El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) ya está preparado para revisar los fallos de las Cámaras civiles, laborales, comerciales y penales de la justicia nacional, como lo resolvió la Corte Suprema de Justicia, y para demostrarlo esta semana firmará las 14 sentencias que le envió el máximo tribunal, incluida la de la quiebra del Correo que atañe a la familia del expresidente Mauricio Macri.

Los cinco integrantes del Tribunal Superior de Justicia porteña están en la misma sintonía: “Esto no tiene vuelta atrás. La Corte no tomó una decisión improvisada. Hace 25 años que están diciendo esto mismo que resolvieron”, dijo uno de los cinco magistrados porteños.

Los magistrados del Tribunal Superior de la Ciudad son Inés Weinberg, Santiago Otamendi, Alicia Ruiz, Luis Lozano y Marcela De Langhe.

Los jueces quieren resolver las 14 causas que le envió la Corte la semana próxima y por unanimidad para dar una señal de unidad y de que están dispuestos a asumir el desafío de ser los nuevos supremos de todos los casos laborales, comerciales, penales o civiles, dijeron fuentes del tribunal a LA NACION.

La Corte decidió en el fallo “Levinas” que todas las sentencias de las cámaras nacionales deben ser recurridas ante el superior tribunal de justicia porteña, lo que agrega una instancia más a todos los procesos.

Las cámaras nacionales ven en este fallo un avance para el traspaso de la justicia nacional a la ciudad, a lo que se oponen y cuestionan el fallo de la Corte. Dicen que mediante un fallo en un caso no se puede cambiar todo el funcionamiento del sistema judicial y que hace falta una ley. La “rebelión” es rechazada por la Corte y los supremos locales.

Dicen los críticos del fallo que la Corte no tiene facultades para crear una instancia de revisión local para pronunciamientos dictados por tribunales nacionales. No obstante, estas quejas, que ya recibió la Corte, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad van para adelante. Ya se reunieron en un acuerdo la semana pasada e instruyeron a la secretaria general del tribunal que tome medidas para compatibilizar los sistemas informáticos entre la justicia nacional y la justicia porteña. Ya que los fallos de las cámaras nacionales deberían recurrirse ante la justicia de la Ciudad.

Se analizan dos opciones, dijo una alta fuente judicial: la primera es que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad convoque y registre a todos los abogados litigantes en el sistema Eje de la Ciudad. Por el sistema Deox ya hay comunicación entre la justicia porteña y la Corte. La otra opción es que la justicia de la Ciudad pueda acceder al sistema Lex de la justicia nacional y federal que el que usan actualmente los abogados.

En lo inmediato el Colegio de la Abogacía de la Ciudad, que lidera Ricardo Gil Lavedra, se alineó con la decisión de la Corte y en la feria judicial trabajó con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para acordar maneras de que los abogados puedan seguir litigando y que recurran las decisiones, sin que se venzan los plazos y se den por consentidas.

De hecho ya se realizó una capacitación con gente del TSJ de la que participaron unos 100 abogados, de los cerca de 80.000 que están matriculados en el Colegio Público.

Como se prevé que con el comienzo del año judicial caiga una avalancha de reclamos contra los fallos que a diario dictan las cámaras nacionales, es que hastas que se adapten los sistemas, Gil Lavedra, por el Colegio de la Abogacía pidió suspender por cinco días, a partir del primer día hábil de febrero, el plazo para interponer el recurso de inconstitucionalidad, que es el camino para la impugnación, previa a la presentación del recurso extraordinario.

El Tribunal Superior de Justicia porteño dictó la acordada 1 del 2025 en la que hizo lugar a lo que pidieron los abogados en cuanto a la suspensión de plazos hasta el 17 de febrero.

Gil Lavedra envió a los abogados matriculados una carta en la que expone su posición sobre el fallo: “Razones elementales de seguridad jurídica y de respeto al estado de derecho, determinan que la Corte Suprema es el último intérprete de la Constitución Nacional, y que sus decisiones deben ser respetadas, cualquiera sea su acierto”, dijo el exjuez.

Aunque reconoció que en el fallo Levinas firmaron en mayoría Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda (ya jubilado) y Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz en disidencia. “Pero uno de los jueces que formó esa mayoría no integra más el tribunal, con lo que necesariamente la doctrina debe ser ratificada o no por una nueva mayoría, fruto de una integración definitiva o por conjueces”, reclamó.

