A cuatro años del intento de asesinato de Cristina Kirchner, el peronismo prepara para este martes 1° de septiembre una doble acción política destinada a volver a colocar el atentado en el centro de la discusión pública: difundirá un documento firmado por partidos y espacios políticos afines con fuertes cuestionamientos a la investigación judicial y realizará una concentración frente al departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.
Según pudo saber Infobae, en las próximas horas el documento será difundido. Sus organizadores trabajaban este lunes en los últimos detalles del texto y en la recolección de las adhesiones. A diferencia de otras solicitadas, la intención no es acumular cientos de firmas individuales de legisladores, intendentes o dirigentes, sino darle una representación institucional a través de partidos y agrupaciones políticas.
El PJ será el núcleo de la convocatoria, pero se espera que adhieran fuerzas aliadas y sectores que están por fuera de la estructura formal del peronismo. Entre los organizadores descuentan la participación de sectores del radicalismo y de espacios vinculados políticamente a Miguel Ángel Pichetto y Guillermo Moreno, además de agrupaciones que forman parte del universo político que acompaña a Cristina Kirchner.
El eje central del documento será el cuestionamiento a la investigación sobre los eventuales instigadores o financistas del intento de asesinato. El planteo se produce cuando la autoría material del atentado ya fue juzgada: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron condenados por el ataque cometido la noche del 1° de septiembre de 2022.
En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor del intento de homicidio y a Uliarte a ocho años como partícipe necesaria. Por la unificación con condenas anteriores, las penas quedaron establecidas en 14 años para Sabag Montiel y ocho años y dos meses para Uliarte. Ambos permanecen detenidos y cumplen sus condenas en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Nicolás Gabriel Carrizo, el tercer acusado que llegó al juicio, fue absuelto.
La discusión judicial sobre las penas todavía continúa. Las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta recurrieron la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal y reclamaron elevarlas a 15 años para Sabag Montiel y 14 para Uliarte. También solicitaron que se incorporen los agravantes de alevosía y violencia de género en la modalidad de violencia política, que no fueron admitidos por el tribunal oral.
El cuestionamiento político que buscará instalar el kirchnerismo en el cuarto aniversario, por lo tanto, no estará centrado en la responsabilidad de quienes ejecutaron el ataque sino en lo que considera una investigación insuficiente sobre una eventual trama detrás de ellos.
Desde prácticamente el comienzo del expediente, Cristina Kirchner y sus abogados sostienen que la Justicia no profundizó adecuadamente las líneas destinadas a establecer si Sabag Montiel y Uliarte actuaron exclusivamente por cuenta propia o si existieron instigadores, financistas o autores intelectuales.
El documento que se conocerá en las próximas horas retomará ese reclamo y también incluirá cuestionamientos por lo que los sectores que respaldan a la expresidenta consideran un contexto de persecución política y judicial.
La segunda actividad prevista para este martes será una concentración frente a San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. La convocatoria está prevista para la tarde, entre las 17 y las 18, aunque los organizadores todavía terminaban de definir los detalles.
Se espera allí la presencia de militantes, dirigentes políticos y personas que concurran de manera individual. Los organizadores trabajan además con la posibilidad de que el documento sea leído durante la concentración.
La elección de San José 1111 le agrega otra dimensión política al cuarto aniversario. Cristina Kirchner ya no reside en el departamento de Recoleta frente al cual ocurrió el atentado. Cumple prisión domiciliaria en Constitución por la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.
De ese modo, la movilización reunirá dos reclamos que el kirchnerismo viene sosteniendo alrededor de la figura de la expresidenta: el pedido por el esclarecimiento completo del atentado y la denuncia de una persecución judicial contra la exmandataria.
La noche del atentado
El ataque ocurrió el jueves 1° de septiembre de 2022 frente al edificio de Juncal y Uruguay, en Recoleta, donde entonces vivía Cristina Kirchner.
Desde hacía varios días, militantes y simpatizantes se concentraban en las inmediaciones para respaldarla después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaran una condena de 12 años de prisión en el juicio por la obra pública de Santa Cruz.
Esa noche, la entonces vicepresidenta regresó a su domicilio y se acercó a saludar a las personas que la esperaban.
Entre la multitud estaba Sabag Montiel. Cuando Cristina Kirchner se encontraba inclinada hacia un grupo de simpatizantes, el hombre se acercó, levantó una pistola Bersa calibre .32 a centímetros de su cabeza y accionó el gatillo.
El disparo no salió.
La secuencia quedó registrada por cámaras de televisión y teléfonos celulares: el arma frente al rostro de la entonces vicepresidenta, su movimiento hacia abajo y la reacción de las personas que rodearon y redujeron al atacante.
