vouchers.
Dentro de esos centros, además, se está incorporando un componente que el Gobierno considera clave: la prevención y el abordaje de consumos problemáticos. Después de casi tres décadas sin programas ni campañas focalizadas en atender el drama social que representa la drogadicción, y el consumo problemático de sustancias, el Ministerio de Capital Humano prepara una campaña nacional y medidas de asistencia para víctimas de ese flagelo social.
La iniciativa incluirá dispositivos de contención familiar, programas de prevención y articulación con organizaciones especializadas. En el oficialismo entienden que el consumo de drogas es uno de los factores que profundizan la marginalidad y dificultan la inserción laboral, por lo que su abordaje pasa a formar parte estructural de la política social.
El eje central, sin embargo, sigue siendo la infancia. El rediseño del sistema parte de un dato que se repite en cada presentación interna: cerca del 70% de la pobreza en la Argentina afecta a niños y adolescentes. A partir de esa premisa, el Ministerio decidió redirigir recursos hacia programas que impactan directamente en ese segmento.
“Nunca dejamos sin medidas de asistencia a nadie, porque se aumentó 500% la AUH, se elevó 200% el Plan Alimentar, y 1.000% la prestación Mil Días”, agregaron.
Esos incrementos son presentados como la contracara del recorte en los programas de transferencia directa a adultos. La lógica es concentrar el gasto en hogares con niños, garantizar la alimentación y reforzar la escolaridad como mecanismo de contención social.
En esa línea, el Ministerio avanza en un proyecto de expansión de la jornada escolar en unas 7.000 instituciones identificadas como “escuelas vulnerables” o “escuelas alfa”, que presentan déficits en lengua y matemática. La propuesta apunta a implementar un esquema de doble escolaridad, con extensión de la jornada, refuerzo pedagógico y provisión de alimentos dentro de las escuelas.
El diseño no es homogéneo: dependerá de la infraestructura disponible en cada establecimiento y de la posibilidad de organizar turnos y contraturnos. Pero la intención es avanzar progresivamente hacia un modelo en el que los chicos permanezcan más tiempo dentro del sistema educativo, con mejores condiciones de aprendizaje y contención.
La reasignación de recursos que surge del cierre del programa “Volver al Trabajo” es clave para financiar esta expansión. El Ministerio necesitaba determinar cuántos beneficiarios optarían por la capacitación para calcular qué margen presupuestario quedaba disponible. El bajo nivel de inscripción terminó habilitando un escenario más amplio de inversión en educación.
El enfoque operativo se apoya en una lógica de implementación gradual. Los programas se desarrollan primero en formato piloto, se ajustan en función de los resultados y luego se escalan. Esa metodología busca evitar los errores de políticas masivas lanzadas sin testeo previo, que en la evaluación oficial caracterizaron etapas anteriores.
En paralelo a este rediseño, el conflicto social volvió a escalar en las calles. Las organizaciones piqueteras reaparecieron ayer en protestas en varios accesos a la Ciudad de Buenos Aires, donde se vieron escenas violentas, con manifestantes que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad para mantener interrumpido el tránsito en puentes y autopistas. Hubo escenas impactantes, con activistas que arrojaron bombas molotov contra uniformados, como el que se vio en TV sobre la Autopista Panamericana.
Para el Gobierno, esas protestas no son un dato aislado, sino la expresión de sectores que pierden capacidad de influencia tras el desmantelamiento del sistema de planes. La lectura oficial es que la conflictividad social estará atravesada, en esta etapa, por la disputa por el control de los recursos y la pérdida de poder de las estructuras intermedias. “Están haciendo política”, consideraron.
El rediseño de la política social, en ese sentido, combina una dimensión técnica con una dimensión política. No sólo redefine cómo se asignan los recursos, sino también quiénes los administran y bajo qué lógica. La eliminación de programas masivos, la implementación de vouchers, la articulación con el sector privado y la focalización en la infancia configuran un modelo distinto al que predominó en las últimas décadas.
El desafío, hacia adelante, será sostener la transición sin generar un deterioro abrupto en los ingresos de los sectores más vulnerables y demostrar que el nuevo esquema logra resultados concretos en términos de empleo y reducción de la pobreza. La apuesta del Gobierno es que la combinación de capacitación, educación y asistencia focalizada permita romper con la lógica de dependencia que, según su diagnóstico, consolidaron los planes sociales tradicionales.
En ese contexto, la batería de medidas que prepara Capital Humano no sólo redefine el uso de los recursos, sino que plantea un cambio de paradigma. De un modelo basado en la transferencia directa generalizada a otro que combina focalización, formación, contención social y corresponsabilidad. El impacto de esa transformación será uno de los ejes centrales del debate político y social en los próximos meses.
