El Registro Nacional de Armas (RENAR) autorizó la destrucción completa de 13.446 chalecos antibalas vencidos de la Policía de la provincia de Santa Fe, un procedimiento que, según los expedientes generados por el propio organismo, constituye el primero de este tipo que se concreta entre todas las fuerzas de seguridad del país.
La medida expone un problema que el Estado arrastra desde hace más de una década: la acumulación, sin destrucción efectiva, de entre 300.000 y 500.000 chalecos vencidos en depósitos de organismos públicos de toda la Argentina.
La cifra no es arbitraria. Es el cálculo estimativo que circula en el organismo a cargo de Jua Pablo Allan. El número exacto de chalecos en esas condiciones, y que se acumulan en depósitos de los organismos de seguridad se desconoce porque no todas las fuerzas y agencias de seguridad privada lo han reportado ante el organismo regulador.
Parte de ese material dado de baja ya fue hallado en circuitos ilegales, en manos de organizaciones criminales.
Una deuda regulatoria de casi una década
El RENAR, que hasta julio de 2025 se llamaba Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), tiene la potestad exclusiva y excluyente en todo el territorio nacional para autorizar y fiscalizar la destrucción de materiales controlados, conforme lo establece el artículo 5° inciso 3° de la Ley 27.192, sancionada el 22 de octubre de 2015. Sin embargo, durante más de nueve años esa función no se reglamentó de manera efectiva, según indicaron fuentes del organismo a Infobae.
Los chalecos antibalas que utilizan las fuerzas de seguridad tienen una duración certificada de cinco años, plazo fijado por el RENAR y garantizado por los propios fabricantes. Cumplido ese período, las unidades deben retirarse porque ya no puede asegurarse el nivel de protección original, aunque en buena parte de las fuerzas esa baja efectiva no llega a concretarse. Una auditoría interna del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizada en 2024 cuando Patricia Bullrich encabezaba la cartera, detectó que Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina sumaban 76.812 chalecos, de los cuales 49.159 estaban vencidos, el 64% del total.
Hasta ahora no existía una norma que permitía a los legítimos usuarios, como las jurisdicciones de las que dependen las fuerzas de seguridad de todo el país tramitar la destrucción de los denominados material de usos especiales (M.U.E), como Chalecos antibalas y otras protecciones corporales; Cascos antibalas y, entre otros transparente antibalas. Por esa razón, se acumulaban cientos de miles de estos materiales en galpones y depósitos que, muchas veces, por no estar bien resguardados, terminaban en manos de los delincuentes.
También se creó un registro especial para las plantas para destrucción de M.U.Es. Estas deben cumplir una serie de requisitos y estar habilitadas y supervisadas por el RENAR y deben utilizar alguno/s de los siguientes métodos:
A. Corte: las tiras resultantes del mismo no podrán ser mayores a 10 cm de ancho por el largo del M.U.Es. para los opacos, transparentes, placas para incrementar nivel en chalecos antibalas y cascos. Respecto de los chalecos antibalas se podrán cortar los paneles balísticos y fundas por la mitad.
B. Deshilado: se debe garantizar que la totalidad del panel sometido a este proceso quede en forma de vellón o hilos separados de su confección original.
C. Triturado: el residuo resultante no debe superar los 25 cm2.
D. Fundición: La totalidad del material sometido a este proceso debe quedar disuelto.
E. En caso de proponer otro método el mismo debe ser superador a los anteriores, adecuado a la normativa vigente respecto del medio ambiente y será evaluado por el área técnica competente para su aprobación.
En todos los casos se deberá garantizar que las etiquetas identificatorias del M.U.E. queden destruidas.
El proceso de destrucción de M.U.Es. deberá contar con el aval de un profesional independiente habilitado por los organismos de protección ambiental competentes, que certifique que el mismo se realizará para proceder a la disposición final de los materiales controlados.
