El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, reclamó este sábado que se cumpla con el fallo de la Corte Suprema, dictado la última semana del año pasado, que obliga a que todas las sentencias de la justicia nacional sean revisados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
El pedido del funcionario de Jorge Macri se da un día después de que el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, le solicitara al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, que suspenda la aplicación del fallo.
“Los fallos están para cumplirse”, comenzó en su descargo por redes sociales el ministro porteño, quien luego siguió: “La Corte Suprema fue clara y contundente: terminemos de una vez con el ‘inmovilismo’ y avancemos con las transferencias pendientes para concretar una autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo dispone la Constitución Nacional”.
Así reaccionó al pedido de Casal, quien en un oficio al que accedió LA NACION, marcó que el fallo Levinas, como se identifica el cambio debido a un caso que involucra al periodista Gabriel Levinas, le impedirá “cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos”. Para fijar su postura, marcó que “las normas que rigen las competencias del Ministerio Público Fiscal de la Nación no le otorgan legitimidad procesal para intervenir sino ante tribunales nacionales”. Es decir, los fiscales nacionales no pueden litigar en la Justicia local por lo cual “las fiscalías nacionales no están legalmente habilitadas por la simple razón de que no tienen más competencia que la establecida en la ley” y no están legitimados.
Este pedido de Casal se suma al realizado también por los jueces nacionales penales, civiles, comerciales y laborales. Estos, antes -en la llamada rebelión de los jueces– mostraron su intención de reunirse la semana próxima, cuando comience la actividad tras la feria judicial de verano, para dictar acordadas o fallos plenarios que traben lo decidió por la Corte Suprema.
La decisión tomada por la Corte Suprema representa un avance en el reconocimiento de la autonomía judicial porteña en tanto determina que la “corte local” se convierta en tribunal de alzada de las causas de los jueces civiles, laborales, comerciales y penales de la Justicia nacional con asiento en la ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, los jueces nacionales que resisten e este traspaso lo que consideran es que este movimiento es ilegal debido a que modifica por completo el sistema de funcionamiento del Poder Judicial a partir de la definición de una causa determinada.
El fallo “Levinas”
El caso testigo que funcionó como puntapié para esta modificación alude a la acción judicial iniciada por los herederos del artista plástico León Ferrari contra el periodista Gabriel Levinas. En esa causa, la Justicia civil condenó a Levinas a rendir cuentas, en forma documentada, de la gestión realizada para la exhibición y venta de obras de arte de Ferrari. La Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó ese fallo y lo condenó a abonar US$88.000, más intereses desde 2010.
Contra ese fallo, Levinas presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, recurrió a la Justicia porteña.
La Cámara Civil hizo saber que el recurso de inconstitucionalidad deducido no existe en su Código Procesal, que es nacional. El caso fue a la Corte y Suprema de Justicia. Ahora la Corte habilitó la intervención del Tribunal Superior de Justicia para decidir.
