La Libertad Avanza presiona a Kicillof con un proyecto para eliminar el Impuesto de Sellos en inmuebles y autos en PBA

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AG La Plata

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires presentó este miércoles un proyecto de ley para eliminar el Impuesto de Sellos sobre la transferencia de dominio de bienes inmuebles y vehículos automotores, un tributo que en 2025 representó el 9,2% de la recaudación tributaria propia bonaerense y aportó 1,28 billones de pesos a las arcas de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

La iniciativa, que lleva la firma de todos los diputados del bloque, apunta a modificar el artículo 256 del Código Fiscal (Ley N° 10.397) y derogar las alícuotas vigentes: 2% para inmuebles y 1,2% para automotores. De prosperar, los bonaerenses quedarían eximidos de ese costo al momento de escriturar una propiedad o transferir un vehículo, lo que según los impulsores del proyecto redundaría en una mayor formalización patrimonial y un efecto expansivo sobre la actividad de escribanos, martilleros y empresas del sector.

«No se puede castigar a una familia que ahorró toda su vida para comprar una casa o a un trabajador que necesita un auto. El Impuesto de Sellos es una malformación impositiva y nosotros presentamos este proyecto para eliminarlo“, sostuvo Juanes Osaba, vicepresidente de la Cámara de Diputados de LLA, quien agregó que “ese dinero que le saca el Estado a los bonaerenses tiene que estar en el bolsillo de las familias, no financiando el déficit de la Política”.

La presentación tiene una lectura política explícita: LLA busca presionar al gobierno de Axel Kicillof en el terreno legislativo, al colocar sobre la mesa un proyecto de rebaja impositiva que obliga al oficialismo provincial a tomar posición.

Sebastián Pareja, presidente provincial de La Libertad Avanza

Sebastián Pareja, diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires, habló ante Infobae y enmarcó la propuesta en una estrategia más amplia: “Esta iniciativa forma parte de una discusión mucho más profunda que venimos dando como espacio político: redefinir el rol del Estado provincial y aliviar la presión sobre quienes trabajan, producen y ahorran. Y esa discusión implica traer a la Provincia de Buenos Aires las transformaciones que impulsa Javier Milei a nivel nacional. No puede ser que en la Provincia de Buenos Aires el Estado castigue a una familia por comprar una casa o a un trabajador por acceder a un vehículo”.

El proyecto se suma a otros que LLA tiene frenados en la Legislatura bonaerense, entre ellos varias iniciativas de reducción impositiva y de modernización del Estado. El escenario legislativo, no obstante, complica cualquier avance en el corto plazo.

Ninguna de las dos cámaras —ni Diputados ni el Senado provincial— ha iniciado sus sesiones ordinarias pese a que el período abrió formalmente el 2 de marzo, y las comisiones de trabajo aún no están conformadas. Hasta la fecha, el Poder Legislativo bonaerense realizó apenas dos sesiones en todo el año, ninguna de carácter ordinario.

El bloque de legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza (Aglaplata)

Esa parálisis, atribuida en parte a la disputa interna entre Kicillof y el sector de Cristina Kirchner, también traba los propios proyectos del gobernador: la ley de producción pública de medicamentos y las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública permanecen sin tratamiento, al igual que las iniciativas opositoras sobre boleta única de papel y cambios en el IOMA.

Con la Legislatura sin actividad ordinaria y las comisiones sin integrarse, el proyecto libertario sobre el Impuesto de Sellos engrosará por ahora una lista de expedientes en espera. Y es que, también, en el espacio libertario bonaerense saben que sus iniciativas prosperen son prácticamente nulas. Aun así, configuran esta estrategia en un marco más amplio para confrontar con el kicillofismo y todo el arco del oficialismo provincial de cara a la carrera a gobernador del próximo año.

Algo de eso se dejó entrever semanas atrás cuando Pareja y su círculo organizó un evento en el municipio de Suipacha para presentar el Programa 2026 Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), que durante esa jornada reunió a más de 1.500 dirigentes de los 135 distritos bonaerenses para bajarles línea de los próximos ejes de discusión que se impulsarán por estos meses.

En tanto, este miércoles se conoció que Axel Kicillof respaldó un anteproyecto de ley impulsado por la Junta Electoral bonaerense —bajo la presidencia saliente de la jueza Hilda Kogan— que propone ampliar los plazos electorales para los comicios provinciales de 2027.

La iniciativa busca extender de 60 a 80 días el plazo mínimo entre la presentación de alianzas y las primarias, y de 50 a 60 días el plazo para la presentación de candidatos. El objetivo formal es consolidar en una normativa permanente los cambios que en 2025 se aplicaron de forma excepcional, aunque el trasfondo político es preparar el terreno para un eventual nuevo desdoblamiento electoral que permita a Kicillof separar la elección de su sucesor de los comicios nacionales.

La definición, sin embargo, dependerá de la Legislatura bonaerense, un ámbito donde Kicillof reconoce tener escasa injerencia. La interna del peronismo —entre el cristinismo, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro— mantiene trabadas incluso las comisiones legislativas, sin definición sobre quién las presidirá. El año pasado, La Cámpora y el sector kirchnerista resistieron inicialmente el pedido de modificar plazos antes de alinearse. Esta vez, el escenario se presenta igualmente complejo para el gobernador.

El mes pasado los bloques legislativos de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires realizaron una jornada de capacitación los directores electorales nacionales con el objetivo de fortalecer los argumentos para impulsar la Boleta Única de Papel (BUP) en los comicios bonaerenses de 2027; la iniciativa, que ya rige a nivel nacional, busca pasar por la Legislatura provincial, donde LLA es segunda minoría en Diputados y primera en el Senado —sin los votos suficientes para imponerla—, mientras el gobierno de Kicillof mantiene su rechazo.

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