En el marco de la reestructuración de IOSFA, la obra social de los militares y de los agentes de seguridad, que está en proceso de disolución para pasar a otras dos entidades que se ocupen de cada sector por separado, el Gobierno dispuso también el traspaso de todos los inmuebles involucrados a esa institución, aunque asegura que no se van a vender para pagar la deuda acumulada.
Hasta el momento, todos los edificios donde funcionaba la prestadora de servicios médicos dependían de las Fuerzas Armadas, pero tras los cambios, se decidió que pasen a la órbita del Ministerio de Defensa.
Se trata de un total de 44 establecimientos, entre hoteles y oficinas administrativas, que ahora pasarán a estar en manos del titular de esa cartera, teniente general Carlos Presti.
Así se dispuso en el Decreto publicado meses atrás, a partir del cual se ordenó la eliminación de IOSFA para dar lugar a la flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
Ambos organismos contarán con una estructura financiera basada en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas y aranceles de adherentes, ingresos por ventas de activos, recursos asignados por la Ley de Presupuesto Nacional y donaciones.
En cuanto a los inmuebles, para que queden dentro de la estructura del Ministerio de Defensa, fueron inscriptos en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que dio lugar a versiones sobre posibles ventas de estos activos.
Al respecto, fuentes de OSFA aseguraron a Infobae que “no se va a rematar ninguno de los edificios involucrados” y que el cambio de manos “es solo una cuestión jurídica”.
“Para nosotros es algo claro, como ahora ya no dependen de las Fuerzas Armadas, sino de un Ministerio, tiene que intervenir AABE, pero no se va a pagar la deuda con eso”, remarcaron.
La entidad tiene un pasivo de unos 200 mil millones de pesos contraída en los últimos años, lo que generó complicaciones para los afiliados y falta de prestaciones.
Sin embargo, para solucionar este conflicto las autoridades apuestan a la Comisión Especial Ad-Hoc que también se creó —con representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía— y que supervisará todo el proceso de transición.
A través de un comunicado, la cartera de Presti sostuvo que se está llevando adelante un “plan de ordenamiento patrimonial destinado a mejorar la eficiencia en la administración de los recursos”. Este proceso se desarrolla con el objetivo de organizar los activos de la institución bajo los nuevos lineamientos operativos.
Según el texto, el proceso técnico contempla el “relevamiento e inventario de bienes muebles”, así como su posterior “transferencia programada a la nueva estructura”.
Estas acciones se realizan en comunicación constante y “en coordinación con las Fuerzas Armadas”, asegurando que el traspaso de los elementos operativos se realice de manera ordenada entre ambas entidades.
Respecto a la propiedad de los activos de mayor envergadura, el Ministerio ha definido una postura clara: los “bienes inmuebles permanecerán bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa”.
Esta decisión tiene como fin el “resguardando su función institucional y su carácter estratégico”, integrándose en una política que “garantiza su permanencia dentro de la órbita del propio Ministerio”.
Un punto central de la transición, que comenzó el 5 de febrero del presente año conforme a lo dispuesto por el “DNU 88/2026”, es la situación de las unidades de turismo. Los establecimientos hoteleros que actualmente administra el IOSFA “están siendo incorporados a la OSFA” como parte de este reordenamiento.
El futuro de estos complejos quedará en manos de la conducción de la nueva obra social. El propio directorio de OSFA, que cuenta con “representantes de las tres Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)”, será el organismo que tendrá un “rol decisivo en el destino futuro y modalidad de gestión de esos establecimientos”.
El Ministerio de Defensa subrayó que el plan de transición mantiene la “prioridad puesta en la cobertura de salud de los afiliados”. Bajo esta premisa, las autoridades competentes analizan distintas alternativas para “optimizar el funcionamiento de los hoteles, garantizar su uso y promover una gestión más eficiente y sustentable”.
Finalmente, el organismo aclaró que no se han tomado determinaciones definitivas sobre los modelos de explotación de estos servicios, ya que las “definiciones finales surgirán de los estudios en curso”. Los resultados de estos análisis técnicos y operativos “serán comunicados oportunamente” a través de las vías oficiales de la institución.
