El gobernador de Florida, Ron DeSantis, oficializó un acuerdo entre la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Este convenio permite que ciertos agentes estatales asuman funciones relacionadas con el control migratorio, como la detención de inmigrantes indocumentados.
Qué implica el nuevo acuerdo entre FHP e ICE en Florida
Según Tampa Bay Times, durante la conferencia donde anunció el acuerdo, el mandatario estatal afirmó que los agentes de la FHP tendrán “autoridad para ejercer poder migratorio” y entregar a inmigrantes indocumentados directamente a las autoridades federales. El memorando ya entró en vigor.
El documento firmado establece que agentes designados de la FHP tendrán la capacidad de asumir ciertas funciones de inmigración bajo lineamientos específicos de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). Entre las acciones permitidas, se incluye detener a personas por sospechas relacionadas con su estatus migratorio.
DeSantis ejemplificó cómo se implementará este cambio: “Si encuentran a alguien conduciendo ebrio y resulta ser un inmigrante ilegal, ahora podrán llevarlo directamente a inmigración”. Sin embargo, el acuerdo no contempla compensación adicional para los agentes que asuman estas funciones. Dicha agencia enfrenta actualmente un déficit de personal y presupuesto.
Las críticas al convenio impulsado por DeSantis
La firma del acuerdo generó posturas divididas. Sectores críticos temen un uso desproporcionado del poder policial que podría derivar en discriminación. Según comentó a Telemundo 51 Ediberto Román, profesor de leyes en la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), “esto se convierte en una licencia para detener a inmigrantes basándose más en su apariencia que en violaciones reales a la ley”.
Por otro lado, algunos ciudadanos ven esta iniciativa como un paso necesario para mejorar la seguridad. Juan Rodríguez, residente de Florida, opinó que identificar y deportar a personas con antecedentes delictivos es prioritario: “La migración tiene que ser responsable”.
Voces como la de Irielis Sosa, también residente, critican el impacto social de esta medida. “Esto estigmatiza a los inmigrantes y genera miedo innecesario en comunidades que trabajan y contribuyen al estado”, sostuvo.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes hicieron un llamado para que la comunidad conozca sus derechos. Recomendaron que cualquier persona detenida solicite asesoría legal por teléfono antes de responder preguntas de las autoridades.
Florida: desafíos operativos para la Patrulla de Carreteras
La implementación del acuerdo enfrenta retos significativos. William Smith, presidente de la Asociación Benevolente de la Policía de la Patrulla de Carreteras de Florida, destacó que la agencia necesita más de 30 millones de dólares anuales para aumentar los salarios y contratar nuevos agentes.
Actualmente, la FHP tiene alrededor de 150 vacantes y enfrenta dificultades para retener personal debido a los bajos salarios. Smith también advirtió que la falta de claridad en el entrenamiento necesario y los recursos asignados podría complicar la adopción de estas nuevas funciones. “Vamos a ser la punta de la lanza, sin financiación adicional”, explicó.
Además, de acuerdo a Smith, no se especificó cuántos agentes estarán autorizados para ejercer estas nuevas responsabilidades. El memorando solo detalla que recibirán capacitación en leyes y procedimientos migratorios, aunque aún no se define cómo será este proceso.
El presidente de la asociación consideró que los agentes estarán “bajo presión” para asumir tareas adicionales sin la financiación necesaria. También aclaró que tanto él como los oficiales apoyan la reforma migratoria y la aplicación de las leyes en este tema, pero que quieren que se haga de manera adecuada. “En otras palabras, no lo apresuren”, comentó.
