Javier Milei llamó el viernes pasado al abogado Alejandro Fargosi para encomendarle una tarea: redactar un nuevo proyecto de “ficha limpia”. Es decir, una iniciativa para impedir que condenados por corrupción sean candidatos a cargos públicos. Este pedido se concretó un día después de que el Presidente y sus legisladores recibieran un aluvión de críticas en las redes sociales tras vaciar la sesión de Diputados en la que estaba previsto que se discuta esta misma propuesta impulsada por Pro. Al oficialismo se lo acusó de obrar en favor de Cristina Kirchner, así como de especular con una futura polarización electoral con la expresidenta.
Fargosi, de alto perfil en X, trabajó en la campaña presidencial de Patricia Bullrich y hoy se dedica a tiempo completo a su actividad como abogado en el mundo privado. Según precisó a LA NACION, impulsa la “ficha limpia” desde hace seis años y apoyó el proyecto que trabajó la diputada macrista Silvia Lospennato.
Desde el viernes, el abogado bosqueja un texto alternativo. El Presidente no le dio lineamientos, solo le transmitió su preocupación de que no sea “desvirtuado por la política”. “Que no se convierta en una herramienta de los malos para sacar a los buenos”, resumió.
Gracias Gastón.
Esos no hicieron nada antes y quieren que no hagamos nada ahora.
Balconean para criticar a @JMilei
Yo no: hace seis años que -siguiéndote- lucho por Ficha Limpia y sé que el Presidente la apoya.
Convocado por él, haré más esfuerzos y lo lograremos.
Fuerza!!! https://t.co/RMC7BMHa8F
— Alejandro Fargosi (@fargosi) December 2, 2024
En líneas generales, Fargosi explicó a este medio que su idea es mantener la regla de “segundo conforme” -dos instancias condenatorias para inhabilitar a un candidato-, permitir una apelación rápida al tribunal superior para casos cuestionados, y establecer plazos procesales más estrictos y realistas. Por ejemplo, 10 días corridos para ciertas resoluciones.
Su propuesta podría permitir que personas en situaciones como la de la exvicepresidenta, a quien la Cámara de Casación le confirmó la condena en la causa Vialidad, recurran rápidamente a la Corte Suprema para defender su candidatura.
Si bien Fargosi subrayó que anhela que el proyecto sea incluido en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, reconoció que por ahora está en proceso de “brainstorming”. Señaló que pretende concluir la redacción del texto “en cuestión de días”.
– ¿Cuándo lo llamó el Presidente para empezar a redactar el nuevo proyecto de “ficha limpia”?
– El presidente me llamó el viernes. Supongo que por trabajar junto a Gastón Marra, que promueve la ficha limpia desde el año 2018 y logró reunir casi 500.000 firmas. Después entregamos ese proyecto, lo que motivó que hubiera otros proyectos como el de Lospennato, que desgraciadamente no pudo ser aprobado por falta de quorum.
– ¿Qué le dijo el Presidente?
– Me dijo que estaba muy interesado en avanzar con el proyecto de “ficha limpia” y que solamente tenía como preocupación que no fuese desvirtuada por la política. Sobre todo en jurisdicciones provinciales, que inciden en lo nacional, no se produzcan inventos de causas penales y que en lugar de sacar a los malos se termine impidiendo que lleguen los buenos.
– ¿Usted participó de la confección del proyecto que finalmente se terminó cayendo, el que impulsa Silvia Lospennato en la Cámara de Diputados?
– Sí, efectivamente.
– ¿El Presidente le dio alguna explicación respecto de qué había pasado y por qué ocho diputados de su espacio se negaron a dar quórum?
– No, no me la dio ni yo se la pedí. Primero que no soy quién para pedirle explicaciones al Presidente. Segundo, cuando me pide que colabore para hacer algo que vengo pidiendo que se haga, no se me ocurriría decirle que no. Le dije que sí y pretendo sacarlo lo más rápido posible.
– ¿Qué sería lo más rápido posible? ¿Hay un plazo establecido para tener el proyecto?
– No, no hay ningún plazo, pero yo soy un abogado que trabaja en el sector privado y para mí esto es un tema de días. Ni siquiera semanas. Ahora, se podrá imaginar que no soy el único y espero no ser el único por el simple motivo de que mi cerebro no tiene el poder para pensar todas las cosas. Siempre hay alguien que es más inteligente que uno, que ve algo que uno no. Confío en que el resto de los que integren esta mini comisión se sumen rápido y podamos trabajar.
