Aunque la CGT debatirá este lunes desde las 11 la posibilidad de un cese de actividades contra la reforma laboral, el cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei cuenta con un amplio consenso interno en el sindicalismo y tendría un fuerte impacto porque ya dieron su apoyo los choferes de colectivos agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que esta vez estarán en sintonía con el resto de los gremios del transporte.
Para garantizar ese respaldo, uno de los líderes de la CGT llamó el sábado pasado a los jefes de la UTA, que dirige Roberto Fernández y no integra la actual conducción cegetista, para sondear su adhesión a un paro general. La respuesta fue afirmativa y así se logró un apoyo clave para asegurarse la paralización de las actividades probablemente el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral aprobada en el Senado.
“Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, anticiparon a Infobae en el gremio de colectiveros, que no había adherido al último paro general de la CGT, el 10 de abril pasado con la excusa de que estaban en conciliación obligatoria.
Tras el triunfo libertario que representó la sanción de la reforma laboral en el Senado, la CGT anticipó una reunión de urgencia de su Consejo Directivo para este lunes con el fin de discutir un paro general de 24 horas, en medio del creciente malestar por el avance del proyecto de Javier Milei, pese a que la central obrera logró dejar a salvo las cuotas solidarias y mantener tal como están las contribuciones patronales para las obras sociales, que le permitirán sostener el financiamiento de “la caja sindical” y del sistema de salud de los gremios.
Pero el triunvirato de la CGT resolvió avanzar con un paro ante la presión de varios sindicalistas que querían profundizar las medidas de fuerza y, además, por la polémica que desató un sorpresivo cambio votado por los senadores en el régimen de las licencias médicas.
En efecto, el artículo 44 que se aprobó en el Senado introduce un nuevo esquema para la remuneración de los trabajadores que sufran un accidente o una enfermedad no vinculados con la actividad laboral y se vean inhabilitados para trabajar, que recibirán el 50% de su salario, y en las situaciones en que la imposibilidad de trabajar no derive de una acción voluntaria ni de un conocimiento previo del riesgo para la salud, el monto a percibir asciende al 75 % de la remuneración.
El artículo votado por la Cámara Alta establece que el pago durante el período en cuestión dejará de ser del 100% del salario como ocurre ahora. La motivación central, según el oficialismo, radica en la intención de modificar un sistema que, a su criterio, fomenta tanto el ausentismo injustificado como un aumento de la litigiosidad laboral. Por su parte, tanto los sindicatos como partidos de la oposición advierten que se trata de un retroceso en materia de derechos adquiridos.
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