“Recuerdo el ruido del portón, cuando lo abrieron y se metieron con el auto”. Así es el testimonio de una de las víctimas del terrorismo de estado, impreso en un cartel que pende del techo en la entrada del centro de memoria Virrey Cevallos e inmortaliza la historia del lugar. Allí mismo, otro cartel con la firma de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) retrata su presente: “No a los despidos”.

Virrey Cevallos es uno de los centros de memoria afectados por el recorte de personal escalonado que dispuso el Gobierno nacional. “Ya en marzo de 2024 empezaron los despidos”, afirmó uno de los trabajadores del edificio emplazado en el barrio porteño de Monserrat. Pese a haber sido desvinculado a fin de año, todavía se presenta en el sitio y, en un patio cubierto, aguarda la llegada de visitantes a la casa que fue sede de la represión ilegal de la Fuerza Aérea.

Sobre el piso desnivelado de baldosas rotas y mojadas, montó una improvisada recepción con una antigua mesa ratona y dos sillas de escritorio, cuya tela comienza a desgastarse. Desde allí, tiene una amplia vista de la habitación donde se realizan los interrogatorios ilegales. Donde décadas atrás podían oírse gritos y declaraciones desesperadas, hoy reina la quietud, pero no la calma. Sus trabajadores se mantienen en alerta.

En todos sus espacios, impera un silencio que solo se atreve a quebrar el aleteo lejano de algunas palomas y el crujir del piso de madera cuando los visitantes se aventuran entre los rostros y nombres de quienes estuvieron detenidos. Junto a los testimonios exhibidos, son vívidos reflejos del horror que allí se vivía y cuya memoria pretenden mantener viva sus trabajadores.

Aunque actualmente el sitio de derechos humanos cuenta con solo tres empleados, continúa en funcionamiento gracias a que algunos de los trabajadores desvinculados aún cumplen sus tareas de manera voluntaria. “Por más que estemos despedidos venimos a cuidar el lugar, a limpiar, a abrir el espacio”, explicó. “Antes había una empresa de limpieza, pero a partir de julio no la mandaron más. Nosotros nos hacemos cargo de limpiar a la mañana, entre dos compañeros”.

Según relató el trabajador a LA NACION, son ellos quienes se encargan a diario de barrer, recoger el excremento de las aves o ratas que se pasan por el lugar cuando está cerrado o sacar las telarañas que se puedan formar. En definitiva, de poner en condiciones un sitio que, por su valor pedagógico, cultural y de investigación en materia de crímenes de lesa humanidad, debería ser preservado.

El fallo del juez Lijo

Victoria Montenegro, la legisladora porteña de Unión por la Patria, decidió presentar un pedido judicial ante el juez federal Ariel Lijo -que falló favorablemente- para que, además de lograr la reincorporación de los trabajadores despedidos, el Gobierno nacional se ocupe de la preservación y mantenimiento de las estructuras edilicias de los centros de memoria.

“En el [Club] Atlético (un centro de detención ubicado en Paseo Colón 1266), desde hace más de un año que no se lleva adelante la limpieza del techo. Ese sitio es un lugar donde todavía se está excavando. Cada vez que llueve se desbordan los techos y todo el material a recuperar que está debajo corre riesgo. Por eso es tan importante el pronunciamiento de la Justicia para poder preservar sitios que siguen siendo prueba judicial”, dijo a este medio la denunciante y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento local.

En la misma línea, otro extrabajador de Virrey Cevallos -cuyas paredes están atravesadas por grietas profundas y desprendimientos de pintura- destacó un reciente episodio. “Anteayer, por la falta de mantenimiento, de obra, de preservación, se cayó uno de los cielos rasos del sitio histórico de Automotores Orletti (otro excentro clandestino de detención)”, señaló. “El deterioro está avanzando de manera significativa, con lo cual está en peligro la preservación de las pruebas judiciales, más allá de los sitios en sí que son lugares de transmisión de memoria”, agregó.

Además de la reducción de personal y el daño edilicio, los centros de memoria enfrentan otro desafío: el financiamiento limitado. Según consignó un empleado del centro de Monserrat, la última vez que recibieron dinero del Estado fue antes de que finalizara el mandato del expresidente Alberto Fernández y el monto recibido por aquel entonces no alcanzaba para solventar gastos básicos. “El último presupuesto que recibimos fue de $8000 para todo. Eso no alcanzaba ni para pagar una lamparita que se quemó”, sostuvo.

Ante las dificultades, quienes desempeñan tareas en los sitios de memoria reclaman por la apertura al diálogo de parte de las autoridades políticas, un problema que precede a la asunción de Javier Milei. “Hace once años que no se acerca un funcionario”, denunció el trabajador, que ahora espera una mejora en la comunicación con el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Ambos fueron denunciados por incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos por la legisladora Montenegro, quien prevé que la Justicia se expedirá en febrero.