Dos órdenes de destrucción que nunca se cumplieron
Antes del caso santafesino, el organismo había dispuesto otras dos destrucciones que quedaron truncas. En 2021, la disposición DI-2021-59-APN-ANMAC#MJ ordenó eliminar 3.446 chalecos defectuosos elaborados por Fabricaciones Militares y entregados a la Policía de la provincia de Buenos Aires. Un año después, la disposición DI-2022-129-APN-DNAAJYM#ANMAC alcanzó a un nuevo lote, esta vez de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En ambos casos las órdenes no llegaron a ejecutarse porque el país no contaba con la capacidad tecnológica necesaria.
El faltante de equipamiento en condiciones no se limita a las fuerzas federales. La Policía de la Ciudad retiró 6.147 chalecos vencidos o deteriorados; la provincia de Córdoba incorporó 17.000 unidades nuevas ante un faltante operativo y Entre Ríos repuso 1.300 después de admitir que la mayoría de los chalecos en uso ya había cumplido su vida útil. El entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció en septiembre de 2024 que, hasta el 10 de diciembre de 2023, “los policías usaban chalecos vencidos”, al anunciar la incorporación de 19.700 unidades nuevas para las fuerzas federales.
El marco legal que finalmente reglamentó la destrucción
El primer paso normativo lo dio la entonces ANMAC con la Resolución 135/2019, publicada en el Boletín Oficial el 6 de agosto de 2019, que creó el Registro de Plantas de Disposición Final de Chalecos Antibalas y exigió que solo pudieran inscribirse en él empresas con tecnología adecuada y experiencia comprobable en la fabricación de estos materiales.
El propio texto reconoció que, hasta ese momento, los usuarios legítimos debían acumular chalecos vencidos sin poder destruirlos, lo que generaba “un perjuicio al tenedor legítimo” y aumentaba “el riesgo potencial de sustracción debido a la acumulación de tales elementos”.
Cinco años más tarde, la Resolución 145/2024 reglamentó los métodos técnicos admitidos para la destrucción: corte, deshilado, triturado y fundición, todos orientados a impedir la reutilización de paneles, etiquetas y fundas, con la obligación de garantizar la trazabilidad del proceso mediante un certificado final.
La norma habilitó, además, un registro único de Usuarios Comerciales (UCOM) en el que hoy figuran inscriptas diez firmas y organismos: Metalúrgica Oliva Hnos. SA, Interservit SRL y FC Group SRL, las tres con sede en la provincia de Buenos Aires; ASP Blindaje SA, radicada en Entre Ríos; Tecnología Antibalas SA, también en Buenos Aires; Flash Importaciones SRL, igualmente bonaerense; Indram SA, única inscripta en San Juan; y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a través de su Facultad Regional Buenos Aires, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Trece expedientes para completar el lote de Santa Fe
La autorización para destruir los chalecos de la Policía de Santa Fe se construyó a partir de trece expedientes electrónicos caratulados por la Dirección Nacional de Registro y Delegaciones del RENAR bajo la sigla ANMAC, identificados entre el EX-2026-72238301 y el EX-2026-72959824. Once de esos trámites corresponden a notas sucesivas, de la primera a la undécima, sobre la destrucción del lote original, mientras que los dos últimos formalizan una ampliación del 20% sobre el volumen inicial. La sucesión de notas remitidas en un lapso breve, todas caratuladas bajo la fórmula genérica “destrucción de chalecos de protección balística”, da cuenta de un trámite fragmentado en tandas hasta completar el total de 13.446 unidades.
Chalecos vencidos en manos de bandas criminales
La acumulación de chalecos antibalas vencidos sin destrucción efectiva ya derivó en episodios de sustracción documentados en causas judiciales. En febrero de 2026, el armero de una banda de sicarios conocido como “El Negro Juan” fue detenido en Córdoba con un chaleco antibalas de la Policía provincial, una ametralladora de fabricación israelí y otras armas.
Especialistas consultados por Infobae advirtieron que los paneles balísticos conservan parte de sus propiedades protectoras después del vencimiento, por lo que pueden reutilizarse o emplearse de manera clandestina para fabricar nuevos paneles, blindajes, escudos o chalecos si no son destruidos con el método adecuado.
