El caso del abogado argentino Germán Darío Giuliani fue llevado hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con un pedido de medidas cautelares urgentes contra el Estado venezolano, en una presentación que denuncia desaparición forzada, torturas y graves violaciones a los derechos humanos.
La solicitud fue realizada por su esposa, María Virginia Rivero, a través del abogado Diego Armesto, y sostiene que Giuliani permanece detenido desde mayo de 2025 en condiciones de incomunicación, sin acceso a defensa privada ni asistencia consular, y con un deterioro físico y psicológico progresivo.
A ese proceso se sumó la intervención de la diputada nacional Karina Banfi, quien acompañó a la familia a través de la ONG Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, un espacio que integra junto a Elisa Trotta, Waldo Wolff y Graciela Fernández Meijide. Según explicó, el caso presentaba un cuadro de desprotección institucional, especialmente por la ausencia de una medida cautelar ante la CIDH, el mecanismo central para activar la intervención del organismo en situaciones de violaciones de derechos humanos.
La presentación formal fue realizada hoy, tras una semana de gestiones en Washington. Allí, Banfi mantuvo reuniones con autoridades de la Comisión Interamericana y avanzó en la preparación del expediente. A su regreso al país, articuló con el abogado Diego Armesto y con la ONG para estructurar la medida cautelar que finalmente fue presentada, con el objetivo de individualizar el caso dentro del sistema interamericano y habilitar mecanismos de protección específicos.
“A Germán Giuliani lo detuvo el régimen de Venezuela por ser argentino. Lo están usando de moneda de cambio siendo el único argentino detenido en carácter de preso político. Esta medida cautelar es un seguro de vida, no sabemos qué le puede pasar, mientras siga detenido en manos de la dictadura”, sostuvo Banfi, en diálogo con Infobae.
La presentación ante la CIDH no forma parte de la estrategia de la Cancillería, sino que corresponde a acciones que impulsan familiares y organizaciones de derechos humanos. El Gobierno argentino colabora con la familia y existe conformidad con esas gestiones, aunque su margen de acción es limitado por la falta de relación directa con el régimen venezolano, lo que obliga a canalizar contactos a través de terceros países, principalmente Estados Unidos.
La medida cautelar fue impulsada mediante un esquema mixto entre la familia y una organización no gubernamental, con el objetivo de reforzar la legitimidad del caso y consolidar su caracterización como detención política sin sustento penal. Esa articulación permitió formalizar el expediente en un contexto en el que organizaciones como Foro Penal ya identificaban a Giuliani como un preso político dentro del universo de detenidos en Venezuela.
El pedido ante la CIDH se sustenta en los requisitos del artículo 25 de su reglamento. La presentación plantea la gravedad del caso, al tratarse de la detención y desaparición de un ciudadano argentino sin comunicación con su familia ni acceso a asistencia consular, en una situación que pone en riesgo su vida e integridad física. También señala la urgencia de la intervención, dado el tiempo transcurrido sin información sobre su paradero y estado de salud. Y advierte sobre el daño irreparable que implica la privación ilegítima de la libertad, el aislamiento forzado y la incomunicación sostenida, que afectan de manera irreversible sus derechos fundamentales.
Giuliani fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en aguas del estado de Anzoátegui, mientras navegaba en una embarcación junto a ciudadanos venezolanos. Había viajado al país por un contrato comercial temporal.
Durante los doce días posteriores no hubo información oficial sobre su paradero. Ese período es caracterizado en la denuncia como desaparición forzada, una figura que implica la detención por parte de agentes estatales seguida de la negativa a reconocerla o informar sobre la situación de la víctima.
Recién luego de ese lapso se confirmó que estaba recluido en el Comando Militar de Las Acacias, un centro asociado a la detención de presos políticos, y posteriormente fue trasladado al penal de Yare II.
El documento señala que desde el inicio del proceso no se respetaron garantías básicas del debido proceso. Giuliani no fue presentado ante un juez en tiempo razonable, no tuvo acceso a defensa técnica independiente y nunca recibió asistencia consular, pese a los intentos reiterados de su entorno.
Las imputaciones en su contra —terrorismo y narcotráfico— fueron difundidas públicamente por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello. Sin embargo, la familia sostiene que no existen cargos formales ni pruebas que respalden esas acusaciones.
Uno de los ejes centrales de la denuncia refiere a las condiciones de detención. Los familiares reportan que el contacto es extremadamente limitado, con llamadas breves, esporádicas y bajo supervisión, sin posibilidad de verificar su estado de salud real.
A esto se suman denuncias de torturas físicas durante los interrogatorios, incluyendo golpes, coerción para firmar declaraciones y prácticas de aislamiento prolongado.
El testimonio del periodista venezolano Ramón Centeno, incorporado en la presentación, describe un patrón sistemático de violencia: interrogatorios reiterados, presiones para incriminar a dirigentes opositores y amenazas directas de desaparición. También detalla su paso por un centro de tortura conocido como “El Tigrito” y su posterior traslado.
El aislamiento se mantuvo en el tiempo. La familia sostiene que durante meses no hubo comunicación y que las condiciones de detención incluyen incomunicación, restricciones alimentarias y deterioro físico y psicológico.
El caso también incorpora un componente político. Tras la liberación del gendarme Nahuel Gallo —que estuvo detenido 448 días— Giuliani quedó como el único argentino privado de su libertad en Venezuela, lo que incrementó la presión diplomática.
En ese contexto, su detención es interpretada por su entorno y por organizaciones de derechos humanos como parte de una lógica de utilización de extranjeros como fichas de negociación en conflictos diplomáticos.
A nivel internacional, el caso ya fue expuesto por el gobierno argentino ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se exigió su liberación inmediata y el respeto de sus derechos fundamentales.
La presentación ante la CIDH introduce ahora un cambio en el expediente. La medida cautelar permite individualizar el caso dentro del sistema interamericano, habilita un seguimiento específico y abre la posibilidad de intervenciones más incisivas, como una eventual visita in loco (presencial) para verificar la situación de los detenidos.
El movimiento también implica una escalada política. El caso deja de ser exclusivamente bilateral y pasa a formar parte de la agenda de la Organización de los Estados Americanos, donde se articula con el seguimiento regional de presos políticos en Venezuela.
Hoy, Giuliani es el único ciudadano argentino que permanece detenido en ese país. La resolución de la CIDH será determinante para establecer si el caso avanza hacia una instancia de mayor presión internacional en uno de los episodios más sensibles de la relación entre Argentina y Venezuela.
