El “audio del terror” fue la pieza central de la extorsión que terminó con el suicidio de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos. Gómez, oriundo del interior, había llegado a Buenos Aires con la expectativa de forjar una carrera militar y atravesaba una etapa de incertidumbre personal y emocional, lejos de su familia. En diciembre pasado, su vida quedó atrapada en una trama delictiva orquestada desde el interior del sistema penitenciario bonaerense y culminó con su muerte en el predio presidencial.
Según la investigación encabezada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, el caso comenzó con un contacto aparentemente casual a través de una aplicación de citas. Un perfil femenino, con imágenes atractivas y tono cordial, inició una conversación con Gómez. La joven se identificó como “Julieta”, de 19 años, y durante varios días intercambiaron mensajes, audios y fotos. Para el soldado, se trataba de un vínculo virtual más, en un contexto marcado por la soledad y la distancia familiar; no surgió ninguna señal de alerta durante ese primer intercambio.
Detrás de ese perfil no existía ninguna joven real: era el primer eslabón de una organización dedicada a la extorsión digital, operativa desde la cárcel de Magdalena y el penal de Olmos. El esquema incluía apoyo externo, cuentas bancarias a nombre de terceros y una estructura aceitada que replicaba el mecanismo con distintas víctimas.
La alarma llegó de forma abrupta. Una mañana, Gómez recibió en su celular un mensaje de voz femenino, exaltado y amenazante. “¡Degenerado! ¿Quién te pensás que sos para mandarle eso a mi hija? ¡Ya me estoy yendo a hacer la denuncia! Diecisiete años tiene mi hija. ¡Ya, me voy a hacer la denuncia!” Los investigadores identificaron este mensaje como el “audio del terror”, diseñado para generar pánico inmediato y bloquear cualquier reacción racional. En segundos, la víctima pasaba de una conversación privada a la convicción de estar involucrada en un delito gravísimo.
No había madre, hija, ni denuncia alguna: era una escena montada desde una celda. Minutos después, llegó el segundo golpe. Otro audio, esta vez de un hombre que se presentó como funcionario policial. “Me presento, acá habla Matías Nicolás Conti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas. Tengo a la madre de una menor radicándome una denuncia en tu contra.” La voz transmitía seguridad, utilizaba terminología técnica y afirmaba disponer de pruebas, conversaciones almacenadas y archivos recuperados. Advertía que, si no había contacto inmediato, el caso sería remitido a la fiscalía.
Nada de esto era real. Ni el nombre, ni el cargo, ni el área existían: todo formaba parte de la maniobra de engaño.
A partir de ese momento, Gómez fue sometido a un hostigamiento constante. Recibía mensajes, llamadas y audios cada vez más intimidantes: le advertían que estaba al borde de la detención, que su nombre sería expuesto en redes sociales y medios, y que su carrera militar había terminado.
El análisis de otra grabación, correspondiente a una víctima diferente pero con idéntica modalidad, permitió reconstruir el mecanismo completo. Allí, el falso policía enumeraba delitos como pedofilia, trata de personas y delitos informáticos, mencionaba prisión efectiva y repetía que tenía “todas las pruebas” frente a sí. Luego instalaba la urgencia: “Tengo a la madre en la otra oficina haciendo un quilombo bárbaro. En 24 horas vas a quedar retenido.” Si la víctima intentaba defenderse, la interrumpía: “No me tomés el pelo. Tengo el dispositivo en la mano.” Finalmente, ofrecía una supuesta salida: “Yo te puedo sacar limpio de esta, pero va a tener un costo económico.” Y lanzaba la frase central: “¿Para vos cuánto vale tu libertad?”
La exigencia inicial era de 500 mil pesos, luego negociaban, reducían el monto y aceptaban pagos en cuotas, con la condición de transferir el dinero de inmediato a través de billeteras virtuales o cuentas bancarias. “Entrá a tu cuenta y decime con cuánto contás.” Si la cifra era considerada insuficiente, incrementaban la presión: “¿Para vos eso vale tu libertad? Me estás tomando el pelo.”
Simultáneamente, la banda imponía el aislamiento: “Esto queda entre vos y yo. Ningún familiar, ninguna autoridad.” Impedían hablar con terceros, consultar abogados o pedir ayuda. Si alguien preguntaba, la víctima debía mentir: “Decí que necesitás plata para las fiestas.” También surgían amenazas directas: “Si me tomás el pelo, voy a tu casa y te meto en un calabozo.” Todo respondía a un libreto preestablecido.
En el caso de Gómez, la investigación determinó que soportó durante semanas este circuito de hostigamiento: solicitudes de dinero, advertencias, amenazas de exposición pública y cárcel. Vivía pendiente del teléfono, temía perder su trabajo, su reputación y el vínculo con su familia. En su celular quedaron registros de transferencias y mensajes desesperados. En la carta que dejó antes de morir, mencionó el contacto por la aplicación y la presión recibida. Ese documento resultó clave para que la jueza Arroyo Salgado comprendiera que no se trataba de un hecho aislado, sino del desenlace de una extorsión sostenida.
La magistrada dispuso peritajes digitales, análisis de cuentas bancarias, rastreo de líneas telefónicas e intervenciones simultáneas en cárceles y domicilios de la provincia de Buenos Aires. Así se estableció que el núcleo de la organización funcionaba desde las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos, donde internos utilizaban celulares ingresados ilegalmente para coordinar perfiles falsos, grabar audios, realizar llamadas y administrar el dinero.
El esquema incluía colaboradoras externas, principalmente mujeres, que prestaban sus cuentas bancarias para recibir las transferencias y redistribuir los fondos ilícitos. En total, fueron detenidas siete personas, entre ellas varios internos y al menos dos mujeres con roles logísticos dentro de la organización. Entre los arrestados estaban quienes gestionaban los perfiles, quienes simulaban ser policías y quienes administraban el dinero.
Durante los allanamientos se incautaron teléfonos, chips, computadoras, documentación financiera y anotaciones que detallaban montos, víctimas y turnos de contacto. La causa permitió identificar decenas de casos similares. Gómez no fue el único: hubo otras personas que lograron denunciar o cortar el vínculo. él no pudo romper el cerco psicológico que le impusieron.
En la conferencia de prensa posterior a los operativos, la jueza Arroyo Salgado expuso los detalles de la investigación, destacó el trabajo técnico del equipo y advirtió sobre la gravedad de las estructuras criminales que operan desde el encierro. Junto a ella estuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien señaló directamente el problema del uso de celulares en prisión. “Todos sabemos lo que pasa en las cárceles, pero que en este caso llevaron a la muerte de un chico joven con toda la vida por delante. Y no nos tenemos que olvidar de esto. Un celular en la mano de un delincuente que está preso es permitirles tener un arma en una celda”, afirmó. Y agregó: “No se puede permitir en el Servicio Penitenciario Bonaerense ni en ninguna otra cárcel del país. No podemos permitir que quienes han delinquido sigan delinquiendo. Como dijo la doctora Arroyo Salgado, no se les puede permitir tener una pyme del delito adentro de la cárcel.”
Para los investigadores, los audios representan una prueba fundamental: no solo documentan la extorsión, sino que revelan cómo el miedo se utiliza como principal herramienta de control. Gritos, credenciales falsas, amenazas judiciales, urgencias inventadas y promesas de salvación a cambio de dinero; cada elemento estaba calculado. Desde una celda en Magdalena o Olmos, con un celular clandestino, un grupo de delincuentes logró instalar en la mente de un soldado de 21 años la idea de que su vida estaba destruida.
