El procurador Eduardo Casal emitió un dictamen donde le sugiere a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechace el pedido del Juzgado Federal de San Isidro de quedarse en exclusiva con la investigación por enriquecimiento ilícito contra el exsenador Edgardo Kueider.
La jueza Sandra Arroyo Salgado había presentado un pedido de inhibitoria contra el Juzgado de Garantías 2 de Concordia, Entre Ríos. El titular es Ives Bastián. Allí también se lleva adelante una pesquisa contra el exsenador. El reclamo de la magistrada era que la justicia entrerriana frene y remita todo lo actuado a su despacho. Pero Bastián lo rechazó. La Cámara provincial lo avaló.
La puja llegó a la Corte. Allí deberá definirse si la investigación tramitará en uno u otro juzgado. Frente a esta disyuntiva, Casal propuso una salida sinuosa.
En primer lugar, consideró que el delito por el que se investiga a Kueider en ambos estrados es el mismo: enriquecimiento ilícito. Pero evaluó que en San Isidro y en Concordia el zoom está en épocas distintas. El Juzgado Federal centró su investigación a partir de abril de 2019. La Justicia entrerriana recortó un lapso que va de 1999 a 2019, período en el cual Kueider fue funcionario municipal de Concordia y luego del Gobierno provincial.
Por eso entendió que no debía concentrarse en San Isidro la causa. La solución de Casal es que cada Juzgado siga avanzando. Pero cargó en la Justicia entrerriana la responsabilidad de vigilar que no se viole el principio «ne bis in idem», que resguarda a las personas para no ser juzgadas dos veces por el mismo hecho.
Casal emitió el dictamen el 28 de mayo. El expediente, ahora, pasará a los ministros de la Corte. Pero como la opinión del Procurador no es vinculante, podrán tomar ese camino u otro distinto.
Lo que está en juego es más que una cuestión de jurisdicción. Mientras que Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez mostraron hiperactividad en la pesquisa, Bastián y el fiscal entrerriano José Arias tienen el legajo casi paralizado. Fue el Juzgado Federal el que solicitó la extradición de Kueider al Paraguay. Y el que envió a juicio a la banda que actuaba con él.
“Planteo prematuro”
En el dictamen de seis fojas, Casal realizó una reconstrucción de las posiciones de Arroyo Salgado y Bastián.
Luego, fue dejando sus conclusiones que remataron en la sugerencia de negar que San Isidro concentre la investigación.
“Un incremento patrimonial puede tener las más diversas causas”, razonó. “En el caso de que sean ilícitas, puede tratarse de conductas realizadas por el funcionario público en cualquier momento, de manera simultánea o sucesiva, y adecuadas a distintas figuras penales”, agregó. Por lo tanto “no parece aconsejable, en esta etapa inicial del proceso, cercenar el alcance de la investigación que la justicia provincial está llevando a cabo“, razonó.
Casal estimó “comprensible” la inquietud de la jueza federal por el riesgo de doble juzgamiento. En la argumentación de la magistrada, esto podría ocurrir si continúan las dos investigaciones judiciales paralelas.
El Procurador evaluó en el marco teórico de Arroyo Salgado “el enriquecimiento ilícito es entendido como una figura subsidiaria que quedaría desplazada si se lograra la condena por el delito que habría producido el aumento patrimonial”.
La magistrada sostiene la hipótesis de que el crecimiento del patrimonio de Kueider podría estar relacionado con el pago de coimas por parte de Securitas. Las autoridades de la firma de seguridad multinacional denunciaron esa práctica en su filial argentina. Una de las empresas comprometidas en la maniobra es la estatal eléctrica entrerriana Enersa. El exsenador, mientras fue Secretario General de la Gobernación, representó a las acciones del Gobierno en la firma.
Los referentes de Securitas en Entre Ríos vivían en el mismo edificio de lujo donde Kueider tenía departamentos y cocheras. Los inmuebles estaban a nombre de Betail SA. Arroyo Salgado considera a la firma como una mascarada para tapar el incremento injustificado de bienes.
El titular de la Procuración estimó que no es un planteo prematuro de inhibitoria “el remedio adecuado” a un posible doble juzgamiento.
Efecto boomerang
A renglón seguido, estimó que la tramitación del conflicto de competencia “ha cumplido, a su manera, como una fehaciente puesta en conocimiento” del Juzgado de Bastián “de lo que es materia de juzgamiento en el fuero federal”.
“Ahora incumbe al magistrado provincial, en tanto juez de garantías, evitar, en su caso, la lesión del principio «ne bis in idem»”, sostuvo.
Sobre este punto, acotó: “A medida que la averiguación arroje mayor claridad y precisión, (Bastián deberá) juzgar si se da la triple identidad de hecho, persona y causa”, los tres puntales sobre los que se basa el doble juzgamiento.
Asimismo, consideró que esto se da “sin mengua de la facultad que asiste a las partes interesadas de ejercer las vías procesales que estimen pertinentes para hacer valer su derecho”.
Las defensas de los imputados en la causa entienden que este punto abre las puertas a que puedan plantear que el caso se subsuma en el Juzgado de Entre Ríos. Es que, hasta el momento, Arroyo Salgado pidió la inhibitoria de Bastián, pero no ocurrió lo inverso. Entienden que la recomendación de Casal se circunscribió a negar el pedido de la jueza federal porque nadie solicitó que toda la investigación pase al Juzgado de Garantías de Concordia.
