El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunió a más de 60 intendentes para anunciar una nueva demanda contra el gobierno nacional por el recorte de fondos del Pacto Fiscal del 2017 y su actualización del 2023. Además, también aseguró —y fue lo más atractivo para los intendentes— que coparticipará el 16% de los fondos que lleguen a recuperar de las ocho demandas que Buenos Aires inició desde 2024 a esta parte contra la administración de Javier Milei y que por ahora se encuentran en estudio en la Corte Suprema de Justicia.
La decisión es una respuesta política que planteó el mandatario provincial, acaso como respuesta a la batería de proyectos de ordenanzas que La Libertad Avanza presentó en los distintos concejos para intervenir en el esquema de tasas municipales. Al acto de este jueves fueron invitados los 135 intendentes. Asisiteron 62. Los del PRO -con la excepción de María José Gentile de Nueve de Julio- rechazaron el convite. Tampoco se hicieron presentes en La Plata distintos jefes comunales del peronismo de distritos de peso como Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Achával (Pilar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gastón Granados (Ezeiza), Eva Mieri (Quilmes), Fernando Moreira (San Martín), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno). Algunos de ellos plantearon problemas de agenda como la quilmeña, Fernández y Menéndez. Los últimos dos transitan momentos de conmoción en sus distritos tras los incendios y explosiones en depósitos.
Sí fue una comitiva de intendentes de la UCR. Por el peronismo, referentes tanto del Frente Renovador como de La Cámpora, además de quienes reportan en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), también se hicieron presentes.
Los intendentes aplaudieron con cierta efusividad cuando Kicillof anunció que iría a coparticipar los fondos que pueda llegar a recuperar y vayan al Fondo de Recupero creado en el Presupuesto bonaerense 2026. Se trata de fondos que no eran coparticipados, pero ahora -de aparecer- una parte irá a las cajas municipales. Sin embargo, todo está atado a la voluntad de la Corte Suprema; que el máximo tribunal falle favorablemente y que luego, efectivamente, la Nación termine por girar los recursos.
Por lo pronto, fuentes del Ejecutivo bonaerense, dejaron trascender que en las últimas horas la Nación habilitó un endeudamiento por $1 billón.
En su discurso, Kicillof volvió a confrontar contra la política económica de Javier Milei y caracterizó: “Las finanzas municipales y provinciales, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, están atravesando una crisis originada por tres situaciones: lo que el Estado nacional ha dejado de hacer; lo que nos ha quitado; y la caída de la recaudación como consecuencia de sus políticas de ajuste. El resultado es concluyente: con menos recursos tenemos que dar respuestas a necesidades que crecen a medida que el Gobierno nacional deserta de sus funciones y la situación económica se deteriora”.
Ahora, en caso de que obtener fallos favorables, los intendentes deberán adherir vía sus concejos deliberantes al Fondo de Recupero establecido en el Presupuesto bonaerense. Así lo anunció el mandatario provincial: “A pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables, convocamos a los intendentes a adherir a una normativa que nos permita coparticipar lo recaudado en el Fondo de Recupero de las Deudas del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires. En este momento tenemos siete denuncias en la Corte Suprema, de las cuales solo se excluirá lo que corresponda al FONID, que es un derecho de los trabajadores de la educación”.
En lo procedimental, como contó Infobae, Buenos Aires cree que puede tener un fallo favorable en una de las demandas presentadas ante la Corte. Se trata del reclamo por la deuda previsional que mantiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La demanda provincial se articula como el cuestionamiento más fuerte y concreto al recorte dispuesto desde la Casa Rosada a partir del Decreto 280/2024, que derogó los artículos 92, 93 y 94 de la Ley 27.701. Esos artículos garantizaban la transferencia automática de fondos nacionales a las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas al sistema nacional. El impacto presupuestario del recorte fue inmediato en Buenos Aires, que sostiene que la Nación no está cumpliendo con sus obligaciones legales. La gestión de Kicillof busca revertir esa decisión y restablecer el mecanismo, argumentando que el perjuicio “no es solamente fiscalmente para la provincia de Buenos Aires”, sino que compromete la sustentabilidad de su Caja de Jubilaciones.
La semana pasada hubo una audiencia entre las partes y el próximo 21 de abril se volverán a ver las caras los representantes bonaerenses y de la Nación. “Mientras hay un intento deliberado de parte del Gobierno nacional por transferir la crisis a provincias y municipios, quiero agradecer el enorme esfuerzo que hacen los intendentes de todos los partidos políticos para hacer frente a una situación tan compleja. Sabemos lo que estamos enfrentando y estamos convencidos de que hay que seguir por este camino: los municipios y la Provincia no les vamos a dar la espalda a los bonaerenses que sufren necesidades”, planteó Kicillof este miércoles.
