A casi un año del arresto de Germán Darío Giuliani, el último ciudadano argentino detenido por el régimen chavista, Argentina volvió a reclamar ante el Consejo Permanente de la OEA la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y el acceso de una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ese país.
Durante la reunión ordinaria que se realizó este miércoles en Washington, EEUU, se trató a cuestión humanitaria en Venezuela a instancias de Argentina y otras delegaciones. El representante argentino, Carlos Cherniak, exigió que el tema se mantenga en la agenda del organismo. “Esta organización debe ser la voz de los sin voz en todo contexto donde se produzcan violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, afirmó ante el Consejo.
El diplomático subrayó que los instrumentos del Sistema Interamericano —la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana— “no fueron concebidos para ser invocados únicamente en tiempos de normalidad”, sino precisamente para situaciones en que “el poder se ejerce sin controles” y “el Estado se convierte en un instrumento de represión”.
El caso de Giuliani adquirió nueva dimensión diplomática días antes de la reunión: el 27 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo autónomo de la OEA, adoptó la Resolución 32/2026, mediante la cual le otorgó medidas cautelares al argentino y exigió a Caracas que informara de inmediato su paradero exacto, su estado de salud y las condiciones de su detención. La resolución incorporó denuncias de tormentos físicos, golpizas y presuntas torturas. Según el expediente, Giuliani habría declarado que “le hicieron firmar una declaración a fuerza de golpes”. Un periodista excarcelado que compartió celda con él en el Comando Militar de Las Acacias lo vio llegar “con la mirada perdida, asustado y golpeado”.
El detenido fue arrestado entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mientras navegaba en una embarcación alquilada en aguas del estado Anzoátegui. Según la denuncia, al advertir su acento argentino fue aprehendido de inmediato y luego vinculado a acusaciones de terrorismo y narcotráfico, sin que existan precisiones judiciales públicas conocidas. Desde entonces fue trasladado por al menos tres centros de reclusión —el Comando Militar de Las Acacias, Yare II y Yare III— y sus familiares desconocen hasta hoy su ubicación exacta dentro del Complejo Penitenciario de Yare.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo autónomo de la OEA, también documentó un régimen de comunicación: las llamadas con su familia eran esporádicas, de no más de dos minutos, grabadas y supervisadas, y en ocasiones transcurrieron meses sin contacto. El organismo alertó sobre el deterioro de su salud mental y exigió acceso inmediato a agua potable, alimentación adecuada y atención médica. El régimen venezolano no respondió el requerimiento de información que la Comisión formuló el 16 de abril; el plazo venció sin contestación oficial.
Ante el Consejo Permanente de la OEA, Cherniak reconoció que existe “una pequeña luz en Venezuela”, pero advirtió que eso no equivale a una señal de tranquilidad mientras haya detenidos y desaparecidos. Reclamó fortalecer la diplomacia preventiva regional “no como un mecanismo de señalamiento, sino como una herramienta de acompañamiento oportuno”. En ese marco, reafirmó el compromiso de Buenos Aires con “la libertad de todos los presos políticos en Venezuela” y con “la restauración de la democracia plena” en ese país.
Antes de la exposición del diplomático argentina, se conoció una declaración del comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “A abril de 2026, 454 personas continúan detenidas (en Venezuela) por razones políticas, entre ellas 44 mujeres, un adolescente, 286 civiles y 186 personas militares. Y persisten, hay que decirlo con todas las letras, la desaparición forzada, la tortura y la incomunicación”, planteó.
Además, agregó: “Toda detención arbitraria debe cesar de inmediato y exigimos la libertad plena de todas las personas presas políticas y de conciencia. Las liberaciones parciales no agotan las obligaciones del Estado. Exigimos acceso pleno y verificable a la información pública, listas oficiales de personas detenidas, procesadas y amnistiadas, con nombres y estado procesal. La opacidad es una forma adicional de violación”.
Por último, reclamó “protección absoluta contra la tortura y reformas estructurales que garantizan la no repetición y el restablecimiento de la democracia”, y “la urgencia de una visita a Venezuela, con acceso irrestricto a los centros de privación de libertad. La pregunta ya no es si la Comisión Interamericana está dispuesta, lo está. La pregunta es si el Estado venezolano lo está”, concluyó.