Qué dijeron desde el RENAR
Consultado por Infobae, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva lo explicaron así: “Al inicio de la actual gestión se le encomendó al Director Ejecutivo del RENAR, Juan Pablo Allan, resolver un problema de décadas, la destrucción de chalecos antibalas vencidos. De acuerdo con la ley 27.192 (Ley de Creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados – ANMaC), art. 5º inc. 3º son funciones y atribuciones de dicho organismo, con carácter exclusivo y excluyente, la destrucción de materiales controlados, entre los que se encuentran los chalecos antibalas. En los más de 9 años que habían transcurrido desde su publicación en el Boletín Oficial (22/10/15) no se había regulado la destrucción de materiales de usos controlados, lo que generó una acumulación especialmente de chalecos antibalas vencidos del orden de entre los 300.000 a 500.000 (parámetros estimados por falta de información consolidada de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, policías y usuarios comerciales, que se fueron acumulando). Es importante destacar que el único organismo que puede autorizar y fiscalizar la destrucción de materiales de usos especiales es el RENAR”.
Desde la cartera de Seguridad también se recordó que: “Finalmente, en octubre de 2024 se sancionó la Resolución 145/2024 de la entonces ANMAC, hoy RENAR, que regula todo lo vinculado con la destrucción de chalecos antibalas y demás materiales controlados como cascos, placas balísticas, etc. A raíz del dictado de la misma, han iniciado trámites para la autorización de destrucción de chalecos antibalas la Policía de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Pilar y tres usuarios colectivos (agencias de seguridad), y para la destrucción de vehículos blindados han iniciado trámite el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y un usuario colectivo”.
La posición bonaerense
Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso, confirmaron a este medio la magnitud del stock acumulado en la jurisdicción que concentra la mayor cantidad de efectivos policiales del país y el inicio de un proceso propio de destrucción. La respuesta textual fue la siguiente:
“El Ministerio de Seguridad posee 207.000 chalecos anti balas vencidos en situación de guarda desde el año 2015, hasta la fecha. El RENAR estableció normas y habilito empresas para la destrucción de chalecos, las cuales se encuentran descriptas en las normativas del RENAR que describe el procedimiento y las entidades autorizadas a la disposición final de chalecos antibalas vencidos”.
Los funcionarios de Axel Kicillof consultados por este medio precisaron que: “El Ministerio de Seguridad firmó un convenio con la UTN, para la destrucción progresiva de los chalecos vencidos generando un hito en la historia de la gestión de rezagos de materiales especiales controlado”. Y adelantaron que “el proceso administrativo y operativo se inició el 2 de agosto de 2026 y se va a extender hasta la destrucción del último material controlado”.
La cartera de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Horacio Alberto Giménez, ofreció su lectura sobre el proceso en su jurisdicción. Según explicaron a Infobae: “Los chalecos antibalas vencidos en la Ciudad se encuentran a resguardo en depósitos policiales, por lo que hoy no es una prioridad iniciar ese proceso. En la Ciudad no hay chalecos vencidos en circulación en la calle”. No se informó el número de chalecos vencidos y dónde están depositados por “una cuestión de seguridad”. También dijeron que cada chaleco tiene un número único para “seguir la trazabilidad”.
Una de las empresas habilitadas por el RENAR para la destrucción del material de usos especiales se hará cargo de la destrucción de los chalecos antibalas de la provincia de Santa Fe.
Con la normativa vigente, la capacidad técnica instalada y el precedente de Santa Fe en marcha, la eliminación de los stocks acumulados en fuerzas federales, provinciales y municipales queda condicionada a que cada jurisdicción inicie su propio trámite ante el RENAR, organismo que mantiene la potestad exclusiva y excluyente en todo el territorio nacional para autorizar y fiscalizar este tipo de procedimientos.
Fuentes de la cartera de Seguridad de la Nación consultadas por Infobae remarcaron que una política de seguridad resulta efectiva cuando contempla ese ciclo completo. Según indicaron, un gobierno que adquiere chalecos de alta calidad, pero no planifica su descarte y destrucción segura deja el trabajo a medias: “Acumula material que se degrada, incurre en costos de almacenamiento, aumenta el riesgo de desvíos y contribuye, de manera involuntaria, a alimentar circuitos delictivos”.