En medio quedaron los abogados sumergidos en la incertidumbre pues no saben ante quien o cómo recurrir sus fallos con el riesgo de consentir sentencias por no estar en claro cuál es la instancia de revisión.

Esto traerá perjuicios para los abogados y sus clientes, dijo Gil Lavedra, y agregó que los ciudadanos son “los perjudicados”. “Desde el Colegio Público vamos a defender los derechos de las personas, a la abogacía y a la institucionalidad republicana. Reclamaremos a las autoridades políticas y judiciales que se tomen las medidas necesarias para superar este estado de confusión e imprevisibilidad en que se encuentra la cuestión”, sostuvo.

Por lo pronto el Tribunal Superior de Justicia ya tomó las 14 causas que le envió la Corte en apelación. Hay casos de todos los fueros, pero los mas resonantes políticamente son el caso del Correo, que importa a Mauricio Macri y la causa contra el policía Luis Chocobar que mató a un ladrón que robó a un turista extranjero y su condena a dos años fue anulada. Ahora decidirá la “corte porteña”.

El caso del Correo

En el caso del Correo, los accionistas de Socma, la empresa fundada por la familia Macri, recurrieron al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad un fallo que les fue adverso y mediante el cual trataban de recusar a la jueza comercial Marta Cirulli que decretó la quiebra Correo Argentino y a la fiscal Gabriela Boquín que la solicitó porque le reclama una deuda millonaria,

Esta medida hizo que la fiscal comercial Gabriela Boquín los acusara de buscar una justicia amiga y denunció que cometieron forum shopping, al elegir un tribunal mas permeable a sus deseos. Socma rechazó esta acusación y ahora la Corte le dio la razón y habilitó que intervenga el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

Si el tribunal superior de justicia admite la recusación de la jueza Cirulli y de la fiscal Boquín, todas las decisiones que tomaron, incluida la declaración de quiebra del Correo podrían caer y revertirse en favor de los intereses de la empresa.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) es una “corte porteña”, creada cuatro años después de la reforma constitucional de 1994 que dotó de autonomía a la ciudad de Buenos Aires. Está integrado por cinco jueces, que hasta ahora intervenían en asuntos contenciosos locales, como las censarías de empleados públicos o las vacantes escolares, pero que ahora tendrán otro protagonismo al transformarse en tribunal de apelaciones de todas las causas penales que involucren delitos graves no federales, así como todos los casos civiles, comerciales o laborales de la justicia nacional que tramiten en el territorio porteño.

El tribunal tiene una mayoría de jueces ligados a Pro, aunque los ministros que están desde hace más tiempo tienen un origen peronista: Alicia Ruiz, que es de la integración fundacional, y Luis Lozano.

Completan el tribunal Inés Weinberg, que es la presidenta del cuerpo y fue la candidata de Mauricio Macri a ocupar la Procuración General de la Nación; Marcela De Langhe, jueza desde hace mas de 30 años en la ciudad y con una carrera que le permitió fundar el Instituto de Formación de la Policía de la Ciudad por encargo del entonces ministro Guillermo Montenegro, y Santiago Otamendi, que fue secretario de Justicia del expresidente Macri en su presidencia. Los dos últimos arribaron al tribunal en 2019.

Hoy, hay entusiasmo en el Tribunal Superior de la Ciudad ante este nuevo desafío y reconocen el fallo de la Corte como la reivindicación de un viejo reclamo que vienen militando desde hace 30 años, señalaron fuentes judiciales a LA NACION.

Los jueces del TSJ venían reclamando que las causas de la justicia nacional fueran revisadas por ellos. De hecho, el tribunal ya interviene desde hace cuatro años en las decisiones de competencia de la justicia nacional ordinaria entre la Cámara Nacional en lo Civil y la del Trabajo.

Actualmente, hay en la Corte Suprema de Justicia entre 300 y 400 causas con recursos extraordinarios que están esperando ser tratadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, como lo fueron el caso Levinas, el caso Socma o el caso Chocobar.

El tribunal dicta entre 100 y 200 sentencias por mes y firma los miércoles, que es el día en que los cinco magistrados se reúnen en acuerdo. Ahora van a revisar casos de quiebras de empresas radicadas en la ciudad de Buenos Aires, juicios laborales millonarios, casos penales gravísimos. El sueldo de un juez del Tribunal Superior de Justicia es de unos ocho millones de pesos, según el portal del datos abiertos del tribunal, pero es mayor si se tiene en cuenta la antigüedad.