– ¿Podría ingresar en el temario si el Gobierno convoca a sesiones extraordinarias?
– Sería fantástico si pudiese entrar en extraordinarias para que sea aprobado lo antes posible. Es muy importante para nosotros. Es decir, para todo el grupo de gente que estuvo y está atrás de “ficha limpia”. La idea es hacer todo lo que está en nuestras manos para que avance.
– ¿Para que esté vigente en los próximos comicios?
– Mi idea, absolutamente sí. No quiero vivir, ni quiero que mis hijos y mis nietos vivan en un país donde son elegidos delincuentes. Y desgraciadamente, los partidos políticos han cometido errores imperdonables. El peronismo sistemáticamente bloquea las iniciativas de “ficha limpia”. Y el Poder Judicial no ha hecho todo lo que podría haber hecho. Y ahí quizá radica parte de la solución: ver de qué forma, retocando temas procesales y de derecho electoral, se soluciona. El artículo que escribió la diputada de Lospennato está bien, pero hay que complementar eso para que la Justicia actúe muy rápido y se cubra el riesgo del mal uso de “ficha limpia”.
– ¿Cuál es la idea del Gobierno, concretamente? ¿Qué quiere cambiar del proyecto de Lospennato?
– No, discúlpeme. Estoy hablando yo. Es muy importante esto, porque no puedo hablar por el Gobierno.
– ¿El Presidente o algún referente del Gobierno no le dio ningún lineamiento sobre el proyecto?
– No, no me lo dieron.
-Sin embargo, Javier Milei quiere algo distinto de lo que impulsó Lospennato.
– Desde mi punto de vista, hay que incorporar al proyecto de Lospennato uno o dos artículos más en los que se prevea la apelación del condenado al máximo tribunal de la causa. Puede ser la Corte Suprema Provincial, puede ser la Cámara de Casación Penal, depende de cada jurisdicción. También la Corte Suprema. Esa máxima autoridad podrá analizar la causa y si considera que hay indicios de algún tipo de irregularidad o algo que permita suponer que ha sido una causa errada, puede dictar una medida cancelatoria para suspender el impedimento de candidatearse para esa persona hasta que se dicte la sentencia definitiva. De esta manera, la persona puede presentarse a elecciones y si se revoca la sentencia, bueno, irá todo bien. Y si no se revoca la sentencia y termina condenado con sentencia firme, tendrá que ser removido del cargo, de haber sido electo.
-¿Sería una forma de hacer una doble revisión de la condena confirmada?
– El objetivo sería no solamente que la Justicia pueda corregir un tribunal distinto, que puede ser el supremo o el máximo tribunal de la causa, sino incluso la Cámara Nacional Electoral. Esa es otra posibilidad.
– ¿Cómo funcionará en un caso concreto?
– El señor Pérez es condenado en la primera instancia local de una provincia. Después es condenado en la segunda instancia de esa provincia. Ese señor irá a la Corte provincial y, si fracasa y quiere presentarse como candidato, terminará en la Corte Suprema Nacional. Pero como esto tardará años, se puede permitir al superior tribunal de la causa o a la Justicia Electoral que lo analice y, si cree que hay irregularidades, otorgue esta especie de cautelar. En paralelo, hay que acortar ciertos plazos procesales porque pueden durar días, en todo caso semanas, pero no años.
– Para simplificar, ¿a partir de qué instancia judicial se le impediría a una persona ser candidato?
– Segundo conforme, igual que el proyecto de Lospennato.
– ¿Cuál sería el cambio, entonces?
– La única diferencia es prever que el condenado puede pedir que se le suspenda la imposibilidad de ser candidato al máximo tribunal de la causa, que tendrá que llegar a una conclusión lo más rápidamente posible. Porque si no, se puede producir algo que sería irremediable: lo condenan, no puede ser elegido, pero dentro de tres años se descubre que es inocente y ya no puede volver el tiempo atrás. Sería una suerte de “cláusula de seguridad”.
– ¿Fijarán un plazo para que el máximo tribunal de la causa resuelva este recurso de apelación?
