En los últimos días, el Gobierno porteño avanzó en la recuperación de otras dos propiedades, conocidas por los vecinos de Palermo, que permanecían ocupadas de forma ilegal desde hacía décadas. Los procedimientos se desarrollaron después de numerosos reclamos y denuncias por hechos de inseguridad.
Una de ellas es la llamada “casa violeta”, ubicada en Guatemala al 5427, que había sido tomada por extranjeros de origen boliviano y peruano durante treinta años. El propietario mantenía un juicio de desalojo desde 2014 y la vivienda ya había sido clausurada el pasado noviembre. La intervención, coordinada por la Policía de la Ciudad junto a personal de Emergencias, Red de Atención y Bomberos, contó con la supervisión del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.
Según fuentes oficiales, los ocupantes de la “casa violeta” habían sido denunciados por robos en la vía pública, lo que motivó el operativo para devolver el inmueble a su dueño.
En otra de las intervenciones, la Ciudad también recuperó un edificio de tres pisos frente al canal América, en Honduras 5648. El inmueble estuvo intrusado desde 2013 y presentaba condiciones edilicias precarias, sin suministro eléctrico y con reiteradas quejas de los vecinos por el estado de abandono.
Taia, la propietaria, celebró en la red social X: “Después de 13 años de tener una propiedad tomada en pleno Palermo, me acaban de dar la noticia que la están desalojando. Hoy la familia festeja!”. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, respondió: “Es exactamente lo que defendemos. El orden también es respeto por el esfuerzo de toda una vida. Un abrazo grande a toda la familia!”.
La dueña relató que el edificio, una ex clínica que estaban remodelando, se ocupó durante un fin de semana largo de Semana Santa en 2013. También mencionó los inconvenientes generados con AYSA, la empresa prestadora del servicio de agua potable, por la deuda acumulada durante la usurpación.
Macri subrayó: “En Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas. Y con posturas complacientes, se perjudicaba a los vecinos. La época de la resignación y la tibieza se terminó”. Y añadió que el gobierno porteño mantiene una postura firme para hacer cumplir la ley y evitar que la Ciudad “se transforme en el conurbano”.
Durante la actual gestión, la Ciudad ya recuperó 579 viviendas en el marco de políticas enfocadas en el respeto a la propiedad privada, la mejora del orden público y la seguridad barrial. Entre las propiedades restituidas en los últimos dos años figuran edificios emblemáticos como la Casa Blaquier en el Casco histórico, el “Elefante Blanco” de avenida Olazábal al 3400 en Belgrano, la “Galería del Terror” en Nueva Pompeya, la “Casona” de Costanera Sur y una parte del Mercado de Bonpland en Palermo.
La semana pasada, la Ciudad recuperó en Tucumán al 1700, en San Nicolás, otro inmueble de valor arquitectónico y patrimonial, usurpado desde hacía más de cuarenta años y perteneciente al CONICET. En el edificio se hallaron banderas de agrupaciones políticas, así como un retrato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y panfletos con la imagen del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
También se realizaron desalojos en Constitución, San Telmo y Flores, donde ex hoteles habían sido convertidos en aguantaderos vinculados a la venta de drogas y el ejercicio de la prostitución.
En Parque Avellaneda se recuperó un edificio de tres pisos en Olivera y Ameghino, intrusado durante cuarenta años. Cerca de este punto, la Ciudad también desalojó el predio debajo de la autopista Perito Moreno, en Ameghino 1035, que era usado como depósito sin permiso por la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros”.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, busca posicionar la recuperación de inmuebles usurpados como un sello distintivo de su gestión. Este enfoque, presentado como una política para mejorar la seguridad y el orden público, apunta a consolidar una imagen de firmeza que lo diferencie de su predecesor Horacio Rodríguez Larreta. El dirigente del PRO refuerza así un perfil confrontativo, en línea con el discurso en materia de seguridad del presidente Javier Milei.
Algunas de las intervenciones de desalojo impulsadas por Macri recibieron el rechazo de organizaciones sociales, que gestionaban en algunos inmuebles centros culturales, comedores y espacios de trabajo donde habían conseguido un permiso para funcionar. Estos sectores expresaron su preocupación por el impacto social de los operativos y la falta de alternativas para quienes habitaban o utilizaban los espacios para trabajar.
