El conflicto con la policía de Santa Fe continúa escalando y crece la tensión en la ciudad de Rosario donde se concentró el reclamo de los agentes frente a la Jefatura. La expectativa por una reunión que finalmente no se concretó, llevó a que la protesta continúe y crece el temor por un efecto contagio en otras jurisdicciones.
Todo comenzó en la noche del lunes cuando un grupo de agentes, vestidos de civil y con los rostros cubiertos, junto a sus familiares, se congregaron frente a la Jefatura de Policía para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales.
De acuerdo a lo que informaron medios locales, la situación escaló cerca de la medianoche, cuando efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes y comenzaron los disturbios. La respuesta, dirigida hacia sus propios compañeros y familiares, desencadenó una reacción inmediata: varios agentes de la provincia que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a la protesta, abandonando sus funciones y bloqueando calles con patrulleros y motos oficiales.
La situación se replicó en otros puntos de Rosario; incluso en la capital provincial, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno, intensificando la presión sobre las autoridades provinciales.
Esto llevó a una protesta que tiene el corazón en la concentración que lleva más de 24 horas en el centro de la ciudad de Rosario. En ese marco, se esperaba que durante la tarde de este martes haya una reunión entre los funcionarios provinciales y los delegados que representan a los agentes.
En un principio, la cita estaba pautada para las 15. Sin embargo, desde el gobierno provincial informaron que se atrasó para las 18 y esto provocó rispideces con los delegados que representan a los policías, que derivaron en una cumbre que finalmente no se concretó.
El abogado Gabriel Sarla es el representante de los policías en el conflicto y habló con los medios presentes en el lugar: “Se pudo establecer una conversación con la secretaria del ministro. No hubo propuesta porque no pudimos hablar con el ministro, que estaba reunido con el gobernador. No hubo ninguna oferta”.
“Si se comunican, habrá una reunión. Pero lo tiene que hacer el ministro personalmente”, pidió Sarla, lo que provocó el descontento del Ejecutivo provincial.
En ese sentido, más temprano, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que el Gobierno provincial comparte “las necesidades y los problemas del personal de la policía de Santa Fe” y remarcó que se trata de un reclamo “legítimo, atendible, casi en su totalidad”. Sin embargo, sostuvo que a partir de la medianoche “se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar acciones violentas, antijurídicas”, con el objetivo de “desestabilizar el despliegue preventivo”.
Según el funcionario, durante la protesta se registraron episodios de abandono de servicio y paralización de móviles policiales. “No menos de veinte unidades en la ciudad de Rosario fueron directamente paralizadas, puestas frente a la jefatura y luego abandonadas”, detalló. Agregó que los efectivos dejaron los patrulleros estacionados y se retiraron, lo que calificó como incumplimiento de los deberes funcionales.
Cococcioni señaló que estas conductas derivaron en la apertura de actuaciones administrativas y que el jefe de Policía de la provincia inició los procedimientos correspondientes con el respaldo del Ministerio. “Tenemos cerca de no menos de veinte funcionarios policiales que están siendo pasados a disponibilidad, con retiro de arma y retiro de chaleco antibala”, afirmó. También indicó que el Gobierno coordinó acciones con el Ministerio Público de la Acusación para investigar “posibles ilícitos penales” tanto de funcionarios policiales como de “grupos marginales y desplazados” de la fuerza.
El reclamo policial se origina en la política salarial vigente. Durante la última semana, el gobierno provincial anunció un plus no remunerativo y un plan de alojamiento para efectivos con desarraigo, pero el sector movilizado considera insuficiente la respuesta oficial. El abogado Sarla remarcó que esas sumas no representan un aumento real, ya que no alcanzan a la totalidad del personal ni impactan en los salarios básicos, adicionales o jubilaciones. La demanda central apunta a una recomposición salarial integral para todos los integrantes de la Policía de Santa Fe.
A las cuestiones salariales se suman reclamos por condiciones laborales. Los efectivos denuncian extensas jornadas, falta de descanso y la necesidad de realizar servicios adicionales para completar sus ingresos. Además, la salud mental del personal policial cobró protagonismo tras el fallecimiento del suboficial Oscar Valdez, conocido como “Chimi”, quien enfrentaba problemas psicológicos y se encontraba con carpeta médica. Las demandas incluyen mejoras en los horarios, descanso adecuado y atención a la salud mental, aspectos que el colectivo policial considera urgentes para el desarrollo de la tarea diaria.
A todo esto, hay temor por un efecto contagio en la región. En las últimas horas, se conoció que miembros de la Policía de Entre Ríos realizarán una “manifestación pacífica” el próximo 14 de marzo frente a la Casa de Gobierno en Paraná. De acuerdo a lo que trascendió, se realizará sin uniformes, sin armamento y sin afectar el servicio, con la participación de personal de franco, familiares y público en general.
En 2024, un conflicto de similares características afectó a la provincia de Misiones, donde la policía de esta provincia tomó el Comando Radioeléctrico y comenzó un conflicto que recién terminó dos semanas después.
