Nadie, ni el Gobierno, ni las provincias ni los legisladores, discute en estas horas los temas gravitantes de la reforma laboral. El proyecto llegaría al recinto del Senado en apenas cinco días, el miércoles, según la cita impulsada por oficialistas, socios y dialoguistas. Eso mismo supone un acuerdo sobre buena parte del texto -con cambios poco difundidos- y la advertencia, al mismo tiempo, sobre la tensión final en torno del artículo tributario, es decir, el que proyecta una caída de fondos para las provincias. Resultado: una mezcla de confianza por la sanción en general e incertidumbre puntual, alimentada por la mala racha de la recaudación, que lleva seis meses y complica, bastante, los números nacionales y de cada distrito. De las cuestiones de fondo se habla poco y nada.
El cruce de especulaciones y suspicacias sobre la propuesta de rebaja en Ganancias para empresas es tal que van de la mano las alternativas -que las hay en conversaciones entre gobernadores y con operadores violetas- y la posibilidad de una caída de este tema. La ley es un objetivo de máxima para Olivos: la aprobación sería un mensaje fuerte por su sentido político antes que por los efectos prácticos, a medir en el tiempo. El interrogante es hasta qué punto podría llegar esa necesidad. ¿Soportaría Javier Milei un final que pueda ser interpretado como una cesión a los jefes provinciales?
El ejemplo más cercano es la sanción del Presupuesto 2026. El Gobierno celebró públicamente como un éxito el trámite de aprobación sobre el final de diciembre, en pleno vértigo de las Fiestas. Pero hacia adentro, lamentó dejar en el camino el capítulo que incluía el fin de las leyes de emergencia en el área de discapacidad y de financiamiento universitario. Ahora, hay quienes sostienen que Milei no aceptaría ceder con la baja de Ganancias para empresas incorporada al proyecto de reforma laboral.
Visto desde ese punto de vista, se trataría de una lectura sobre el mensaje político antes que tributario al mundo de las empresas. Entre los gobernadores, y en algunos contactos con Diego Santilli -dicen que también con Santiago Caputo-, se plantearon diversas salidas: postergar la aplicación de la baja de Ganancias, escalonarla o sujetarla a una mejora de ingresos que, según el Gobierno, provocaría la misma ley. Después, creció la sospecha de que tal vez Economía preferiría que directamente se caiga ese renglón del proyecto. Parece ilógico, pero para quienes siguen de cerca los números no lo sería.
La recaudación viene cayendo de manera significativa y sostenida desde hace seis meses, por diversos factores, entre ellos el retroceso o el freno del consumo, según el rubro y cada mes. El declive en términos reales arrancó en agosto, con un registro negativo de más de 2 puntos porcentuales, y superó en enero los 7 puntos. Eso impacta directamente en la relación con las provincias. Las transferencias generales disminuyeron sensiblemente en el primer mes de este año y medida sólo la coparticipación, osciló en los 8 puntos.
Los números, incuestionables hasta para la Oficina de Respuesta Oficial, exponen sobre qué tablero se mueve este aspecto de la reforma laboral. Y, según jefes provinciales de buen diálogo con el Gobierno, podría generar una especie de doble señal oficialista: por un lado, la necesidad de sostener el discurso de no admitir cambios sustanciales para coronar su iniciativa en el Senado; y por el otro, una realidad que deja márgenes reducidos para sacrificar recaudación.
A eso se añade un ingrediente político, sobre todo de manejo comunicacional. La decisión de avanzar con la iniciativa sin mucho debate dejó fuera de la agenda pública los puntos de la reforma que hacen a los cambios laborales. Y los avances con otros espacios en ese terreno terminaron de consagrar como tema fundamental el artículo tributario, es decir, los tironeos con las provincias. La resolución de este renglón podría opacar la lectura sobre los puntos centrales de la ley y, en caso de ceder, hasta dejaría un regusto amargo para Olivos.
El texto original incluyó algunos planteos polémicos o de previsible reclamo judicial de los jefes sindicales. Se verá en el recinto si los cambios acordados por el oficialismo en las tratativas con la oposición dialoguista -con Patricia Bullrich negociando aspectos no monetarios del dictamen de comisión- moderaron o no algunos de aspectos más cuestionables.
Según trascendió, habría algunas pinceladas para diferenciar el tratamiento entre pymes y grandes empresas. Un caso sería el del fondo para indemnizaciones que, de hecho, recortaría aportes patronales destinados al sistema previsional para derivarlos al FAL. Existen otros puntos que los jefes sindicales cuestionan y que, según advirtieron, podrían terminar con presentaciones judiciales. La señal política, medida en términos de nivel de consenso, también terminaría siendo un mensaje, en la perspectiva de demandas que podrían abrir el camino a la Corte Suprema.
El oficialismo apuntó, con sentido común, a las necesidades de asimilar en la ley los cambios producidos en el mundo del trabajo. También, manejó el discurso que pega sobre el desprestigio gremial -ganado con creces por buena parte de la dirigencia- aunque, en rigor, no se hable seriamente de una nueva ley sindical que es la que podría contribuir a modificar ese cuadro.
Como sea, en el recinto del Senado terminarán de conocerse los alcances de los artículos que exponen los trazos centrales de la reforma: convenios, banco de horas, vacaciones, servicios esenciales, entre otros títulos. Por el momento, está dicho, todo eclipsado por la pulseada de fondos con las provincias.
