Con un importante despliegue de la Policía de la Ciudad, cinco ciudadanos extranjeros fueron expulsados hoy del país desde el Aeroparque Jorge Newbery rumbo a Santiago de Chile, tras haber sido condenados por los delitos de robo y encubrimiento agravado.
Todo el operativo de expulsión fue difundido por el Gobierno de la Ciudad. En la secuencia, se observa a los asaltantes esposados junto con la custodia policial, siendo trasladados desde su lugar de detención hacia el aeropuerto. Paso por paso, se lo ve subir al móvil, bajar en la entrada a Aeroparque y circular por los distintos hasta el pasillo final de embarque.
Los cinco asaltantes, de nacionalidad chilena, habían sido aprehendidos el pasado 9 de mayo por personal de la Comisaría Vecinal 3C en el barrio de Balvanera. Circulaban en un vehículo Volkswagen Vento, que tenía un pedido de captura por hurto agravado, a raíz de una denuncia radicada el 12 de abril por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 56, que encabeza el fiscal Edgardo José Mariano Orfila.
Aquel operativo de captura se llevó a cabo en Hipólito Yrigoyen y Jujuy, donde fueron identificados. Finalmente, los detuvieron en Perón al 2400.
Desde entonces, el grupo de chilenos quedó en una situación judicial comprometida. Tras permanecer detenidos en prisión preventiva, el Tribunal Oral Criminal 5 de la Nación y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) colaboraron para concretar la expulsión del país.
La decisión de deportar a los extranjeros se produjo en el marco del convenio firmado entre el Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Seguridad porteño, y Migraciones, con el objetivo de agilizar las expulsiones de extranjeros que delinquen en el ámbito de la Capital Federal.
“Nuestra posición es clara: a los extranjeros que delinquen los expulsamos del país. Todos los que quieran venir a trabajar son bienvenidos, pero no toleramos que vengan a delinquir. Y los expulsamos mediante un trámite rápido. En la Ciudad trabajamos para que los vecinos vivan seguros”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, desde su cuenta personal de X.
El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, fundamentó este tipo de medidas al explicar que “uno de cada cinco detenidos de la Ciudad son extranjeros”. “Gracias al trabajo conjunto con la Justicia y Migraciones, este año ya expulsamos a 14 delincuentes que devolvimos a su país y tienen prohibido volver a ingresar de por vida”, señaló. A continuación, agregó: “Hoy estamos expulsando a 5 delincuentes más. No nos vamos a cansar de repetirlo: venir a visitar la Ciudad, sí. Venir a trabajar o estudiar a la Ciudad, sí. Venir a delinquir, no”.
Esta semana, otro grupo de asaltantes, de nacionalidad chilena, fue detenido por la Policía porteña cuando intentaban cometer un robo en un edificio, en el barrio de San Nicolás. La banda de sospechosos estaba integrada por un adulto, de 24 años, y cuatro adolescentes de 17, 16, 15 y 13 años.
El grupo fue sorprendido este martes por la noche. Quisieron irrumpir en un departamento ubicado en la calle Juan Domingo Perón al 1400. Efectivos de la Comisaría Vecinal 1B acudieron al lugar tras recibir la denuncia de un residente, que se encontró con los sospechosos pretendiendo entrar a su vivienda.
En este caso, las autoridades de la Ciudad también iniciaron el proceso para solicitar la extradición del país de los cinco apresados.
Más de 4 mil delitos fueron cometidos por extranjeros en la Ciudad de Buenos Aires, según las cifras que maneja el gobierno porteño.
En los últimos años, la política migratoria tuvo varios golpes de timón. Durante la gestión de Mauricio Macri, el expresidente dictó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2017, que modificaba la Ley 25.871 de Migraciones. La reforma habilitaba un procedimiento de detención y deportación exprés de las personas migrantes sometidas a cualquier tipo de proceso judicial de carácter penal, estén condenadas o no.
Sin embargo, en 2018, el decreto fue declarado inconstitucional e inválido por la Justicia, ante una impugnación que hicieron organismos de derechos humanos y entidades como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Colectivo por la Diversidad (COPADI), y la Defensoría del Pueblo.
Con ese antecedente judicial, en 2021, el gobierno de Alberto Fernández terminó por derogarlo el DNU 70/2017 de manera definitiva. La supresión tenía como argumento que el DNU de Macri había modificado “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”. Se mencionaba la “violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal”, entre otros aspectos.
A comienzos de este año, Jorge Macri, con una política de seguridad y de control del espacio público más severa, volvió a pedir la restitución de la antigua normativa sancionada durante el mandato de Cambiemos.