– Eso es lo que yo voy a proponer. Hay muchos abogados y teóricos que consideran que eso no se puede hacer, pero yo creo que sí.
– ¿Si se aprueba su proyecto, Cristina Kirchner podrá ser candidata el año que viene?
– Su caso es muy fácil. Tiene sentencia de primera instancia y sentencia de Casación. Si lo recurre ante la Corte, la que tiene que tomar la decisión es la Corte Suprema de Justicia y lo tiene que tomar rápido. No es comprensible que la Corte diga que este es un asunto como cualquier otro. Este es un asunto de gravedad institucional.
– ¿Qué medida prevé el proyecto en caso de que la Corte no cumpla con el plazo establecido?
– La responsabilidad frente a la ciudadanía la tendrá que asumir la Corte. A los jueces se les reconocen una cantidad de derechos y privilegios exorbitantes para que cumplan su trabajo en tiempo y forma.
– ¿El proyecto podría prever algún tipo de sanción si la Justicia no cumple los plazos?
– Eso es un poco atrevido. La sanción sería por el incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero la verdad no lo tengo pensado. Esta es una ley electoral que tiene que ser realista, tiene que ser cumplible. Entonces yo no sé si meter acá una sanción para un sistema judicial. Creo que basta con establecer la obligación.
– Hay una lectura que plantea que no se puede aplicar una ley posterior a un caso anterior. ¿Está de acuerdo?
– Esa lectura solamente existe en el derecho penal, y este es un caso de derecho electoral. Es decir que si esta ley sale en extraordinarias, Cristina Kirchner no podrá ser candidata el año que viene salvo que recurra a la Corte, y ésta falle a su favor en un plazo razonable.
– ¿En qué estado está el proyecto?
– Todavía no se ha armado el grupo de trabajo. Por ahora estoy haciendo lo que se llama técnicamente el brainstorming. Lo que pasa es que lo estoy haciendo solo. No hay un texto, solamente hay ideas que se están barajando. Además del texto base, que para mí es el texto Lospennato.
– ¿Habló con Lospennato?
– Tendría que hablar ahora. Quedamos en hablar esta tarde.
– ¿Por qué cree que el Presidente lo llamó a usted y no a alguien de su equipo, alguno de los funcionarios que actualmente están trabajando en el gabinete?
– Primero porque nos conocemos desde hace años y confiará en mi criterio, sobre todo en mi equidistancia porque yo no tengo ningún interés personal ni económico ni nada. Y segundo, porque por ahí hay otros funcionarios. O sea, yo sé que me llamó a mí, pero no sé si hay otras personas a las que llamó.
– ¿Habló con alguna otra persona del Gobierno más allá del Presidente?
– No. Pasaron solo 30 horas hábiles.
– Usted en la campaña trabajó para Patricia Bullrich, ¿sigue vinculado con la ministra de Seguridad?
Sí, pero en esto no tiene nada que ver. Terminó la campaña, yo me fui a mi casa, ellos fueron al Congreso y al Gobierno. Yo soy un abogado común.
– Usted decía que el objetivo es que esta ley no se convierta en una herramienta para que los malos impidan que los buenos sean candidatos. En ese caso, ¿no tendrían que intervenir el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento?
– Sí, tiene razón, pero estamos hablando de un sistema judicial que funciona mal, o que directamente no funciona. En los 25 años de funcionamiento del Consejo de la Magistratura siguió funcionando mal. Mi intención es redactar algo muy fácil, muy cortito, muy concreto y muy realista que ponga obligaciones muy específicas, para ver si mejora un poco. Le pongo un ejemplo concreto. ¿30 días para emitir sentencia? No, señor, 10 días. ¿Días corridos o días hábiles? Días corridos. Por supuesto que va a generar protestas, por supuesto que va a generar insultos. Porque, claro, está rompiendo el statu quo.
– ¿Se evaluó la posibilidad de incorporar otros tipos penales, además de los de corrupción?
– Es una posibilidad. Yo al principio, hace 6 años, tenía la tesis de que esto tenía que abarcar todos los delitos. ¿Por qué? Porque se supone que una persona que cometió un delito no debe ser legislador. Ahora, ¿cuál es el problema con muchos de esos delitos? Que son muy fácilmente “truchables” para evitar una candidatura.
