Los camaristas laborales y penales se sumaron a la rebelión contra la Corte Suprema de Justicia, que en diciembre pasado dispuso que los fallos de esos tribunales sean revisados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

Los pronunciamientos de hoy de los camaristas del trabajo y penales se suman al de ayer de la Cámara Civil que desconoció el fallo Levinas de la Corte -que da más poder a la justicia de la Ciudad- y al que se viene la semana próxima de la Cámara Comercial.

En tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se reunió hoy en acuerdo para tratar las 14 causas que le envió la Corte, en revisión. Son fallos civiles, penales y comerciales. Entre ellos está la causa por el Correo Argentino, que interesa a Mauricio Macri, y el caso del policía Luis Chocobar, cuya condena por matar a un ladrón fue anulada.

Los camaristas señalaron que los precedentes de la Corte, aún el caso Levinas, solo tienen carácter vinculante en la causa donde fueron dictados y que no los obligan.a bajo el Poder Judicial de la Nación, y sus decisiones no pueden ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Csiudad de Buenos Aires.

Los camaristas señalaron que los precedentes de la Corte, aún el caso Levinas, solo tienen carácter vinculante en la causa donde fueron dictados y que, por ende, no los obligan.

Reafirmaron que solo se pueden cambiar los procedimientos por una ley que es una atribución exclusiva del legislador. Asimismo, dijeron que los jueces nacionales son inamovibles y no pueden ser trasladados sin su consentimiento a otra jurisdicción, lo que incluye la imposibilidad de que sus sentencias sean revisadas por un tribunal local.

Los jueces nacionales sostuvieron la idea de que la ciudad de Buenos Aires no tiene el mismo estatus que una provincia y que su autonomía está limitada.

Y advirtieron que someter las decisiones de la Justicia Nacional al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires implicaría “un grave atentado a la independencia del Poder Judicial y a la organización constitucional y republicana”.

En tanto, la Cámara del Crimen emitió una acordada en la que criticó la decisión de la Corte Suprema de establecer al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como órgano de alzada de los tribunales nacionales.

“Importa una nueva configuración institucional que no consulta las vías recursivas expresamente previstas en la ley”, dijeron. Y expresaron que “las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley”.

Los jueces de la Cámara del Crimen elevan sus decisiones en apelación a la Cámara Nacional de Casación, con lo que no tienen un conflicto con sus causas, pero quisieron sentar su punto de vista en contra en lo decidido por la Corte Suprema de Justicia.

Mencionaron que “la justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia” y advirtieron que la decisión de la Corte podría “traer aparejado el planteo de la afectación al principio de legalidad por la existencia de un tribunal que no se encuentra previsto en la ley”.

Hablaron de que una instancia más de revisión puede generar demoras y mayores costos a los litigantes y hablaron de la “preocupación e incertidumbre” que el pronunciamiento ha provocado en magistrados, funcionarios y empleados.

Firmaron este pronunciamiento los camaristas Mariano Alberto Scotto, Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Marcelo Lucini, Ricardo Matías Pinto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López, Magdalena Laiño y Pablo Guillermo Lucero.

El antecedente de la Cámara Civil

Ayer, la Cámara de Apelaciones en lo Civil por unanimidad resolvió que no enviará al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad sus decisiones para que la justicia porteña las revise.

Los camaristas civiles dijeron que la Corte, con su decisión, desconoció la Constitución Nacional y decidió más allá de sus facultades constitucionales reemplazando al Congreso.

Mencionaron que en el caso Levinas la Corte incurrió en “errores -tanto procesales como argumentales- de tal magnitud, que impiden considerar que, en este caso concreto, pueda tener un efecto vinculante –aunque más no sea atenuado-”.

Los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires son Inés Weinberg, Santiago Otamendi, Alicia Ruiz, Luis Lozano y Marcela De Langhe

Toda la pelea de fondo es acerca de si los jueces nacionales pasarán sus causas para que sean revisadas por el tribunal que encabeza la justicia porteña, lo que implica reconocer el traspaso de sus competencias a la justicia de la Ciudad, una decisión que resisten y que surge de lo ordenado en la reforma constitucional de 1994, con la autonomía porteña.