Apalancado en la abrumadora mayoría conseguida en Diputados, el oficialismo aprieta el acelerador y buscará coronar en el Senado la sanción de la ley que suspenderá por este año las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), la iniciativa más deseada por la Casa Rosada del temario habilitado por Javier Milei para las sesiones extraordinarias.

En la Cámara baja será el turno del nuevo proyecto de ficha limpia, que busca impedir que condenados en segunda instancia puedan ser candidatos a cargos púbicos. Se trata del tercer intento de Pro y la UCR de discutirlo en el recinto: el año pasado, este cambio en las reglas electorales fue impulsado por gran parte de los dialoguistas y bloqueado por el oficialismo, que ausentó a varios de sus legisladores para bloquear el quorum. Tras las acusaciones de haber pactado con el kirchnerismo para -entre otras cosas- posibilitar una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, con una condena confirmada por la Cámara de Casación en la causa Vialidad, el Gobierno envió una propuesta propia que consiguió dictamen la semana pasada y será llevada al recinto este miércoles.

Suspensión de las PASO

El miércoles comenzará a ser discutida en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado la suspensión de las PASO. Limitado por los tiempos reglamentarios de la Cámara alta, la intención del oficialismo es emitir dictamen al término de la reunión, convocada para las 15, para así dejar la iniciativa en condiciones de ser discutida en el recinto la próxima siguiente.

A priori, el Gobierno tendría el apoyo necesario para emitir dictamen y convocar a sesión para el 20 de febrero, fecha acordada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hace ya tres semanas en la reunión que mantuvo con representantes de los bloques dialoguistas con la vicepresidenta Victoria Villarruel como anfitriona.

Tras el desbande registrado en la Cámara baja, en el que sus diputados votaron divididos en las tres opciones posibles (a favor, en contra y la abstención), la conducción del bloque de senadores de Unión por la Patria, alineada con Cristina Kirchner, analiza con detenimiento los pasos a seguir para reducir al mínimo posible el costo político.

Todo apunta a que la dispersión del PJ se replicará en la Cámara alta, por lo que la mesa que preside José Mayans (Formosa) y que integran Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Juliana Di Tullio (Buenos Aires) se volcaría a dejar en libertad de acción al bloque, que el mismo día que se discuta la suspensión de las PASO sumará un nuevo integrante y pasará a tener 34 miembros, ya que jurará Stefania Cora, la militante de La Cámpora que reemplazará al peronista Edgardo Kueider, expulsado en diciembre luego de haber sido detenido en Paraguay al tratar de ingresar con varios miles de dólares sin declarar ante las autoridades aduaneras.

Por lo pronto, se descuenta que varios senadores del interior apoyarán la suspensión de las PASO en sintonía con el voto de los diputados de sus mismas provincias. El respaldo de este sector será clave para el Gobierno, ya que no le alcanzaría con el respaldo de los bloques dialoguistas para alcanzar los 37 votos afirmativos, mitad más uno de los miembros de cada cámara, que exige la Constitución Nacional para aprobar una reforma electoral.

El kirchnerismo duro promete mantener su rechazo al proyecto, lo que dejaría al descubierto de manera efectiva cuántos senadores del bloque de Unión por la Patria responden a las directivas de Cristina Kirchner. Será un dato que mirarán con interés muchos dirigentes del peronismo que vienen manifestando, por lo bajo, su disidencia con la expresidenta y su conducción política.

En la sesión del 20 de febrero también se tratarían los proyectos de ley de reiterancia, que limita la posibilidad de obtener la libertad para quienes reincidan en el delito, y el que reglamenta el juicio en ausencia del acusado. Ambas iniciativas fueron aprobadas por Diputados en la misma sesión en la que le dieron luz verde a la suspensión de las PASO.

Ficha limpia

La sesión fue convocada por el oficialismo para el miércoles a las 10 y el inicio será determinante: la lupa estará puesta en quiénes habilitan el debate y quiénes no. Los libertarios serán sometidos a un riguroso escáner por la oposición dialoguista, que desconfía de las intenciones del Gobierno y sospecha de un montaje con el objetivo de desarticular las acusaciones de haber pactado con el kirchnerismo.

Lo dijo Juan Manuel López, quien dejó en claro sus dudas sobre la inusitada predisposición del oficialismo de discutir el proyecto. “Desconfío. Su fuerza política hizo fracasar una sesión para discutir ficha limpia”, disparó el diputado de la Coalición Cívica. Cuestionó la falta de certezas sobre la votación en el recinto y deslizó que podría convertirse en moneda de cambio en el Senado. “Me da la sensación de que es una herramienta para negociar con el PJ, después de lo que pasó el año pasado. No creo que el proyecto salga”, advirtió.

Los dialoguistas sospechan que en este acuerdo no sólo hay intereses electorales. El Senado es un territorio dominado por Cristina Kirchner, donde todavía están pendientes los pliegos de los candidatos del Gobierno para integrar la Corte Suprema: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. En ese tema, el kirchnerismo tiene la última palabra: sus 34 alfiles serán determinantes para reunir los dos tercios que se necesitan para que la Cámara alta les dé el visto bueno

La nueva redacción del proyecto de ficha limpia impulsada por la Casa Rosada apunta a bloquear las candidaturas de quienes tengan condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre previo a una elección. La norma alcanzaría, entre otros, a Cristina Kirchner, cuyo fallo adverso en la causa Vialidad quedó firme en noviembre pasado.

El texto especifica que si la condena se confirma después del 1° de enero del año electoral, la inhabilitación regirá una vez concluido el proceso. Además, la Cámara Nacional Electoral deberá llevar un registro público con los nombres y sentencias de los afectados.

Las restricciones no se limitan a las elecciones: quienes tengan condena firme en segunda instancia tampoco podrán ocupar cargos clave en el Gobierno, desde el jefe de Gabinete hasta directores de empresas estatales.

Mientras que el proyecto es apoyado por Pro, la UCR, los radicales de Democracia, la Coalición Cívica y otros bloques provinciales, se descuenta que Unión por la Patria no se sentará en sus bancas porque considera que la iniciativa es “proscriptiva”. Tampoco lo harán los legisladores de Izquierda.

La propuesta podría naufragar en el Senado, donde los números para convertirlo en ley, en caso de que sea aprobado por la Cámara baja, están muy ajustados.