A través del Ministerio de Seguridad Nacional, el Gobierno dio luz verde a una nueva estrategia para enfrentar las crecientes amenazas de delitos informáticos. La iniciativa se conoció este lunes en Boletin Oficial y se denominó Plan Federal de Lucha Contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027).
Con este programa en materia de seguridad, publicada bajo la resolución 231/2026, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva estableció un marco de acción integral para la prevención, investigación y respuesta al fraude asistido por tecnologías digitales, con la coordinación de la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos.
Junto a otros sistemas similares, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad (2025-2027) –que se puso en marcha hace exactamente dos meses-, y el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Ciberdelito (ForCIC), el Gobierno busca reforzar las respuestas ante incidentes cibernéticos.
La resolución convoca a las jurisdicciones a adherir a la iniciativa para “fortalecer la colaboración interinstitucional y el intercambio de información entre las autoridades competentes a nivel federal, provincial y municipal, así como con organismos internacionales para lograr una respuesta coordinada y efectiva ante los fraudes ciberasistidos”, y alcanzar “un ciberespacio seguro, confiable y resiliente para todos”.
Entre los ejes principales el plan incluye “acciones de concientización, educación, desarrollo de marco normativo, vinculación con organismos reguladores, anticipación de fraudes masivos mediante esquemas piramidales, canalización de denuncias, análisis estadístico y proceso de detección proactiva del fraude ciberasistido.
Además, prevé la capacitación de las fuerzas policiales y de seguridad federales, así como la articulación con otras áreas, gestión estratégica de la ciberseguridad en todo el país, detención de transacciones indebidas, articulación con el sector privado, entre otras acciones.
En el anexo que acompaña la normativa destacan que la prevalencia de estos hechos se ha incrementado por la masificación del acceso a internet, el uso de redes sociales y la digitalización de transacciones, lo que ha diversificado las modalidades delictivas. “Desde el phishing y las estafas bancarias hasta los fraudes con criptomonedas y la suplantación de identidad, los delincuentes emplean sofisticadas estrategias para manipular a sus víctimas y obtener información sensible o beneficios económicos», argumenta el texto.
En materia de prevención, el plan contempla campañas de concientización y educación, diseño de materiales audiovisuales y charlas formativas en instituciones educativas y organizaciones sociales. Se prevé también la colaboración con organismos reguladores para el desarrollo de normativas, la anticipación de fraudes masivos mediante alertas tempranas y acciones conjuntas con otros organismos para investigar esquemas piramidales.
Para la detección, se promueve la actualización de formularios de denuncia, el análisis estadístico de datos provenientes de víctimas y otras fuentes, la gestión proactiva de indicadores de riesgo, y la capacitación de las fuerzas federales en fraudes ciberasistidos.
En la fase de respuesta, el plan establece la optimización de la gestión de denuncias a través de la línea 134, correo electrónico y formularios web; la articulación con entes bancarios para el bloqueo de cuentas utilizadas en fraudes; la participación en mecanismos de bloqueo dinámico de transacciones ilícitas en colaboración con el sector privado; y el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas federales, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El 8 de enero se implementó el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad, para coordinar la acción de todas las fuerzas federales bajo una única estrategia que busca proteger tanto la seguridad nacional como la infraestructura crítica del país. Este programa, que también centraliza la prevención e investigación de delitos informáticos, fue publicado mediante la resolución 72/2025.
Entre las características distintivas se destaca una estructura transversal a toda la seguridad federal, instruyendo tanto a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria como al Servicio Penitenciario Federal.