La pistola tenía cinco proyectiles en el cargador, aunque no había una bala alojada en la recámara.
Sabag Montiel fue detenido inmediatamente. Pocos días después quedó detenida Brenda Uliarte, su entonces pareja, que también había estado en las inmediaciones del edificio durante el ataque.
La investigación de los teléfonos celulares, las conversaciones entre los acusados y la reconstrucción de sus movimientos permitió establecer que el ataque no había sido una decisión espontánea tomada aquella noche.
Durante el juicio oral, Sabag Montiel reconoció expresamente que había querido matar a Cristina Kirchner.
El expediente alcanzó inicialmente a otras personas. Entre ellas estuvieron Agustina Díaz, amiga de Uliarte, y Nicolás Gabriel Carrizo, vinculado al grupo de vendedores de copos de azúcar al que pertenecían algunos de los involucrados y que terminó siendo conocido públicamente como “la banda de los copitos”.
Díaz quedó finalmente desvinculada del tramo que llegó a juicio. Carrizo fue juzgado junto con Sabag Montiel y Uliarte, pero resultó absuelto.
El juicio por el ataque
El juicio oral comenzó el 26 de junio de 2024 ante el Tribunal Oral Federal N°6, integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari.
Cristina Kirchner declaró como víctima el 14 de agosto de ese año. Durante su exposición volvió sobre una de las hipótesis que había sostenido desde los primeros meses posteriores al ataque: que el proceso estaba concentrado en los autores materiales y no permitía determinar si detrás de ellos había existido una organización más amplia.
El juicio se extendió durante más de quince meses y concluyó en octubre de 2025 con las condenas contra Sabag Montiel y Uliarte y la absolución de Carrizo.
El tribunal consideró probado que Sabag Montiel intentó matar a la entonces vicepresidenta y que Uliarte tuvo una participación necesaria en la planificación del ataque.
La sentencia cerró así judicialmente una parte central de la historia iniciada aquella noche de septiembre de 2022. Pero dejó fuera del debate oral las hipótesis que durante estos cuatro años alimentaron la disputa política alrededor del expediente: quiénes pudieron haber instigado el ataque, si existió financiamiento externo y si los autores materiales tuvieron conexiones con otros grupos.
La investigación sobre una eventual trama detrás del atentado
Una de las líneas que mayor repercusión política alcanzó fue la denominada “pista Milman”.
La investigación comenzó a partir del testimonio de Jorge Abello, quien aseguró haber escuchado al entonces diputado nacional Gerardo Milman dos días antes del atentado en el bar Casablanca, cercano al Congreso. Según su declaración, Milman habría pronunciado una frase que el testigo interpretó posteriormente como una anticipación de lo que ocurriría frente al departamento de Cristina Kirchner.
La Justicia pudo comprobar que Milman había estado en el bar, pero no logró acreditar que hubiera pronunciado esa frase ni encontró elementos que permitieran vincularlo con la planificación del atentado.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó ese tramo de la investigación en octubre de 2025. La decisión fue posteriormente confirmada y, en junio de este año, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner para intentar llevar la discusión ante la Corte Suprema.
También fueron investigadas las posibles conexiones entre los acusados y miembros de Revolución Federal, la organización que durante 2022 realizó manifestaciones y acciones contra dirigentes del entonces gobierno del Frente de Todos.
Otra de las discusiones estuvo vinculada con el financiamiento de esa agrupación y los pagos que recibió una empresa relacionada con algunos de sus integrantes. Esas líneas tampoco permitieron acreditar judicialmente una conexión entre ese financiamiento y el intento de asesinato.
Hasta ahora, la investigación judicial no reunió pruebas suficientes para sostener que detrás de Sabag Montiel y Uliarte existió una estructura política o económica que ordenó o financió el ataque.
Ese resultado es precisamente el que cuestionan Cristina Kirchner y sus abogados. Para la expresidenta y el sector político que la rodea, la ausencia de pruebas sobre eventuales instigadores no significa necesariamente que no hayan existido, sino que es consecuencia de una investigación que consideran incompleta.
Esa diferencia estará en el centro de las actividades de este martes.
Cuatro años después de aquella noche en Recoleta, la Justicia determinó quién empuñó el arma, estableció la responsabilidad de Brenda Uliarte en el plan y condenó a ambos. Lo que el kirchnerismo volverá a poner en discusión este 1° de septiembre es la otra pregunta que atravesó el expediente desde sus primeros meses: si detrás de los autores materiales hubo alguien más y si la Justicia agotó todas las vías disponibles para determinarlo.
